Sin integridad y transparencia no se puede reforzar la confianza de la ciudadanía en lo público, en sus representantes y grupos de interés. La importancia debe estar siempre en el lado de la integridad (aspecto sustantivo) y complementariamente de la transparencia (carácter instrumental en la rendición de cuentas de actividades, resultados y remuneración de los servidores públicos y dependencias).

Las crisis económicas y la pobreza son consecuencia de la falta de oportunidades, así como la pérdida de confianza política debido a la eterna cultura de la corrupción en los pueblos latinoamericanos producto de políticas mal encausadas.

Países como Brasil, México, Chile, Argentina, España e Italia, entre otros, destacan en los primeros lugares de baja credibilidad del gobierno por actos de corrupción, rapiña, desmantelamiento de Instituciones y poca o nula transparencia en sus actividades. En ese sentido, La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) puede ilustrar apenas en una parte aproximada a la realidad de la distancia entre la verdad y congruencia de los gobernantes y sus prácticas.

La ética institucional estriba en la tendencia dicotómica. La buena o mala ética pública es un espejo en el que se mira la ciudadanía, impregna  e influye en la sociedad, replica sus valores y conductas. La integridad institucional ha despertado conforme la corrupción se hacía más presente en el espacio público, como mecanismo reactivo y semillero de los vicios en Instituciones corruptas, dictatoriales y/o populistas. Rendición de cuentas y auditorias son imperativas en la función pública, así como prevenir y consolidar mecanismos internos anti-corrupción.

La participación ciudadana y el cabildeo entre los grupos de interés en las cámaras legislativas deben ser incluyentes y sin tráfico de influencias o compadrazgos.

Quienes dirigen o gestionan nuestros asuntos públicos son parte de esa estructura social y trasladan sus valores al ejercicio de su actividad.

Nos gusta escandalizarnos de los políticos que tenemos, sin embargo, nunca nos sorprendemos de nuestra baja calidad moral en nuestras acciones cotidianas en la familia, en el trabajo, con la sociedad y nosotros mismos.

No puede haber políticos íntegros moralmente o políticos transparentes en su totalidad cuando la sociedad no ha interiorizado esos valores.

(*) Licenciado en Administración por la UNAM y Especialidad en Política y Gestión Energética y Medioambiental en FLACSO sede México. huggoflores.hf@gmail.com

La corrupción es un delito universal que mina la credibilidad de un Estado y sus Instituciones, reduciendo su potencial para hacer valer los derechos humanos fundamentales como educación, salud, vivienda, cobertura de servicios básicos, entre otros.  Es un mecanismo perverso a través del cual los bienes públicos se convierten en privados.

Desde la perspectiva ambiental, la corrupción no es inocua. Suele ser evidente al tratar de imponer u ocultar los impactos asociados a proyectos de explotación de recursos naturales en áreas sensibles, destruyendo el capital natural de las futuras generaciones.

Existen diferentes niveles de corrupción, desde aquellos actos cometidos en las altas esferas del Gobierno, que manipulan y distorsionan los mecanismos de asignación de recursos, hasta el abuso cotidiano del poder por los funcionarios públicos que interactúan con la ciudadanía.

Sería erróneo limitarnos a pensar que estos mecanismos sólo se pueden circunscribir a cuestiones tangibles. Aprovecharse políticamente de los sentimientos y necesidades insatisfechas de la sociedad en busca de ambiciones personales manifiestas a través de propuestas de carácter populista, es también una forma de corrupción.

La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, establece que cada Estado podrá tomar las medidas necesarias para investigar, enjuiciar y sancionar la corrupción y sus delitos asociados como lavado de dinero, obstrucción de la justicia, tráfico de influencias, soborno, malversación u otras formas de desviación de bienes. El hecho de que un Estado actúe negligentemente frente a la corrupción, transmitirá una percepción errónea de que estas conductas son permitidas o quedan impunes, convirtiéndola en un acto cotidiano para la sociedad.

De igual forma, esta Convención contra la Corrupción fomenta la participación activa de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales, en la prevención y lucha contra la corrupción, con el fin de sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, causas, gravedad y amenaza que ésta representa.

Contrario a lo que se pueda pensar, la corrupción no es un problema genético al que nos encontramos predispuestos; que se manifieste en mayor o menor grado, dependerá de la integridad del individuo y de que tan fuertes se encuentren las instituciones de Gobierno.

La integridad y la transparencia, son valores asociados a entereza moral, rectitud y honradez en conducta y comportamiento: una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar y un Estado transparente es aquel que comunica lo que hace.

*Ingeniero Químico, estudios de postgrado en Ingeniería Ambiental. Especialista ambiental en Petróleos Mexicanos y Profesor de Ingeniería Ambiental en la Universidad Tecnológica de México.

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