El Acuerdo de Escazú es un pacto regional de América Latina y el Caribe que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. Este Acuerdo tiene implicaciones importantes para Suramérica, ya que muchos países de la región enfrentan desafíos ambientales y sociales que afectan la calidad de vida de sus poblaciones.

Fue firmado por 24 países de América Latina y el Caribe el 27 de septiembre de 2018 en la ciudad de Escazú, Costa Rica, durante la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas y ha entrado en vigor el 22 de abril de 2021, después de que 11 países lo ratificaran, participaran en las negociaciones y acordaran sus términos. Vale destacar que el Acuerdo de Escazú sigue abierto a la firma y ratificación de otros países de la región que no participaron en las negociaciones iniciales.

Este Acuerdo busca mejorar la transparencia y la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, lo que puede ayudar a prevenir conflictos y promover un desarrollo sostenible. También establece medidas para proteger a los defensores ambientales, quienes a menudo enfrentan amenazas y ataques por parte de empresas y gobiernos que buscan explotar recursos naturales. Si el Acuerdo de Escazú tuviera sabor, sabría a Latinoamérica.

El Acuerdo de Escazú y la Agenda 2030 tienen varios puntos de encuentro que demuestran que la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente son temas transversales en el desarrollo humano:

• Comparten la idea de que la participación ciudadana es fundamental para lograr un desarrollo sostenible y justo.
• Buscan proteger los derechos de las personas, especialmente de aquellos grupos más vulnerables, como los pueblos indígenas y las comunidades locales.
• Dan importancia a la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos naturales y en la toma de decisiones ambientales.
• Buscan fomentar una cultura de responsabilidad y compromiso en la sociedad para lograr un futuro más sostenible.

En resumen, tanto el Acuerdo de Escazú como la Agenda 2030 buscan abordar los desafíos ambientales y sociales de manera integral, reconociendo que el cuidado del medio ambiente es fundamental para el bienestar humano.

Las ONG pueden desempeñar un papel fundamental en la implementación y promoción del Acuerdo de Escazú. Algunas formas en que estas organizaciones pueden apoyar el Acuerdo incluyen:

• Monitoreo y seguimiento de la implementación en sus países, asegurándose de que se estén cumpliendo los compromisos adquiridos. También pueden hacer seguimiento de los avances y desafíos en otros países de la región.
• Sensibilización y educación sobre los derechos ambientales, destacando la importancia del Acuerdo a través de campañas dirigidas a la sociedad civil, los medios de comunicación y los tomadores de decisiones.
• Participación y consulta para promover la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales y asegurar que las comunidades locales sean consultadas en los procesos de toma de decisiones relacionados con el medio ambiente.
• Protección de defensores ambientales que luchan por el resguardo del medio ambiente y los derechos humanos. Esto puede incluir la provisión de asistencia legal y apoyo a las comunidades locales.
• Cooperación y colaboración para intercambiar información, compartir buenas prácticas y coordinar acciones en apoyo. La cooperación y colaboración entre organizaciones es fundamental para lograr un impacto significativo en la implementación de este Acuerdo.

¿Deseas leer más sobre este tema? Te invitamos a revisar el artículo “El Acuerdo de Escazú: una necesidad inveterada”

(*) Ingeniero Agrónomo, Especialista en Planificación de Recursos Naturales, Magister en Manejo de Recursos Naturales, Doctor en Educación Ambiental. Docente universitario e investigador. Colaborador de Vitalis España. Correo electrónico: aveiga@vitalis.net

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, firmado el 4 de marzo de 2018, en Costa Rica, conocido como el “Acuerdo de Escazú”, es el primer instrumento en contener disposiciones específicas sobre defensores ambientales, protección de los bienes naturales tutelados y la participación ciudadana en asuntos públicos, todos relacionados al ambiente con un enfoque en derechos humanos.

Basado en los principios de igualdad, no discriminación, progresividad, prevención, precaución, equidad intergeneracional, máxima publicidad, soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales, así como en el de in dubio pro persona (que favorezca a los individuos) e in dubio pro natura (que favorezca a la naturaleza), este Acuerdo busca garantizar el derecho a vivir en un ambiente sano como derecho humano fundamental, representando un avance pragmático de derechos de exigibilidad ambiental.

Entre sus objetivos principales destacan el deber del Estado, generalmente con los ciudadanos, de promover los derechos de acceso a la información y divulgación ambiental, a través de la prensa escrita, radio, televisión y redes sociales, así como  el desarrollo formativo en todos los niveles de educación a través de programas que contengan las disposiciones establecidas en los instrumentos, tanto nacionales como internacionales, relacionados con el ambiente.

Igualmente destaca la participación ciudadana, plural y protagónica, en asuntos públicos, como factor inclusivo en el marco de las decisiones y autorizaciones ambientales, cuando las mismas representen un impacto significativo tanto en la naturaleza de los ecosistemas como en la salud de las personas, que puedan ocasionar riesgos a las generaciones actuales o futuras.

Este Acuerdo resalta la necesidad de contar con el acceso a la justicia en asuntos ambientales por parte de los ciudadanos, de manera que el Estado permita y desarrolle, en su entramado jurídico, las debidas garantías constitucionales, para que puedan ejercerse sus derechos e intereses, tanto difusos como colectivos, cuando estos hayan sido vulnerados.  Por otra parte, incorpora estándares para la solución de conflictos socio-ambientales que ocasionen daños irreparables en comunidades locales o entornos naturales, para que se lleven a cabo de manera oportuna, eficaz e inmediata  a fin de evitarlos o remediarlos.

Destaca, de manera imperativa, la protección del defensor ambiental y el deber del Estado de brindar seguridad a quienes ejerzan esta actividad, para  actuar libres de amenazas.  Igualmente recalca la responsabilidad de las autoridades nacionales en la prevención, investigación y sanciones a los ataques en el desarrollo de las funciones propias de estos grupos de personas, resultando altamente innovador en materia de resguardo personal.

Su propósito fundamental es alcanzar el derecho a disfrutar de un ambiente sano en relación directa con los derechos humanos, propiciando espacios donde los bienes naturales así como el desarrollo económico cumplan con estándares de calidad ambiental, sin perjudicar los espacios naturales ni las comunidades locales.

La importancia del Acuerdo de Escazú radica, entonces, en que es un compendio pionero en materia de amparo ambiental de las necesidades y costumbres inveteradas, antiguas, que supone siempre un hábito arraigado de justicia e igualdad, cuando de derechos humanos se trata. Este Acuerdo responde a grandes peticiones y luchas en la defensa de los espacios ambientales y en la protección de la vida misma, que en esencia es un derecho impostergable.

Esperamos confiados que, en un futuro cercano, países como Venezuela, firmen y ratifiquen tan importante instrumento ambiental, y haciendo gala de un buen derecho y de la obligación que tiene como Estado de respetar los derechos humanos, atendiendo en el caso particular, a la protección ambiental.

Lee más sobre este tema en el artículo “¡Buenas noticias! Acuerdo de Escazú entrará pronto en vigor” escrito por el Presidente de Vitalis, Dr. Diego Díaz Martín.

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(*) Abogada especialista en Derecho Ambiental y Derechos Humanos. Colaboradora de Vitalis en temas de Derecho Ambiental @MaritzaDaSilva

Por Diego Díaz Martín, PhD. (*) @DDiazMartin

El pasado 5 de noviembre, el Senado de México ratificó el Acuerdo de Escazú, decisión que sumada al refrendo de la Cámara de Diputados Argentina del pasado mes de septiembre, permite lograr los 11 países requeridos para su entrada en vigor. Este tratado, garantiza los derechos de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales, además ser el primer acuerdo regional que reconoce y garantiza la protección de personas defensoras del ambiente, un tema de especial importancia para América Latina.

Entre otros instrumentos normativos, el Acuerdo de Escazú reafirma la importancia de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los principios de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972 y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992. De igual forma, reconoce la importancia de los ciudadanos y de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales para el fortalecimiento de la democracia, los derechos de acceso y el desarrollo sostenible.

Además de garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información y participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, el Acuerdo de Escazú propiciará la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación dentro de la región, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, y de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

A pesar de la importancia de este Tratado, Chile, uno de sus impulsores, no lo firmó. Tampoco lo hicieron El Salvador y Venezuela, quienes subestimaron su importancia.

Por su parte, Costa Rica, otro de los países promotores, y sede del Acuerdo, diluyó su entusiasmo y hasta la fecha no lo ha ratificado. Mientras tanto Perú, uno de sus firmantes, decidió “por ahora” no ratificarlo.

Pese a las contradicciones de los mismos gobiermos de la región, y la compleja problemática ambiental existente, la sensatez privó. Por ello el Acuerdo de Escazú entrará en vigor tan pronto sean consignadas las ratificaciones en las Naciones Unidas, lo que permitirá avanzar hacia una mayor protección del medio ambiente y de sus defensores, fortaleciendo el Derecho al Ambiente, como lo hizo el Convenio de Aarhus firmado en Dinamarca en 1998 para Europa.

El Acuerdo de Escazú marca un acontecimiento significativo en la defensa y conservación de nuestros recursos naturales y del desarrollo sostenible en la región que debemos conocer, divulgar y hacer cumplir.

(*) Biólogo, Maestro en Gerencia Ambiental y Doctor en Proyectos de Ingeniería orientados al Desarrollo Sustentable. Director General de Vitalis para Iberoamérica, Estados Unidos y Canadá. https://www.linkedin.com/in/ddiazmartin/