La tendencia universal en materia ambiental está dirigida a la tutela constitucional de los derechos humanos vinculados a la protección del ambiente. Los daños ambientales, así como la degradación y/o modificación de los ecosistemas, han vuelto la mirada del derecho para su protección, dando origen al nacimiento de la relación entre derechos humanos y ambiente, vínculo cuya temática ha alcanzado a todas las regiones del mundo, planteando retos fundamentales que los Estados deben afrontar de manera sostenible en los próximos años.

En Venezuela, el derecho al ambiente sano es un derecho humano fundamental, que cuenta con una cláusula ambiental basada en un Estado democrático, social de derecho y de justicia, exaltando desde el preámbulo constitucional el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad, configurado así por mandato del constituyente como derecho-deber, que tiene un valor transversal para todas las políticas públicas, y sólo necesita de exigibilidad y justiciabilidad, para cumplir con el principio de progresividad de los derechos humanos, cuya garantía está consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1999, como un derecho humano fundamental claro e inequívoco.

La tutela judicial se encuentra reconocida en el artículo 26 constitucional, como derecho de acceso a la justicia, entendido como derecho de protección, para todos los ciudadanos, priorizando el derecho a la defensa para responder a la necesidad conservacionista del ambiente en razón de su principio de equidad generacional, consagrado en el artículo 127 constitucional.

No obstante, la fusión del Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Vivienda y Hábitat, no debe abandonar los postulados consagrados en nuestro marco constitucional, más aun, debe imperar el compromiso por llevar adelante los principios de la Declaración de Estocolmo (1972), que promovió en Venezuela la creación del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, pionero en América Latina, para atender políticas públicas ambientales de avanzada desde hace más de cuarenta años.

Ello conlleva a exhortar desde nuestra tribuna, a las autoridades del fusionado ministerio a seguir trabajando incansablemente y de manera articulada con los sectores involucrados con otros ministerios, entre ellos, salud, alimentación, agricultura y tierras, organizaciones no gubernamentales, universidades, asociaciones civiles, consejos comunales, contralores sociales, en fin, todos los actores que hacemos vida social, porque la lucha por la dignificación de los derechos siempre será hasta alcanzar la justicia ambiental, tantas veces vilipendiada por intereses ajenos a la calidad de vida que nos merecemos como ciudadanos.

Los derechos y deberes son de todos los ciudadanos, pero el derecho humano al ambiente sano es una garantía constitucional, que con ministerio o sin ministerio nunca dejará de ser un derecho humano fundamental constitucional.

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* Abogada. Directora de Derecho Ambiental y Políticas VITALIS. Profesora de Derecho Ecológico en la Universidad Santa María y de Derecho Ambiental de la Universidad Metropolitana. Es Secretaria Ejecutiva de la Sociedad Venezolana de Derecho Ambiental.

Sin dudas desde hace cuatro décadas el asunto ambiental ha formado parte de la agenda política nacional, con sus propios procesos epistémicos evolutivos que ha asumido históricamente esta temática. Lamentablemente hoy sin sustentaciones teóricas claras sobre educación ambiental, concepciones ambientales reduccionistas y erradas; se tomas decisiones políticas que se visualizan como acciones en contra de la lucha ambiental venezolana, refiriendo esto por la actual decisión de fusión ministerial Ambiente con Vivienda y Hábitat, agregando un llamado ¿ecosocialismo?.

Desde la formación de una Constituyente Ambiental que pretende crear agendas decisorias con las mismas debilidades antes mencionadas, se podía presuponer que lo que venía no era lo mejor para el ambiente venezolano, entendido este como sistema con relación interdependiente entre los elementos naturales y sociales en la construcción de sociedades con calidad de vida transgeneracional.

Se puede entender esta circunstancia desde el reduccionismo conceptual de ambiente, que se evidencia en diferentes espacios sociales, y lamentablemente aun en el sector educativo. El propio marco legal ambiental venezolano muestra la despreocupación en mostrar el ambiente desde la complejidad que representa, fraccionando y atomizando el contenido ambiental perdiendo la esencia en la aplicabilidad de la ley; como ejemplo: Una Ley de Diversidad Biológica (2008) y una Ley de Bosques (2013), una con fuerte visión biocéntrica y otra mercantilista respectivamente; igualmente se evidencia el uso de la palabra ambiente en el ámbito laboral, como espacio de ocupación en actividades de trabajo; en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2009), se entiende desde una visión naturalista, marginada únicamente a los grupos indígenas; en otras leyes es presentado en su mínima o nula expresión.

El mismo Plan de la Nación (2013-2017) muestra un reduccionismo de la dimensión ambiental, diciendo “Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana” se evidencia una concepción biocéntrica, nunca ecocéntrica como está planteado en el discurso ambiental mundial, sumado a una evidencia antropocéntrica que contrarresta el primer enunciado. Termina concretando 7 políticas, de las cuales 3 se centran el recurso agua, 2 en sensibilidad ambiental (educación), una en asuntos económicos (con ambigüedad discursiva en el desarrollo esperado: sostenible, sustentable o “ecosocialismo”); y por último una referida a los “desechos sólidos”, que según los conceptos bien usados debía incluir residuos. Pare de contar la cantidad de incongruencias en una Nación sin ética ambiental por una dependencia petrolera que aporta al deterior ambiental mundial, haciéndonos dependientes económicos de un recurso natural nada sostenible para el planeta.

Por otra parte se evidencia la desvalorización del conocimiento ambiental y gerencial; hemos visto estos últimos años ocupando cargos ambientales en diferentes organismos gubernamentales a personas sin las competencias adecuadas para asegurar una gestión ambiental eficiente. Tenemos fortalezas como país, por contar con educación profesional en ambiente; egresan profesionales en diferentes niveles académicos con competencias ambientales que podrían ocupar los cargos.

Los que trabajamos en los asuntos ambientales, desde hace años hemos visto el deterioro del Ministerio del Ambiente, por la falta de concreción en las funciones que le compete, el desmantelamiento de sus fuentes de información e inutilidad de sus laboratorios. Lamentablemente se han limitado a cumplir órdenes de popularización desde acciones aisladas con poca efectividad; y no en accionar la trascendencia que se espera de ellos, participando en la toma de decisiones para incorporar la dimensión ambiental en los planes de desarrollo del país.

Recordemos que el Ministerio del Ambiente venezolano representó un referente histórico para América Latina (1976), por su creación y solides conceptual inicial. Mientras muchos otros países latinoamericanos por años trataron al ambiente marginalmente, en fusión con otros estamentos decisorios, luego llegaron a darle el valor debido. Hoy nosotros retrocedemos.

Da vergüenza que hoy atropellen al ambiente desde una concepción política ideológica que también tiene antecedentes nefastos en el deterioro ambiental, como señala Gorbachov en su famoso libro la Perestroika, la destrucción de la ex unión soviética en nombre del comunismo. Nos insultan desde la diversidad cultural que incluye las diferencias ideológicas, realmente creen ¿qué el ambiente tiene una única posición en este sentido?. El planeta es un sistema complejo con toda la diversidad incluyente y complementaria, como dice Morín: dialógico donde se debaten las contradicciones; recursivo porque todo lo que se hace terminará teniendo consecuencias en diversos sentidos; y hologramático porque aun cuando quieran ver el ambiente como una parte de la realidad nacional, estará siempre en todo y en todos.

Qué podemos esperar de un cambio ministerial más, sino gasto de los recursos del Estado y más retraso en el cumplimiento de las funciones que ameritan atención urgente ¿Asegurar jardines bonitos y potes de basura en las viviendas? Imagino el sufrimiento, de tantos profesionales del Ministerio del Ambiente de alta formación, por estas inapropiadas decisiones políticas.

(*) Docente Universitaria_UCLA – Comisión de Ambiente. Miembro del Comité Coordinador de la Red de Universidades por el Ambiente

   

(Especialmente producido para ONGVitalis)

Con frecuencia me preguntaba ¿que ha salvado al Ministerio del Ambiente del holocausto institucional a que ha estado sometida Venezuela durante los últimos 15 años? Pero la barbarie no tiene contención. Le llegó su día a este Despacho, para culminar la tarea ya previamente iniciada de irlo vaciando de contenido intelectual y de muy valiosos recursos humanos.

En 1976, como resultado de una empresa organizativa de altos kilates, un grupo de venezolanos preocupados por el futuro de nuestros recursos naturales, tuvimos éxito al convencer al gobierno de turno de dar el innovador paso de crear un  despacho ministerial responsable de toda la temática ambiental. Es justo mencionar, que tuvimos la suerte de que el Presidente de la Republica, Sr. Carlos Andrés Pérez, tenía una genuina vocación conservacionista y considero favorablemente nuestro proyecto.

Ese ministerio fue el primero en crearse en la America Latina, cuando nuestro país era territorio de progreso. Posteriormente su mandato se fue fortaleciendo mediante la aprobación de una serie de leyes como la Penal del Ambiente y la de Ordenación del Territorio y múltiples reglamentos y normas. Además de haberse preocupado por la especialización de sus recursos humanos.

Resulta  ahora que el gobierno de Nicolás Maduro, que por mandato del difunto presidente, en su Plan de la Patria, debía salvar el planeta y la especie humana a través del ecosocialismo, decide acabar con ese Despacho. Me refiero a su decisión de poner  ese ministerio en manos del mayor verdugo del ambiente urbano, como lo es el Sr Ricardo Martínez, ejecutor de la Misión Vivienda. En la realización de esa Misión no se le ha dado cumplimiento a ninguna ordenanza urbana ambiental. Desarrollos tan densos urbanísticamente como los de Fuerte Tiuna, se están construyendo sin  estudios de impacto ambiental, ni de ampliación de servicios de agua y vialidad, por solo citar algunos casos.

El ecosocialismo ha sido hasta el presente el titulo para cometer los mas graves ecosidios, como los de la cuenca del Lago de Valencia, donde la calidad del agua de sus sistemas de acueducto no puede garantizar el gobierno; permitir la ocupación de áreas en los parques nacionales;  haber retrasado la ampliación del acueducto del Area Metropolitana de Caracas; no haberse ocupado de la conservación de las cuencas hidrográficas que alimentan las principales ciudades, entre otras fallas notables.

Arnoldo José Gabaldón fue el primer Ministro del Ambiente de Venezuela. Más información sobre su trayectoria profesional aquí.

El 2 de septiembre del 2014 pasa a ser una nueva efeméride ambiental. Una que no se celebrará, sino que servirá para conmemorar la defunción oficial del Ministerio del Ambiente de Venezuela. Nacido en abril de 1977, ostentó 19 ministros durante sus 37 años de vida: 11 designados en los primeros 22 años por seis gobiernos diferentes, y ocho en los últimos 15 años de indigestión, perdón, de gestión chavista.

De la primera tanda recordaremos, por ejemplo, haber creado un sistema de áreas protegidas que salvaguardan el patrimonio ambiental de todos los venezolanos. De la segunda gestión solo mencionaré la amenaza fallida de “bañarnos” en las “límpidas” aguas del ese río de cadáveres que es nuestro envilecido Guaire. En el ínterin, aciertos y desaciertos de parte y parte, pero allí estaba el Ministerio del Ambiente, sobreviviendo a recortes presupuestarios y a ser la sempiterna cenicienta de los ministerios, por su “pecado original” de no ser tan “productiva” a la hora de repartir contratos.

Ante el anunció del “sacudón”, muchos esperaban una reducción de vicepresidencias, ministerios, y viceministerios, que con más de 150 funcionarios de “altísimo” nivel, nos colocan como uno de los países con mayor burocracia y mayor ineficiencia. Resultado: un aumento a siete vicepresidencias versus una reducción de tres carteras ministeriales, donde un ministerio de educación superior que extrañamente no vuelve a ser parte del Ministerio de Educación sino que se fusiona con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (¿?), Juventud se une a Deportes (¿?), y por supuesto, la defunción del que fuera uno de los primeros ministerios del ambiente de toda América, que pasa a ser un apéndice incomodo del Ministerio de Vivienda, Hábitat y EcoSocialismo (¿?), bajo la dirección de un funcionario interesado en destituir a los empleados públicos que militen en partidos de oposición, y que asegura que la escasez de materiales se debe a que “estamos construyendo mucho”… En medio de los desgastados enrosques, un cambio interesante es la designación de un general para ejercer la vicepresidencia económica que seguramente lograra ponerla “firme y a discreción”, apoyado en un ministro de energía y petróleo que sabe a pasado, y un presidente de PDVSA que huele a continuismo enmascarado.

Quizás en medio de tan abundante “más de lo mismo”, pase por debajo de la mesa de la eliminación del Ministerio del Ambiente, pero como sempiterno admirador de los recursos naturales de este generoso país, cada vez mas huérfanos, invito a ecologistas y afines, a elevar un EcoRéquiem por el eterno descanso de su alma. Amén.