El crecimiento acelerado de las energías renovables es una gran noticia para el planeta, pero también plantea una pregunta incómoda: ¿podría este auge convertirse en una nueva burbuja? Esta surge cuando la expansión y las inversiones superan la capacidad real del sistema eléctrico y la sociedad para absorberlas, priorizando proyectos sobre análisis profundos de necesidades reales a largo plazo.

Causas globales de la burbuja verde

Políticas de incentivos generosos, como subvenciones, primas y beneficios fiscales, han atraído capital masivo al sector renovable, pero a menudo no existen planes integrales para conectar estas fuentes al sistema eléctrico global.

La presión mundial por descarbonizar ha canalizado fondos hacia retornos rápidos y en alineación con políticas ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), acelerando el crecimiento de estos proyectos. Sin embargo, la falta de inversiones paralelas en redes de distribución y almacenamiento ha generado “vertidos” de energía no consumida, revelando desequilibrios estructurales.

Consecuencias económicas, ambientales y sociales

Este auge trae beneficios, pero también retos serios. Caídas bruscas en la rentabilidad y los paros en instalaciones provocan desempleo y pérdidas en empresas que dependen de subsidios, mientras cambios regulatorios erosionan la confianza inversora.

Ambientalmente, el desarrollo desordenado de proyectos, afecta la biodiversidad y los paisajes; socialmente, se generan conflictos locales por falta de consenso, ralentizando así la transición.

España: liderazgo con luces y sombras

Según datos de Red Eléctrica de España (REE), durante 2024, la generación renovable alcanzó el 56 %, el nivel más alto registrado, aunque también se reportaron picos de vertido solar por falta de almacenamiento suficiente.

El país muestra todos los síntomas de una posible burbuja:

• Crecimiento instalado por encima de lo planificado, pues la energía fotovoltaica y la eólica superaron en hasta un 85% y 27%, respectivamente, los objetivos nacionales del Plan Nacional de Energía y Clima.
• Vertidos de la energía renovable no utilizada debido a la saturación en las horas de mayor generación solar.
• Tensiones sociales y territoriales ya que muchas comunidades critican la falta de planificación y el impacto paisajístico y rural de grandes parques renovables instalados sin consenso.
• Desconfianza e inestabilidad en el sector debido a la incertidumbre regulatoria por los cambios en primas y subastas.

Cómo evitar una crisis de las renovables

Una transición exitosa exige planificación estratégica pública a mediano y largo plazo, con énfasis en redes inteligentes y almacenamiento para manejar la variabilidad renovable. La coordinación entre autoridades, empresas y ciudadanía es vital, junto a evaluaciones ambientales previas, participación local temprana y reparto equitativo de beneficios y cargas. Combinar visiones globales (acuerdos climáticos) con locales, asegura viabilidad técnica y social.

Ciudadanía informada, energía sostenible

La experiencia española ofrece lecciones para América Latina: planificar sistémicamente previene sobreinstalaciones y conflictos. La transición es colectiva, demandando transparencia y acceso a informes oficiales para una visión crítica. Apoyar innovación en almacenamiento, digitalización y redes inteligentes maximiza la eficiencia, mientras la educación forma profesionales para este motor de empleo. Solo una ciudadanía activa garantizará un futuro sostenible, justo y seguro.

Debemos estar listos para participar ¿realmente lo estamos?

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(*) Ingeniero de los Recursos Naturales Renovables. Experta en gestión de proyectos, desarrollo sostenible y medio ambiente. Facilitadora de procesos en el marco del desarrollo sostenible. Líder Global de Vinculación y Sostenibilidad de Vitalis. Contacto: https://www.linkedin.com/in/nievesdacilhernandez/

En tiempos donde los desafíos ambientales se intensifican, la necesidad de actuar colectivamente se vuelve urgente. Sin embargo, aún persiste una desconexión entre el impacto individual y el efecto acumulativo que nuestras acciones tienen sobre los ecosistemas, las especies, los mares. Esta brecha de conciencia limita el alcance de los esfuerzos de conservación y dificulta la construcción de soluciones sostenibles.

La protección ambiental no es tarea exclusiva de gobiernos o especialistas. Es una responsabilidad compartida que requiere de la participación activa de ciudadanos, empresas, instituciones educativas, organizaciones sociales y comunidades locales. Cada uno, desde su arista, puede aportar conocimientos, recursos y capacidades que, al integrarse, generan un ecosistema colaborativo capaz de sostener un plan de acción alineado.

Cuando hablamos de conservación, solemos pensar en grandes proyectos o políticas públicas. Pero la realidad es que cada acción cuenta. Desde reducir el uso de plásticos hasta participar en jornadas de limpieza costera, nuestras acciones individuales tienen un impacto directo en nuestros ecosistemas. Muchas veces, no tenemos visibilidad de que ese impacto se multiplica cuando se articula con otros esfuerzos y aliados.

Un ecosistema colaborativo reconoce que la suma de voluntades puede generar transformaciones profundas. Por ejemplo, una empresa turística que adopta prácticas sostenibles, una escuela que educa sobre biodiversidad marina y una comunidad que protege sus playas, están trabajando hacia el mismo objetivo, aunque desde lugares distintos. La clave está en conectar esas iniciativas, compartir aprendizajes y coordinar esfuerzos para diseñar e impulsar un plan de acción alineado. De esta forma, el ecosistema colaborativo no solo coordina esfuerzos, sino que multiplica su impacto en conservación y desarrollo sostenible.

La educación ambiental es el puente que une el conocimiento con la acción. No basta con saber que los arrecifes están en peligro o que el turismo puede ser una fuente de contaminación si no comprendemos cómo nuestras decisiones cotidianas afectan en esos problemas. Por eso, las ONG enfocadas en educación tienen un rol fundamental en este ecosistema colaborativo.

A través de talleres, campañas, contenidos digitales y experiencias vivenciales, se puede fomentar una ciudadanía consciente, capaz de tomar decisiones informadas y de exigir políticas públicas coherentes. Además, la educación permite identificar talentos locales, fortalecer liderazgos comunitarios y promover soluciones adaptadas al contexto.

El sector privado también tiene un papel clave. Las empresas, especialmente aquellas vinculadas al turismo, la pesca o el comercio costero, dependen directamente de la salud de los ecosistemas. Integrar la sostenibilidad en sus modelos de negocio no solo es ético, sino estratégico.

Cuando los negocios se alinean con los objetivos de conservación, se convierten en aliados poderosos. Pueden financiar proyectos, innovar en productos ecológicos, capacitar a sus empleados y sensibilizar a sus clientes. Además, al trabajar junto a comunidades y organizaciones, pueden generar valor compartido y fortalecer su reputación.

Para que este ecosistema colaborativo funcione, es necesario construir un plan de acción que refleje las necesidades, capacidades y aspiraciones de todos los actores involucrados. Este plan debe ser flexible, inclusivo y orientado a resultados. No se trata de imponer una visión única, sino de encontrar puntos de encuentro que permitan avanzar juntos.

La experiencia de organizaciones como Vitalis demuestra que es posible articular esfuerzos diversos en torno a objetivos comunes. Lo importante es establecer canales de comunicación, promover la transparencia, y valorar cada aporte, por pequeño que parezca.

La conservación ambiental no puede seguir siendo una tarea fragmentada. Necesitamos focalizar esfuerzos en conjunto para construir un ecosistema colaborativo donde cada persona, organización y negocio entienda que su rol es parte de un todo. Solo así podremos diseñar y ejecutar un plan de acción alineado, capaz de proteger nuestros ecosistemas, fortalecer nuestras comunidades y asegurar un futuro sostenible.

Un claro ejemplo de Ecosistema Colaborativo es el proyecto Nuestras Costas, Nuestro Futuro donde fundaciones, universidades y comunidades costeras colaboran para proteger ecosistemas marinos. Este proyecto es impulsado por la Unión Europea en colaboración con la Universidad Metropolitana, la Fundación Potabilis y la ONG Vitalis.

Estas organizaciones aliadas crearon un plan de acción alineado con el foco de mejorar la calidad de vida de 5 poblados costeros en La Guaira: Osma, Oritapo, Todasana, Urama y La Sabana. Así se muestra como las alianzas convierten las ideas en acción. Porque cuidar el planeta no es tarea de unos pocos, sino de todos los que creemos en un futuro sostenible.

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(*) Licenciada en Comunicación Social, especialista en Transformación Organizacional tomando la comunicación como vehículo de transformación. Tallerista de escritura consciente para el corazón. Colaboradora de Vitalis Venezuela. Contacto: aperez@vitalis.net / ana@tallocomunicaciones.com

En Venezuela existe un marco legal ambiental pionero en el continente con instituciones que sirvieron de referencia a muchos países para el establecimiento de su orden ambiental. Contamos con un soporte legal ambiental desde la Constitución Nacional hasta numerosas leyes y decretos que han servido en su momento para establecer los marcos técnicos y las mejores prácticas en muchos proyectos.

Lo anterior contrasta con lo que el ciudadano común puede ver en su día a día a lo largo del territorio nacional; sobreexplotación de recursos, mala calidad de vida por deficiencia de servicios, afectaciones diversas al ambiente que van en incremento, impunidad ante el daño ambiental, ausencia de políticas efectivas, uso de propaganda ambiental sin ningún tipo de resultados, falta de compromisos en el logro de metas ambientales y abundancia de proyectos realizados de manera expedita con la finalidad de satisfacer una necesidad a corto plazo o un compromiso político.

La cacería de proyectos de alto impacto económico de los últimos años en Venezuela por parte de empresas internacionales, gobiernos y políticos, desató la ejecución de obras colosales de muy alto costo monetario y ambiental para el país, sin que las mismas hayan llegado a su conclusión.

Se ha caído en un letal letargo que se ha acentuado por la sobreexplotación de recursos, la impunidad, el desconocimiento, el descontrol, la falta de respeto a las autoridades, la vergonzosa politización de los efectos ejercidos sobre el medio y su adjudicación a modelos económicos, así como el aumento exponencial de actividades responsables de incrementar diversos tipo de riesgos ambientales y sanitarios. Todo ello maquillado dentro de una política antrópica y errática que reproduce algo que llaman logros y metas en el más reciente documento consignado ante la Cumbre del Cambio Climático de París COP21. Mediante el uso de lineamientos ambiguos tras fachadas de una inverosímil fantasía de tintas iridiscentes, vacías y penosas, se evidencia la inexistencia en Venezuela de la más mínima lógica estadística en materia ambiental.

Para lograr todo lo anterior se deberá hacer una reconstitución de la institucionalidad a nivel ambiental, comenzando por el trabajo moral y el reanimo a los funcionarios de carrera a nivel nacional que los haga asumir el compromiso que conllevan con sus cargos, apoyar el resurgimiento de las instancias ambientales, la capacitación continua y la dotación.

(*)  Ing. Geólogo (UCV), Ing. Geotécnico (USB), MSc. Análisis Ambiental (Royal Holloway Reino Unido), se desempeña desde 2005 como director de Agencia Ambiental, es asesor del sector minero en Sur América.

Email: agenciaambiental@gmail.com