Con la COP30 concluida en la Amazonía, cuyo foco previo estaba en el trayecto de la COP21 a la COP29, se hace necesario plantearse una nueva pregunta: ¿el Acuerdo de París se refuerza o se debilita?

La respuesta es matizada. Belém deja avances en financiación para la adaptación, en la conservación de bosques y la visibilidad de los pueblos indígenas, así como un énfasis renovado en la transición justa. Pero también evidencia la distancia entre lo que la ciencia exige y lo que la política se atreve a acordar.

1. Nueva arquitectura financiera

La COP30 trató de reordenar el mapa del dinero climático. Los países acordaron triplicar la financiación para la adaptación, pero los informes de Naciones Unidas estiman que los países en desarrollo requerirán más del doble de esa cifra. El esfuerzo comprometido sigue por debajo de la mitad de lo necesario para proteger a las poblaciones vulnerables.

En pérdidas y daños se revisó el Mecanismo Internacional de Varsovia y se reforzó el vínculo con la Red de Santiago y el Fondo de Pérdidas y Daños. La arquitectura para conocer, asistir y financiar está más clara, aunque los montos continúan siendo modestos frente a los impactos que ya se registran.

2. Amazonía, bosques y pueblos indígenas

Brasil logró que la COP30 girara en torno a los bosques tropicales. En Belém se lanzó el Tropical Forests Forever Facility (TFFF), mecanismo destinado a ofrecer financiación a países que conserven sus bosques. Aspira a funcionar como un gran fondo climático, destinando una parte relevante de sus desembolsos a territorios indígenas y comunidades locales.

La conservación de bosques empieza a tratarse como un servicio global sujeto a pagos estables. La cumbre dio mayor visibilidad a pueblos indígenas y comunidades tradicionales, reforzando la idea de que la demarcación de territorios y el reconocimiento de derechos constituyen políticas climáticas tan relevantes como las inversiones en energías renovables.

3. Giro social del clima y grandes ausencias

La COP30 también impulsó un Mecanismo de Transición Justa orientado a que la transformación de los modelos energéticos y productivos garantice empleo decente, protección de comunidades dependientes de actividades intensivas en carbono, igualdad de género y derechos de pueblos indígenas. Paralelamente se avanzó en el Objetivo Global de Adaptación con indicadores voluntarios para medir resiliencia y reducción de vulnerabilidades.

Las grandes ausencias se ubican en la mitigación. El texto final no incorpora una hoja de ruta vinculante para abandonar los combustibles fósiles ni un plan firme para la deforestación cero en 2030. El Acuerdo de París permanece como referencia central, pero cada vez más como mínimo denominador político, mientras la ambición se desplaza hacia tribunales, bancos de desarrollo, empresas y coaliciones dispuestas a ir más lejos.

Belém no cierra el ciclo abierto en 2015, pero lo redefine: el éxito del Acuerdo de Paris dependerá de que estos marcos se traduzcan en cambios concretos en territorios, presupuestos y estilos de vida.

Relacionado con este tema puede interesarle revisar también el artículo “A una década del Acuerdo de París: Avances, retrocesos y lo que viene en la Cop30“

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(*) Doctor en Educación Ambiental, consultor en sostenibilidad y calidad educativa, especialista en rankings universitarios y análisis de datos. Colaborador de Vitalis. www.linkedin.com/in/drantonioveiga

El Acuerdo de París cumple una década en un momento clave para la humanidad. A pesar de los compromisos asumidos, el planeta continúa alejándose de la meta de limitar el calentamiento global a 1,5 °C. Las recientes COP28 y COP29 reflejan avances importantes, pero también una brecha preocupante entre los anuncios y las acciones concretas.

La COP28, celebrada en Dubái (del 30 de noviembre al 13 de diciembre de 2023), fue la primera en aplicar el mecanismo del Balance Mundial, un diagnóstico colectivo sobre el cumplimiento del Acuerdo. El resultado fue claro: los esfuerzos actuales son insuficientes. Aunque se logró un histórico reconocimiento sobre la necesidad de abandonar los combustibles fósiles, la falta de plazos vinculantes debilitó su impacto. No obstante, se alcanzó un acuerdo para triplicar la capacidad instalada de generación de energías renovables y duplicar la mejora en eficiencia energética para el año 2030, compromisos que podrían marcar un punto de inflexión si se implementan con coherencia y financiamiento adecuado.

La COP29, realizada en Bakú, Azerbaiyán (del 11 al 22 de noviembre de 2024), centró su agenda en la financiación climática. Se acordó movilizar 300.000 millones de dólares hacia los países en desarrollo, cifra que, si bien relevante, fue considerada insuficiente por muchas naciones de ingresos bajos y medios, especialmente aquellas ubicadas en África, América Latina, Asia y otras regiones del llamado Sur Global. La falta de consenso en la distribución equitativa de esos fondos generó tensiones, y las demandas de justicia climática siguen sin ser atendidas plenamente.

En este contexto, resurge un elemento de alta preocupación: la inestabilidad política de Estados Unidos frente al Acuerdo. En enero de 2025, una nueva orden ejecutiva de la administración Trump inició el proceso de retirada de EE. UU., como ya ocurrió en su anterior mandato. Esta decisión debilita los compromisos multilaterales y pone en riesgo el financiamiento climático global, dado el peso económico y político del país.

Mientras tanto, algunas regiones muestran señales alentadoras. La Unión Europea avanza en su transición energética con regulaciones ambiciosas. España, Francia y Alemania fortalecen sus hojas de ruta climáticas. En América Latina, países como Chile, Colombia y Costa Rica consolidan políticas de sostenibilidad, pese a las limitaciones estructurales y presiones internas.

Con la mirada puesta en la COP30, que se celebrará en Belém, Brasil, en noviembre de 2025, el mundo espera un momento definitorio. La cumbre, en el corazón de la Amazonía, representa más que un evento simbólico. Se espera que los países presenten nuevas Contribuciones Nacionales más ambiciosas, basadas en ciencia, justicia climática y participación social. Además, se anticipa un papel más activo de los países amazónicos en la defensa de sus territorios y en el liderazgo ambiental global.

El planeta no necesita más promesas, sino acciones coordinadas, equitativas y sostenidas. La COP30 puede ser la oportunidad de reconstruir la confianza en el Acuerdo de París, pero ello dependerá de decisiones valientes y solidarias. El tiempo apremia y la ciudadanía mundial lo sabe.

Para una mirada retrospectiva de este tema te invitamos a leer el artículo “¿Qué se puede esperar de la Cop26 sobre Cambio Climático?” y si quieres revisar la relación de este tema con la movilidad no te pierdas el artículo “Globalización, movilidad y cambio climático: Acuerdo de París, la ruta“

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(*) Doctor en Educación Ambiental, consultor en sostenibilidad y calidad educativa, especialista en rankings universitarios y análisis de datos. Colaborador de Vitalis. www.linkedin.com/in/drantonioveiga

El transporte aéreo es un componente vital de la economía global. Gracias a él se facilita el comercio, el turismo y la conexión entre personas, países y culturas. La otra cara de este sector, es su significativo impacto negativo sobre el ambiente.

Este medio de transporte contribuye entre un 2 y 3% de las emisiones globales de dióxido de carbono (CO₂). Además del CO2, los aviones emiten otros contaminantes como óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas de sulfato, que contribuyen al calentamiento global al formar estelas y nubes cirros artificiales. De no implantarse medidas adecuadas y efectivas, el incremento tendencial de la movilización aérea a nivel global se traducirá, para el 2050, en la duplicación o incluso triplicación de las emisiones que actualmente se generan.

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ha desarrollado el esquema de Reducción y Compensación de Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA), que busca abordar los problemas generados por las emisiones del sector a partir de 2021. CORSIA tiene como objetivo estabilizar las emisiones de CO₂ de la aviación internacional a los niveles de 2020 mediante el desarrollo de un Plan que contempla fases hasta el 2035, que, entre otras acciones, considera estabilizar y compensar las emisiones generadas.

Por otra parte, los desafíos asociados a conseguir la neutralidad climática del sector de la aviación internacional, se soportan en estrategias alineadas con los objetivos del Acuerdo de París, entre las que resaltan:

• El desarrollo de combustibles sostenibles de aviación, que reduzcan significativamente las emisiones de carbono. El respaldo al desarrollo de biocombustibles y combustibles sintéticos, producidos a partir de residuos y biomasa, son una alternativa prometedora. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) ha establecido el objetivo de que el 2% de todo el combustible utilizado en aviación provenga de fuentes sostenibles para 2025.
• La mejora en la eficiencia en el consumo de combustible de las aeronaves, para ello la industria aeronáutica ha invertido esfuerzos en el diseño y tipo de materiales para reducir los consumos de combustible y así reducir las emisiones de CO₂ por vuelo.
• La optimización de las operaciones de vuelo, mediante la gestión eficiente del tráfico aéreo, estableciendo rutas de vuelo más directas y la mejora en los procedimientos de aterrizaje y despegue que reduzcan el consumo de combustible.
• La innovación tecnológica, focalizada en el desarrollo de prototipos de aviones eléctricos e híbridos a largo plazo que podría revolucionar la industria.
• La compensación de carbono, una acción en el corto plazo asumida por las aerolíneas que invierten en programas de compensación de carbono, financiando proyectos de reforestación, de apoyo al desarrollo de energías renovables y conservación de espacios naturales para equilibrar las emisiones generadas por sus operaciones.

¿Será posible la sostenibilidad y la transformación del sector? Ante esta interrogante, diversas iniciativas alrededor del mundo están demostrando que es posible avanzar con ese rumbo:

• Proyectos de compensación de carbono de Lufthansa, quien,en 2023, fortaleció su compromiso de reducir y compensar las emisiones de carbono a través de su iniciativa de tarifas verdes, permitiendo a los pasajeros reducir las emisiones de CO₂ en un 20% mediante el uso de combustibles de aviación sostenibles (SAF) y compensar el 80% restante a través de contribuciones a proyectos de protección climática de alta calidad. Con esto logró ampliar estas tarifas a rutas intercontinentales, con una reducción del 10% en las emisiones de carbono y una compensación del 90% restante.
• Eficiencia de combustible de Delta Air Lines, empresa que ha invertido en la modernización de su flota y en prácticas operativas más eficientes. A largo plazo se plantea descarbonizar sus operaciones aéreas y lograr emisiones netas cero para 2050. En 2019, la aerolínea logró una reducción del 11% en las emisiones de CO₂ por asiento-kilómetro en comparación con 2005, acercándose a su objetivo de neutralidad.
• Avión Eléctrico Alice de Eviation, startup israelí con una tecnología de baterías similar a la de un vehículo eléctrico o un teléfono móvil y con 30 minutos de carga, capacidad para nueve pasajeros y que podrá volar durante una hora unas 440 millas náuticas. Su velocidad máxima es de 287 millas por hora. La empresa, centrada exclusivamente en el transporte aéreo eléctrico, espera que los aviones eléctricos, con capacidad para entre 20 y 40 pasajeros, sean una realidad dentro de siete a diez años.

El transporte aéreo enfrenta desafíos críticos en su lucha contra el cambio climático, pero también tiene oportunidades significativas para innovar y liderar la transición hacia una economía baja en carbono, aunque el camino es complejo, es posible avanzar hacia un futuro más sostenible para la aviación.

Relacionado con este tema te invitamos a leer también el artículo “Globalización, movilidad y cambio climático: Acuerdo de París, la ruta“.

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(*) Fundador y Director General de Vitalis. Académico universitario de la Red de Universidades de Anahúac en México. Contacto: www.linkedin.com/in/ddiazmartin

La globalización ha transformado el mundo en un tejido denso y multimodal de traslados que permiten, como nunca antes, una interconexión e impulsa la movilidad de personas y bienes. Este fenómeno ha traído consigo beneficios significativos de tipo económico y cultural. Sin embargo, también ha planteado serios desafíos ambientales.

El transporte, en sus diversas formas, es un componente esencial de la globalización, pero también es una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), siendo responsable de aproximadamente el 24% de las emisiones globales de CO₂. Dentro de esta cifra, el transporte terrestre representa el 74,5% de las emisiones del sector, el transporte marítimo es responsable del 11% y el transporte aéreo contribuye con el 12%. Este último, aunque aporta una fracción menor del total, contribuye con emisiones de mayor impacto debido a la altitud a la que se liberan.

El Acuerdo de París, adoptado en 2015 durante la 21ª Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), se ha constituido en el compromiso global de mayor relevancia para combatir el cambio climático. Este Tratado busca limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2º centígrados por encima de los niveles pre industriales y plantea esfuerzos adicionales para limitarlo a 1,5º. Aunque el Acuerdo no menciona específicamente los sectores de transporte marítimo y aéreo, éstos inciden de manera indirecta, por ser determinantes para la economía global y, como resultante, contribuyen de forma sustancial en el aporte de emisiones de GEI.

Como respuesta a los efectos del cambio climático la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) han desarrollado estrategias específicas alineadas con los objetivos del Acuerdo de París.

La OMI ha establecido una estrategia para reducir las emisiones de GEI del transporte marítimo en al menos un 50% para 2050 en comparación con los niveles de 2008, con una visión a largo plazo de eliminarlas por completo. Entre las medidas adoptadas se incluyen la mejora de la eficiencia energética de los buques, el desarrollo de combustibles alternativos y la implementación de tecnologías innovadoras.

Por su parte la OACI ha desarrollado el esquema de Reducción y Compensación de Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA), que tiene como objetivo estabilizar las emisiones de CO₂ del transporte aéreo internacional en los niveles de 2020 mediante la compensación de emisiones. Además, la industria de la aviación se ha comprometido a alcanzar la neutralidad de carbono para 2050 mediante la adopción de combustibles sostenibles, la mejora de la eficiencia de las aeronaves y la implementación de nuevas tecnologías.

Los desafíos que el sector afronta para la reducción de las emisiones que genera, están asociados principalmente a:

• El crecimiento de la demanda de movilizaciones impulsada por el comercio internacional y el turismo.
• La transición hacia el uso de combustibles alternativos que demandan inversiones sustanciales y tiempo asociado a la introducción de tecnologías más limpias.
• La falta de un marco regulatorio global que permita uniformizar y se constituya en el soporte para la implementación de medidas efectivas a nivel internacional.

En respuesta a los desafíos actuales, el sector ha venido impulsando acciones estratégicas, en las que se resaltan: 

• El desarrollo de combustibles alternativos, como los biocombustibles y los combustibles sintéticos, que han demostrado ser promisorios para el subsector aéreo.
• La mejora de la eficiencia energética mediante la optimización de las operaciones, con énfasis en elementos de diseño y tipo de materiales que permitan reducir los consumos de combustible y por ende de emisiones de CO₂ por vuelo.
• El establecimiento de medidas orientadas a equilibrar las emisiones inevitables, mediante el desarrollo de modelos de compensación, a través de la inversión y desarrollo de proyectos como planes de reforestación o el fomento a la investigación en energías renovables.

Como ejemplos que muestran los avances dentro de los subsectores marítimo y aéreo tenemos:

• KLM ha desarrollado un Programa de Biocombustibles, siendo la primera empresa en utilizarlo, hecho que se concretó en 2011 con el uso de una mezcla de biocombustibles y queroseno. En 2019 realizó el primer vuelo comercial transatlántico utilizando biocombustible producido a partir de aceite de cocina reciclado. A partir de enero de 2022 los vuelos desde Ámsterdam utilizarán un mínimo de 0,5% de biocombustible de aviación sostenible (SAF). Sumado a esto, KLM ofrece a sus clientes, como estímulo al mercado del SAF, la opción de adquirir, dentro del precio del boleto, una cantidad extra de biocombustible sostenible.
• A.P. Moller-Maersk, es una industria naviera que aporta entre 2% y 3% de las emisiones mundiales. En el marco de la plataforma “First Movers Coalition”, asumió el 5% de que sus operaciones de transporte marítimo de aguas profundas funcionen con combustibles de cero emisiones para el año 2030. Sus objetivos para ese año establecen una reducción de 50% en las emisiones por contenedor transportado en la flota de Maersk Ocean y una reducción de 70% en las emisiones absolutas de las terminales; estableciendo además alcanzar cero emisiones netas de GEI en 2040.

La globalización y la movilidad presentan desafíos significativos para la lucha contra el cambio climático, especialmente en el sector del transporte, el cual enfrenta retos importantes para la reducción de sus emisiones. En este sentido, deben desarrollarse actuaciones específicas y coherentes por parte de conjunto de los actores y en el marco del Acuerdo de París de manera que se integren y alcancen los objetivos climáticos que se han establecido para el 2050.

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(*) Ingeniero de los Recursos Naturales Renovables. Experta en gestión de proyectos, desarrollo sostenible y medio ambiente. Facilitadora de procesos en el marco del desarrollo sostenible. Líder Global de Vinculación y Sostenibilidad de Vitalis. Contacto: https://www.linkedin.com/in/nievesdacilhernandez/

Las devastadoras inundaciones que azotaron recientemente el sur de Brasil, que dejaron un saldo de más de 150 personas fallecidas, han puesto de relieve la urgente necesidad de abordar el cambio climático y sus impactos cada vez más severos en América Latina. Si bien el fenómeno se vio intensificado por factores locales como la desforestación, la mala planificación urbana y la deficiente infraestructura de drenaje, la evidencia científica apunta a una clara relación entre el calentamiento global y la intensificación de eventos climáticos extremos como este.

El aumento de la temperatura global, producto de la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, conduce a una mayor evaporación del agua, lo que incrementa la humedad atmosférica. Esto, a su vez, se traduce en precipitaciones más intensas y frecuentes, especialmente en regiones como el sur de Brasil, donde la topografía y los patrones climáticos favorecen la ocurrencia de inundaciones.

El derretimiento de glaciares y casquetes polares, otra consecuencia del cambio climático, contribuye al aumento del nivel del mar. Esto reduce la capacidad de la tierra para absorber el agua de lluvia, lo que incrementa el riesgo de inundaciones costeras, particularmente en áreas densamente pobladas.

Asimismo, el cambio climático está alterando los patrones climáticos a nivel global, generando mayor variabilidad y aumentando la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos como tormentas, ciclones y huracanes. Estos eventos, que pueden desencadenar inundaciones repentinas y de gran magnitud, se han vuelto más comunes en los últimos años.

Si bien esta situación es un claro ejemplo de la intensificación de eventos climáticos extremos debido al cambio climático, es importante destacar que este fenómeno no es la única causa. Factores locales como la deforestación, que reduce la capacidad del suelo para absorber agua, la mala planificación urbana, que genera asentamientos en zonas de riesgo, y la falta de infraestructura adecuada para el drenaje de aguas pluviales, también juegan un papel crucial.

Sin embargo, es innegable que el cambio climático actúa como un multiplicador de amenazas, intensificando los efectos de estos factores locales y aumentando significativamente la probabilidad y severidad de estos eventos.

Abordar esta problemática de manera integral requiere un enfoque multifacético que incluya:

• Medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero: Es fundamental una transición urgente hacia energías renovables y la adopción de prácticas sostenibles que minimicen la huella de carbono.
• Implementación de medidas de adaptación a los impactos del cambio climático: Se deben desarrollar estrategias para mejorar la infraestructura de drenaje, la planificación urbana resiliente y la gestión de riesgos ante eventos climáticos extremos.
• Fortalecimiento de la cooperación internacional: La lucha contra el cambio climático es un desafío global que requiere un esfuerzo conjunto de todas las naciones.

Las recientes inundaciones en el sur de Brasil sirven como una dolorosa llamada de atención sobre la urgente necesidad de actuar frente al cambio climático. Solo mediante una acción colectiva y decidida podremos mitigar sus efectos y construir un futuro más resiliente para las generaciones venideras.

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(*) Bióloga con más de 30 años de experiencia en el ámbito ambiental nacional e internacional. Líder en Biodiversidad Vitalis Iberoamérica. Contacto: https://bit.ly/ZoilaMartinezLinkedin

Desde el 31 de octubre hasta el 12 de noviembre de 2021, el Centro de Exposiciones de Glasgow, Escocia, fue el escenario donde se llevó a cabo la 26va Conferencia de las Partes de la Convención sobre Cambio Climático, conocida también como Cumbre del Clima, bajo la presidencia de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El Informe especial sobre el calentamiento global de 1,5 °C, del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, aprobado en octubre de 2018, no es para nada esperanzador, pues pronostica que, de no limitar el calentamiento global a 1,5°C, los impactos y riesgos relativos a la climatología extrema, la pérdida de especies, la escasez de agua y alimentos, las muertes causadas por calor, los impactos oceánicos, las regiones polares, entre otros,serían alarmantes y catastróficos.

El objetivo general de la COP 26, bajo el liderazgo de Reino Unido, es “mantener vivos los 1,5 grados”. Se espera que los líderes mundiales y ministros reunidos en Glasgow demuestren su compromiso en la lucha contra el cambio climático, aumentando los niveles de ambición para que el mundo vuelva a ajustarse a los objetivos de temperatura del Acuerdo de París. Esta Conferencia pretende demostrar la urgencia y las oportunidades de avanzar hacia una economía neutra en carbono, para lo cual es necesario que se tomen medidas a fin de reducir las emisiones, movilizar fondos e impulsar la adaptación y la resiliencia de manera más rápida y profunda. Mucho es el camino por recorrer y el tiempo apremia.

Para ello, es imperativo que los países desarrollados aumenten significativamente el apoyo financiero para ayudar a las naciones más vulnerables a adaptarse a los impactos del cambio climático y desarrollar economías que no dependan de los combustibles fósiles. Sin embargo, esto no será posible en el corto y mediano plazo. La financiación ofrecida por los países desarrollados en 2009 durante la COP 15, que destinaba 100.000 millones de dólares al año hasta 2020, oficialmente quedó retrasada hasta 2023. Es aquí donde el sector privado comienza a tomar un rol preponderante, ya que el pasado 3 de noviembre fue anunciado que “unas 500 grandes firmas financieras gestionarán 130 billones de dólares, alrededor del 40% de los activos financieros del mundo, a objetivos climáticos relacionados con el Acuerdo de París, incluyendo la limitación del calentamiento global a 1,5 grados centígrados”.

Muchas expectativas estan puestas en esta COP26, no sólo es preciso completar el código normativo necesario para garantizar la aplicación efectiva del Acuerdo de París. También, el aumento de la ambición es vital para esta COP, especialmente los mayores emisores del G-20, responsables de alrededor del 80 % de las emisiones mundiales.

De igual forma, es necesario el apoyo a los países en desarrollo y esto se relaciona directamente con el compromiso de movilizar 100.000 millones de dólares de los países desarrollados a los países en desarrollo. Sin el apoyo necesario no se podrán emprender las transformaciones necesarias para alcanzar el objetivo de 1,5 grados. Se está en un punto de quiebre: se acciona o se condena a la humanidad, de ese tamaño es la responsabilidad de los líderes actuales.

Si te interesó este artículo tal vez quieras revisar también este otro titulado “Cambio Climático ante el juez: el caso del siglo” Te invitamos también a capacitarte en nuestro campus virtual con el curso “Fundamentos del Cambio Climático“

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Yoliangel Rivas – Economista, Magister en Política Exterior, con Diplomado en Financiamiento Climático, Especialista en temas de negociación ambiental multilateral. Colaboradora de Vitalis. yrivas@vitalis.net

El tema (y hasta el temor) del cambio climático y sus efectos perjudiciales directos, no solo sobre la “lejana” naturaleza y el “apartado” patrimonio cultural, sino en nuestra calidad de vida, ha sido objeto de acuerdos internacionales y normas jurídicas locales destinados a prevenir sus consecuencias, reducir su impacto, implementar medidas de adaptación, así como sancionar sus violaciones. También ha propiciado una serie permanentemente en aumento, de diversas directrices tendentes a adaptar el comportamiento de las sociedades, de las personas, de los productores y de los consumidores, a pautas ambientalmente amigables e incluso solidarias.

La incidencia del cambio climático sobre el goce efectivo de los derechos humanos evidencia su agresión contra el concepto mismo de dignidad humana.  Su carácter destructivo como resultado de la actividad económica efectuada sin responsabilidad social y ambiental de la empresa, solo con el norte de maximizar el lucro, sin fraternidad, pone en tela de juicio la idea misma de humanidad y del menesteroso diálogo intercultural e intergeneracional.

Así, vemos florecer estudios, recomendaciones y toda suerte de cursos de formación y denuncias, aunque sin que a ciencia cierta logremos visualizar que los seres humanos avancen más allá de los discursos, las buenas intenciones y las alarmas.

Afortunadamente, la actuación en justicia desde la sociedad civil, tanto por personas en acciones individuales, como por ONGs en acciones colectivas, impulsando y motivando al juez a convertirse en factor clave de lucha contra el cambio climático, no desde el activismo judicial, sino desde la conciencia ciudadana, ha generado recientes e importantes sentencias que hacen ver a los Estados que sus palabras son hermosas, pero incompatibles o insuficientes con sus haceres, generando su responsabilidad patrimonial frente a los perjuicios causados al ambiente derivados del cambio climático.

Tanto así que, ya dentro del cada vez más amplio “contencioso climático” en el mundo, un juicio en particular conocido como el “caso del siglo”, iniciado por cuatro ONGs y con la firma de 2,3 millones de personas, actúa con un cambio radical de estrategia judicial, en la que en lugar de contentarse con pedir la nulidad de decisiones administrativas aisladas o puntuales, se busca cuestionar toda la política pública en la materia. De este modo, en vista de la insuficiencia de la acción estatal, el juez obliga a la autoridad a tomar medidas útiles para reducir la emisión de gases de invernadero a un nivel compatible con el mantenimiento del recalentamiento planetario por debajo de 1,5°C, y condena al Estado a la reparación de los daños y perjuicios ambientales proporcionalmente causados por su negligencia.

Se trata de la sentencia del Tribunal Administrativo de París, del 3 de febrero de 2021, en donde el juzgado reconoció la responsabilidad del Estado Francés respecto de la crisis climática por su incumplimiento frente a los compromisos de reducción de emisiones.

La ciudadanía asume su responsabilidad y el juez obliga al Estado a honrar sus compromisos.

El Acuerdo de Escazú tiene estrecha relación con este tema, por lo que te invitamos a leer más en el artículo sobre su entrada en vigor escrito por el Dr. Diego Díaz Martín, Director General de Vitalis para Iberoamérica, Estados Unidos y Canadá que encuentras en este enlace

(*) Abogado. Colaborador consultor internacional de Vitalis. Consultor en derecho ambiental, derechos humanos, patrimonio cultural y paisaje. Profesor, escritor y conferencista. https://www.linkedin.com/in/alberto-blanco-uribe-b004329/

En noviembre de 2020, la zona Caribe en Centro y Sudamérica, fue afectada notablemente por dos huracanes consecutivos, Eta e Iota, los cuales causaron graves daños materiales. Según expertos ambientales, el aumento en la intensidad de las tormentas en lugares donde no eran tan frecuentes ni tan fuertes, está directamente relacionado con el aumento de la temperatura en todo el planeta.

Dentro de este contexto, se considera muy importante reflexionar sobre la importancia de tomar medidas urgentes para detener el calentamiento global. Si bien, es una tarea colectiva y que no depende completamente de la ciudadanía, desde la cotidianidad se pueden realizar pequeñas acciones para prevenir y reducir el problema.

Así mismo es fundamental tomar conciencia acerca de la extensión planetaria de las consecuencias de este fenómeno, el cual no sólo afecta a las personas que residen en las zonas costeras, sino que impacta a toda la humanidad, en todos los sitios, a distintas escalas y formas. Entre ellas vemos el aumento en el costo de los alimentos, sequías prolongadas, alteración de ecosistemas, entre otras.

Algunas de las acciones que pueden emprenderse desde la vida cotidiana para enfrentar este problema se relacionan con el cambio en los medios de transporte que utilizamos regularmente, en particular, empezar a emplear la bicicleta como vehículo diario y movilizarnos con más frecuencia en transporte público. Otras prácticas apuntan a consumir menos energía en hogares y sitios de trabajo; modificar las prácticas de consumo, en especial reducir el uso de materiales no biodegradables y reparar ropa, enseres, equipos y utensilios, en lugar de adquirir nuevos productos.

Aunque la solución parece sencilla, modificar estos hábitos puede ser difícil para algunas personas, porque durante muchos años han tenido estilos de vida que no promueven esta gestión. Por eso para generar estos cambios se requiere la educación ambiental en los espacios formales e informales y una gestión gubernamental sistemática.

En Colombia, por ejemplo, la educación ambiental y la gestión gubernamental son necesarias para informar a la comunidad, estimular el uso de medios de transporte menos contaminantes, impulsar y ejecutar procesos eficientes de reciclaje, disponer los residuos sólidos en forma adecuada y fomentar el comportamiento ciudadano ambientalmente responsable, todo lo cual, no sólo generaría beneficios personales, sino colectivos.

La educación ambiental se hace necesaria en un país como Colombia debido a que en la cotidianidad este tema no está muy presente. Por ello, el uso de transporte que genere menos gases de efecto invernadero y los procesos de reciclaje no son tan eficientes como en países europeos. Así mismo, el apoyo a la movilización por medios alternativos y la disposición de desechos en lugares adecuados tampoco se da de la mejor manera. La principal causa para que esto pase es el desconocimiento.

Si te interesa saber un poco más sobre la movilidad sostenible te invitamos a leer este artículo: “El auge de la movilidad sostenible en tiempos de Covid-19“.

Si deseas formarte en algún tema de actualidad ambiental te invitamos a visitar nuestra oferta de cursos y talleres en línea

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* Profesional en Ciencia Política, con experiencia en trabajo con comunidades y sus escenarios de desarrollo. Colaborador de Vitalis  en Colombia.

Por Selene Jovita Gonzalez Contreras (*)@seleneglezc

De cara al cambio climático y para impulsar una económica baja en carbono, existe un instrumento de mercado de cumplimiento internacional, diseñado para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de forma costo-efectiva al poner un precio al carbono, denominado Sistema de Comercio de Emisiones (SCE).

Lo
anterior, a través del principio de “límite y comercio”: el límite
para un sector y/o participantes, pretende que cada tonelada de dióxido de
carbono equivalente (CO₂e) esté respaldada con un permiso de emisión.
De manera que un participante cuyo volumen de GEI emitido en toneladas de CO₂e
sea inferior al volumen de permisos que posee, podrá comercializar
el exceso a participantes cuyas emisiones exceden sus permisos.

Respecto a este instrumento, a nivel nacional, en abril del 2018
se aprobó una reforma al Artículo 94 de la Ley General de Cambio Climático
(LGCC), la cual establece la obligatoriedad de instaurar este mecanismo a
través de un Programa de Prueba sin implicaciones económicas con un periodo de
tres años, con la finalidad de contribuir al aumento de la ambición para
cumplir con las metas establecidas en el Acuerdo de París.

A finales
del mismo año, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
emitió un Anteproyecto denominado “Acuerdo por el que se establecen las
bases preliminares del Programa de Prueba del Sistema de Comercio de Emisiones”,
este será aplicable a las instalaciones que realicen actividades
de los sectores energía e industria únicamente, según la clasificación prevista
en el Reglamento de la LGCC en Materia del Registro Nacional de Emisiones, cuyas
emisiones anuales registradas sean iguales o mayores a 100 mil toneladas
directas de CO₂ provenientes de fuentes fijas.

En dicha
regulación, se establecen los elementos que integran el piloto, los sujetos
obligados a participar, su temporalidad, los mecanismos de flexibilidad y de
seguimiento y evaluación, las obligaciones de los participantes, entre otros
elementos requeridos para su funcionamiento.

El Acuerdo
precisa que el SCE se compondrá de dos fases: una fase inicial (del 1 de enero
de 2020 al 31 de diciembre de 2021) que permitirá a los actores involucrados
conocer el comportamiento de un mercado de emisiones y, la Fase Operativa que
entrará en vigor al término de la etapa de transición del Programa de Prueba
(del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022), en ambas fases sólo se contemplará
el GEI CO_2.

El
programa de prueba no tendrá efectos económicos y las asignaciones de derechos
de emisión serán gratuitas en una proporción equivalente a las emisiones de los
participantes, estos últimos serán las instalaciones cuyas emisiones anuales
hayan sido iguales o mayores al umbral establecido en cualquiera de los años
2016, 2017, 2018 o 2019. La asignación gratuita de derechos de emisión se
quedará implementada para la Fase Operativa.

La SEMARNAT también establecerá mecanismos flexibles de cumplimiento que pueden ser: esquemas de compensación a través de proyectos o actividades de mitigación elegibles o el reconocimiento de acciones tempranas para proyectos o actividades de mitigación que hayan recibido créditos de compensación externos antes de la entrada en vigor del Programa de Prueba.

Estos
esquemas de compensación mediante créditos de compensación serán establecidos a
través de protocolos nacionales o internacionales, con la finalidad de ser
utilizados por los interesados para desarrollar proyectos o actividades de
mitigación para reducir o evitar emisiones o para incrementar la absorción de
GEI con un límite por participante del 10% de sus obligaciones de entrega de
derechos de emisión y sin perder validez una vez concluido el Programa.

Entre los proyectos
o actividades de mitigación elegibles se podrán incluir aquellos mecanismos
conocidos como bonos de carbono (crédito en un proyecto de reducción de
emisiones) o bonos verdes (instrumento financiero de deuda que se invierte para
generar rendimientos), siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos
en el Protocolo de Compensación y generen Créditos de Compensación. Estos dos
últimos instrumentos se desarrollarán durante el Programa de Prueba por la
SEMARNAT.

Analizado
lo anterior, el SCE abre paso y relevancia a la ejecución de iniciativas para
la conservación y restauración de los ecosistemas, particularmente al servicio
ecosistémico captura de carbono forestal como sistema natural que
absorbe y almacenan el CO₂ de la atmósfera, a través de los
diferentes tipos de vegetación y del proceso de fotosíntesis.

Este
servicio puede ser considerado “tecnología verde”, equiparable a cualquier
implementación de eficiencia energética, lo anterior, de contemplarse como proyecto
o actividad de mitigación elegible dentro del 10% de las obligaciones de
derechos de emisión por participante. Ya que, al otorgarle valor económico al
servicio, se puede generar una estrategia de pago para la preservación del
capital natural y de esta manera, tomará más relevancia su dimensión económica,
sin menoscabar los beneficios ya conocidos en las dimensiones ambiental y
social de los bosques y las selvas que actualmente imperan.

*Licenciada en
Administración de Empresas, apasionada en temas de Economía Verde.