Por Felipe Arenas Quintero (*)
En noviembre de 2020, la zona Caribe en Centro y Sudamérica, fue afectada notablemente por dos huracanes consecutivos, Eta e Iota, los cuales causaron graves daños materiales. Según expertos ambientales, el aumento en la intensidad de las tormentas en lugares donde no eran tan frecuentes ni tan fuertes, está directamente relacionado con el aumento de la temperatura en todo el planeta.
Dentro de este contexto, se considera muy importante reflexionar sobre la importancia de tomar medidas urgentes para detener el calentamiento global. Si bien, es una tarea colectiva y que no depende completamente de la ciudadanía, desde la cotidianidad se pueden realizar pequeñas acciones para prevenir y reducir el problema.
Así mismo es fundamental tomar conciencia acerca de la extensión planetaria de las consecuencias de este fenómeno, el cual no sólo afecta a las personas que residen en las zonas costeras, sino que impacta a toda la humanidad, en todos los sitios, a distintas escalas y formas. Entre ellas vemos el aumento en el costo de los alimentos, sequías prolongadas, alteración de ecosistemas, entre otras.
Algunas de las acciones que pueden emprenderse desde la vida cotidiana para enfrentar este problema se relacionan con el cambio en los medios de transporte que utilizamos regularmente, en particular, empezar a emplear la bicicleta como vehículo diario y movilizarnos con más frecuencia en transporte público. Otras prácticas apuntan a consumir menos energía en hogares y sitios de trabajo; modificar las prácticas de consumo, en especial reducir el uso de materiales no biodegradables y reparar ropa, enseres, equipos y utensilios, en lugar de adquirir nuevos productos.
Aunque la solución parece sencilla, modificar estos hábitos puede ser difícil para algunas personas, porque durante muchos años han tenido estilos de vida que no promueven esta gestión. Por eso para generar estos cambios se requiere la educación ambiental en los espacios formales e informales y una gestión gubernamental sistemática.
En Colombia, por ejemplo, la educación ambiental y la gestión gubernamental son necesarias para informar a la comunidad, estimular el uso de medios de transporte menos contaminantes, impulsar y ejecutar procesos eficientes de reciclaje, disponer los residuos sólidos en forma adecuada y fomentar el comportamiento ciudadano ambientalmente responsable, todo lo cual, no sólo generaría beneficios personales, sino colectivos.
La educación ambiental se hace necesaria en un país como Colombia debido a que en la cotidianidad este tema no está muy presente. Por ello, el uso de transporte que genere menos gases de efecto invernadero y los procesos de reciclaje no son tan eficientes como en países europeos. Así mismo, el apoyo a la movilización por medios alternativos y la disposición de desechos en lugares adecuados tampoco se da de la mejor manera. La principal causa para que esto pase es el desconocimiento.
Si te interesa saber un poco más sobre la movilidad sostenible te invitamos a leer este artículo: “El auge de la movilidad sostenible en tiempos de Covid-19“.
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* Profesional en Ciencia Política, con experiencia en trabajo con comunidades y sus escenarios de desarrollo. Colaborador de Vitalis en Colombia.
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Por Viviana Salas, PhD (*). @VivianaSalasM
Las elecciones presidenciales de 2018 representan un momento crucial en materia de sostenibilidad para 13 organizaciones ambientales de Colombia: WWF, The Nature Conservancy, Greenpeace, Dejusticia, OpEPA, Fondo Acción, Transforma, Wildlife Conservation Society, Fundación Natura, Avaaz, Asociación Ambiente y Sociedad, Conservación Internacional Colombia y Fundación Gaia Amazonas. Por ello, se unieron para incidir en redes sociales con la campaña #ColombiaVotaSostenible.
El objetivo es impulsar la agenda ambiental en el futuro gobierno de Colombia. Priorizaron cinco temas que deben estar presentes en el debate electoral: Nuevos modelos de desarrollo, cambio climático, ordenamiento territorial, deforestación y agua. Para cada tema realizaron una infografía con un diagnóstico, unas recomendaciones de política y una hoja de ruta para el periodo presidencial 2018-2022. También analizaron las propuestas de las campañas presidenciales y crearon un semáforo informativo para determinar cómo iba cada una en los temas priorizados.
Dentro del diagnóstico para cambio climático se indica que “los 20 departamentos con mayor riesgo representan el 69% del PIB nacional (2016) y albergan el 57% de la población del país”. Sus recomendaciones de política incluyen: Impulsar la transición hacia energías renovables no convencionales, promover ciudades resilientes y sostenibles, incentivar la educación para el cambio climático y las alianzas con la sociedad civil, hacer un uso adecuado del suelo, y revisar las inversiones financiadas con lo recaudado por el impuesto al carbono.
En cuanto al semáforo del cambio climático, Iván Duque, el candidato que lidera las encuestas para la segunda vuelta que se realizará el próximo 17 de junio, fue el peor evaluado; mientras que Gustavo Petro obtuvo el segundo lugar entre los cinco candidatos que participaron en la primera vuelta. La propuesta de Duque considera incentivar el compromiso ciudadano con el ambiente, renovar la institucionalidad ambiental y promover una mejor gestión de los residuos. Por su parte, la propuesta de Petro incluye la electrificación del transporte público y el uso de energías renovables no convencionales.
Existe una iniciativa similar para las elecciones presidenciales que serán el próximo 1 de julio en México, mostrando la relevancia de las redes sociales en la construcción de opinión pública y el interés de la sociedad civil ambiental de participar en el debate electoral.
(*) Bióloga, Maestra en Gestión Ambiental y Doctora en Zoología. Especialista en ONG y Parques Nacionales. Forma parte del equipo profesional internacional de VITALIS, basada en Barcelona, España. vsalas@vitalis.net
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Por Juan Andrés Beltrán (*) @JandresNTN24
Ahora el “sol picante” es más frecuente, alcanzando mediciones históricas; por ejemplo en febrero de 2017 el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) registró en Bogotá una temperatura de 25.1°C, igualando a ciudades costeras del país latinoamericano.
¿Somos responsables?
A mediados de 2017 el IDEAM presentó un alarmante informe en donde Bogotá encabezaba la lista de ciudades del país con mayor vulnerabilidad frente al cambio climático, e hizo un llamado urgente a la implementación de políticas de adaptación, pese a ello a finales del mismo año el laboratorio de la calidad del aire de la Universidad Distrital alertó sobre la contaminación presente en algunos sectores de la capital, en donde fue comparada con “fumarse dos cigarrillos al día”.
Hace apenas dos meses la Secretaria de Ambiente de Bogotá decretó una alerta amarilla por la calidad del aire debido a que los niveles de material particulado superaban por más del doble a los fijados por la Organización Mundial de la Salud. Pese a que según las autoridades distritales la emergencia fue superada, la invitación a los bogotanos es a la “racionalización del uso de vehículos y optar por alternativas como la bicicleta o caminar”.
La vegetación presente en los cerros orientales realiza procesos adaptativos ante este fenómeno, e intenta de forma silenciosa regular los altos niveles de gases contaminantes producidos por los habitantes de Bogotá e inconscientemente purificar nuestro aire, mientras en las calles capitalinas gran parte de los ciudadanos continúan su día a día sin ser conscientes del llamado urgente de la naturaleza a modificar comportamientos que atenten contra el medio ambiente.
En palabras de la activista ambiental ganadora del premio Goldman “Nobel” de medio ambiente Terry Swearingen “Vivimos en la tierra como si tuviéramos otra a la que ir”.
La empresa “Metro de Bogotá” estima talar 1373 árboles como parte de la modernización del transporte público en la ciudad, que según la entidad una vez finalicen las obras, serían reemplazados por 2920 árboles nuevos. ¿Aquí también aplica la resurrección?, me pregunto nuevamente ¿Somos responsables?.
(*) Periodista Programa La Noche, NT24, Bogotá – Colombia
Por Rosángela Blanco Rodríguez (*). @RosangelaBlanco
Desde la perspectiva de la población mundial en general, puede ser que los aspectos medioambientales no tengan relación alguna con lo financiero, que estén completamente asilados de la economía o que incluso lo vean como algo en lo que se “gasta” mucho dinero.
Quizás a la mayoría de las personas les molestará esforzarse en cambiar su estilo de vida, sus paradigmas, para generar nuevos hábitos que los lleven a una armonía con el ambiente. Tal vez, considerarán que es costosa cualquier modificación en la rutina diaria para favorecer nuestro entorno.
Sin embargo, basándonos en la definición del Desarrollo Sustentable, es algo a lo que todos queremos llegar, entendiendo que el ambiente, la economía y lo social deben estar íntimamente relacionados, en equilibro para que las sociedades progresen como debe ser. En función de eso, muchos organismos y estados en todo el planeta están trabajando para acercarse al tan anhelado desarrollo.
En este sentido, Colombia ha dado un paso importante a través del acuerdo que define la Agenda de Cooperación entre el Gobierno Nacional y el Sector Financiero Colombiano. Dicho convenio está cimentado principalmente en la protección del medio ambiente como un esfuerzo conjunto entre los organismos públicos y privados, lo cual se estipula en la Declaración de Río de Janeiro, de 1992; la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, del 2000, y la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo, de 2002.
A través de este Protocolo Verde, como ha sido denominado, se acuerdan una serie de estrategias que buscan el desarrollo sustentable a través de la responsabilidad ambiental, sin comprometer los intereses de las futuras generaciones.
Estos acuerdos incluyen la facilidad de crédito y/o inversión para promover el uso sostenible de los recursos naturales renovables y la protección del medio ambiente, además de impulsar en sus procesos internos el consumo sostenible. Como tercera estrategia, procura considerar en los análisis de crédito e inversión, y los impactos y costos ambientales y sociales de los proyectos a financiar.
Esta alianza seguramente permitirá, entre otras cosas, apoyar el compromiso al que ha llegado Colombia a nivel internacional, de reducir en 20% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030, así como muchas otras metas del país en materia ambiental.
Con estas acciones se demuestra que sí es posible tomar en cuenta los elementos fundamentales para el desarrollo de una nación y del mundo entero, desde la silla de un político o desde la oficina de un banquero. Igualmente, demuestra que si se puede trabajar en equipo con todos los integrantes de las distintas sociedades para lograr la calidad de vida que cada ciudadano se merece.
Ahora falta que todos podamos estar enterados e involucrados en estas acciones para que realmente sean efectivas y permitan generar y vivir el cambio.
(*) Educadora y Especialista en Gestión Ambiental. Presidenta de VITALIS Colombia.
Imagen cortesía de Rosángela Blanco, Municipio Fosca – Departamento de Cundinamarca, Colombia.
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