Por Jael Hernández Martínez (*)
La seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad y es una de las responsabilidades primarias de los gobiernos. El problema en la actualidad es que pasamos de un estado, en donde la seguridad pública propiciaba un ambiente seguro a un ambiente totalmente inseguro sin darnos cuenta de que existían cambios graduales que eran claros signos de alarma, pero por alguna razón pasaron desapercibidos para la sociedad en general. Al día de hoy, las actividades diarias de cualquier individuo están condicionadas a aspectos relacionados con el momento de seguridad y el impacto de la situación es global, desde el aspecto social hasta el económico.
El contexto social actual, hace plantearnos una serie de cuestionamientos, el ambiente social seguro regresará en algún momento, cuales son las cuáles aparentes y las que subyacen a la problemática, quién debe ser el responsable principal para encontrar una solución, la sociedad debe encontrar la solución, estos y otros cuestionamientos sin respuesta clara hacen impredecible el futuro de la seguridad social en el país.
En ese orden de ideas, la aparente causa a todo lo anterior es la corrupción; las estadísticas posicionan a México en segundo lugar a nivel mundial, esto ocasiona problemas sociales porque la población tiene una percepción negativa en cuanto a la credibilidad en las autoridades del país. Esto es debido a que los actos delictivos que se denuncian no proceden a un juicio o las autoridades se ven involucradas en actos de corrupción o por amenazas de los delincuentes no se denuncias los mismos, es decir, un 80 % de los actos delictivos no se denuncian.
Los medios de comunicación ayudan a la población a que se mantenga informada y comunicada, estos han tenido un cambio significativo a partir de que se abrió el mercado del internet y redes sociales y telefonía móvil; en cambio la radio, la televisión, el telégrafo y el servicio postal han disminuido sus servicios, porque cada día gran parte de la población tienen más acceso a los servicios de manera electrónica; por lo cual algunos de estos medios han tenido que modificar sus estrategias de mercado.
En el caso del transporte, desde el punto de vista sustentable se debería de mejorar el diseño del sistema de transporte, por lo cual debe existir una descentralización de los núcleos de producción con el fin de que se pueda planear mejor la urbanización y vías de transporte.
(*) Ing. Químico, gracia.jael.hernandez@pemex.com
]]>
Por Antonio Damián Franyutti León*
La corrupción es un delito universal que mina la credibilidad de un Estado y sus Instituciones, reduciendo su potencial para hacer valer los derechos humanos fundamentales como educación, salud, vivienda, cobertura de servicios básicos, entre otros. Es un mecanismo perverso a través del cual los bienes públicos se convierten en privados.
Desde la perspectiva ambiental, la corrupción no es inocua. Suele ser evidente al tratar de imponer u ocultar los impactos asociados a proyectos de explotación de recursos naturales en áreas sensibles, destruyendo el capital natural de las futuras generaciones.
Existen diferentes niveles de corrupción, desde aquellos actos cometidos en las altas esferas del Gobierno, que manipulan y distorsionan los mecanismos de asignación de recursos, hasta el abuso cotidiano del poder por los funcionarios públicos que interactúan con la ciudadanía.
Sería erróneo limitarnos a pensar que estos mecanismos sólo se pueden circunscribir a cuestiones tangibles. Aprovecharse políticamente de los sentimientos y necesidades insatisfechas de la sociedad en busca de ambiciones personales manifiestas a través de propuestas de carácter populista, es también una forma de corrupción.
La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, establece que cada Estado podrá tomar las medidas necesarias para investigar, enjuiciar y sancionar la corrupción y sus delitos asociados como lavado de dinero, obstrucción de la justicia, tráfico de influencias, soborno, malversación u otras formas de desviación de bienes. El hecho de que un Estado actúe negligentemente frente a la corrupción, transmitirá una percepción errónea de que estas conductas son permitidas o quedan impunes, convirtiéndola en un acto cotidiano para la sociedad.
De igual forma, esta Convención contra la Corrupción fomenta la participación activa de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales, en la prevención y lucha contra la corrupción, con el fin de sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, causas, gravedad y amenaza que ésta representa.
Contrario a lo que se pueda pensar, la corrupción no es un problema genético al que nos encontramos predispuestos; que se manifieste en mayor o menor grado, dependerá de la integridad del individuo y de que tan fuertes se encuentren las instituciones de Gobierno.
La integridad y la transparencia, son valores asociados a entereza moral, rectitud y honradez en conducta y comportamiento: una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar y un Estado transparente es aquel que comunica lo que hace.
*Ingeniero Químico, estudios de postgrado en Ingeniería Ambiental. Especialista ambiental en Petróleos Mexicanos y Profesor de Ingeniería Ambiental en la Universidad Tecnológica de México.
Contacto:
e-mail: adfranyuttil@gmail.com
linkedin: https://mx.linkedin.com/in/antonio-d-franyutti
twitter: @adfral
]]>