El presidente Donald Trump clausuró la página en Español de la Casa Blanca. Hizo lo mismo con la página sobre el calentamiento global.

También ordenó que la Agencia de Protección Ambiental (EPA, equivalente a un ministerio del ambiente), el Departamento de Agricultura, la Agencia Nacional Aeronáutica y Espacial (NASA) el Servicio Nacional de Parques, entre otras dependencias gubernamentales, no pueden  comunicarse directamente con el público sin autorización previa sobre temas específicos, como el calentamiento global.

El martes 24 de enero el Badlands National Park divulgó el siguiente mensaje vía twitter: “La concentración de CO2 en la atmósfera es hoy la mas alta de los últimos 650.000 años“. Continuó destacando el aumento en la acidez de los océanos y otros indicadores de la tormenta climática global que se avecina, concluyendo con un recordatorio sobre la obligación del Servicio Nacional de Parques de “proteger los parques para que permanezcan como un legado inalterado para las generaciones futuras“.

El mensaje fue considerado “un acto radical de subversión” por Ryan Zinke, nominado por Trump como director del US Department of the Interior, al que se encuentra adscrito el servicio de parques. El Servicio Nacional de Parques tuvo que disculparse y el tweet eliminado.

Zinke, republicano de Montana, apoya la explotación de tierras públicas, incluyendo los parques nacionales, para la extracción de petróleo, gas, madera y minerales (New York Times Jan 17 2017). “La minería y la recreación, por ejemplo, no son mutuamente excluyentes” le declaró al New York Times.

El Departamento del Interior maneja 200 millones de hectáreas de tierras públicas, un quinto de la superficie del país, mas 800 millones de hectáreas bajo el mar. Supervisa además territorios de donde proviene el suministro de agua para mas de 30 millones de personas.

Zinke defiende la construcción del oleoducto Keystone XL y la explotación de carbón mineral. Durante su gestión en el congreso, Zinke apoyó legislación para permitir la construcción de gasoductos a través de parques nacionales y refugios de fauna. También apoyó la legislación HR 1937 para limitar la auditoría pública de la minería en tierras públicas.

Aunque no niega el calentamiento global, sostiene erróneamente que “los registros de temperatura en los años mas recientes contradicen las proyecciones de los modelos climáticos” (aretechnica 12 13 16).

“Si jugamos a la ruleta rusa, con una probabilidad de 1 en 6 de provocar una catástrofe, debemos ser prudentes… pero esa prudencia debe tomar un segundo lugar ante la necesidad de asegurar la independencia energética de Estados Unidos”

Zinke le envió una carta pública al entonces presidente Barack Obama en el 2010 exigiendo apoyo inmediato al desarrollo de energía renovable para evitar los “costos catastróficos” del calentamiento global (2010 letter). Pero cuatro años después, como candidato a un cargo público, negó que el calentamiento global fuese una amenaza, señalando: “no es un fraude, pero tampoco es ciencia cierta” (saying). En el interino Zinke recibió 345.000 dólares en contribuciones de compañías involucradas en la explotación de petróleo y gas en tierras públicas (Desmog).

Trump ha reiterado públicamente que, a su ilustrado entender, el calentamiento global no es mas que “un fraude chino para minar la competividad de los productos norteamericanos“. Entre sus primeros actos ejecutivos se encuentran la aprobación de los oleoductos Keystone XL y el Dakota Access. El primero transportará 850.000 barriles de petróleo extrapesado diarios por 3.456 kilómetros desde Hardisty, en el sur-oeste del Canadá, hasta Port Arthur, en las costas de Texas en el golfo de México. El Dakota Access se extiende por 1.900 kilómetros para transportar 470.000 barriles de petróleo diariamente desde el campo Bakken en Dakota del Norte hasta Patoka, Illinois.

Justo cuando Trump reiteraba sus observaciones sobre el “fraude chino“,  la prestigiosa revista Nature publicaba un nuevo informe, producto del esfuerzo mancomunado del Instituto Potsdam para la Investigación sobre el Cambio Climático de Alemania, el Departamento de Meteorología y el Departamento de Estadística de la Universidad de Pennsylvania y el Departamento de Ciencias de la Tierra y el Ambiente de la Universidad  de Minnesota (Scientific Report 6, Art 19831, 2016).

Sus conclusiones reafirman los resultados de múltiples investigaciones anteriores, fielmente reflejadas en los informes oficiales del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la Organización de Naciones Unidas.

La temperatura superficial promedio durante el 2016 superó en 1,2ºC el promedio de la época pre-industrial, un valor que no se ha presentado en la superficie del planeta en al menos 650.000 años. La probabilidad de que la tendencia al progresivo aumento de la temperatura superficial se deba a factores independientes de la actividad humana es inferior a la probabilidad de que a una persona promedio le caiga un rayo. Cuando Trump afirma que “en realidad nadie sabe si el calentamiento global es real“, como le declaró a Fox News, está insultando tanto a la comunidad científica internacional como a la inteligencia de su propia ciudadanía.

Sin embargo, la opinión de Trump sobre el calentamiento global es similar a la de su nominado a dirigir la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Scott Pruitt, quien hasta entonces ejerciera como fiscal general de Oklahoma. En su interpelación en el congreso, Pruitt señaló que, contrario a lo que afirma Trump, el si cree en el calentamiento global, pero que “la habilidad para medir la extensión de su impacto y determinar que hacer al respecto se encuentra en discusión“.

El senador Bernie Sanders le recordó el abrumador consenso científico internacional sobre la materia y que tanto la NASA como la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) han reiterado por años que el calentamiento global es una amenaza global cierta, presente y creciente, provocada por la actividad humana, y que el 2016 fue el año mas caliente en cientos de miles de años.

La senadora Tammy Duckworth puso en duda la sinceridad de las declaraciones de Pruitt ante el comité de postulaciones del congreso, señalando que sólo estaba aportando respuestas vagas para facilitar su confirmación. Se refirió al contraste entre lo que decía en ese momento y su historial durante sus años como fiscal general de Oklahoma.

Pruitt demandó penalmente 14 veces a la organización que ahora dirige, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) por sus reglamentaciones para evitar la contaminación industrial del aire y el agua, por las exigencias para reducir las emisiones de gases del parque automotor, por las limitaciones a las emisiones de las plantas eléctricas que consumen carbón mineral, por la reglamentación para reducir las emisiones de metano por parte de la industria petrolera y gasífera. Pruitt ha insistido en que la EPA le ha hecho daño a las empresas y a la economía norteamericana con “medidas difíciles y costosas… El pueblo norteamericano está cansado de ver como se desperdician miles de millones de dólares debido a regulaciones innecesarias de la EPA“.

El senador Ken Cook señaló tajantemente: “Ningún ciudadano norteamericano ha votado por aire y agua mas sucias. Pero si Pruitt asume el control de la EPA, eso es precisamente lo que nuestras comunidades tendrán que enfrentar. Todos debemos rechazar esta nominación, por la salud de nuestros constituyentes“.

Trump también ha señalado que retirará a los Estados Unidos del Acuerdo Climático de Paris, tal y como lo hizo su antecesor George Bush cuando se retiró del Protocolo de Kioto en el 2001 apelando a un argumento igualmente falaz: el calentamiento global es una farsa.

Otro de los prominentes negacionistas del calentamiento global es Rex Tillerson, el nuevo Secretario de Estado del gobierno de Trump. Tillerson se desempeñó por años como presidente de la Exxon Mobil, una de las empresas petroleras mas grandes del mundo y activo promotor de la destructiva adicción norteamericana al petróleo. En la reunión de accionistas de Mayo 2016, Tillerson afirmó: “No existen fuentes alternativas de energía conocidas en el planeta, o disponibles en la actualidad, para reemplazar a los combustibles fósiles en nuestra economía, en nuestra propia calidad de vida … para nuestra propia sobre-vivencia” (UCS 07 06 2016).

Los fiscales generales de siete estados norteamericanos: New York, California, Massachusetts, Vermont, Vurginia, Maryland y Virgin Islands, han sometido a la empresa Exxon Mobil a investigaciones paralelas y coordinadas por fraude en el manejo de información científica sobre los efectos climáticos del consumo de combustibles fósiles, para maximizar ganancias a expensas del bien público. Señalan que científicos especialistas de Exxon le habrían informado a los órganos directivos hace mas de 35 años que las emisiones de CO2 provenientes del consumo de combustibles fósiles conduciría irremediablemente al calentamiento global y pondría en peligro a toda la humanidad. Sus propios científicos habrían advertido que una duplicación en la concentración de CO2 en la atmósfera provocaría un aumento en la temperatura promedio del planeta de al menos 3ºC y de al menos 10ºC en los polos. La directiva de Exxon decidió esconder los resultados de tales investigaciones e impidió que se le informara tanto a los accionistas como al público. Decidió, por el contrario, financiar campañas para negar la vinculación entre el consumo de combustibles fósiles y el calentamiento global.

Una propuesta de ley ha sido introducida al Congreso norteamericano para retirarse de la Organización de Naciones Unidas y expulsar su sede de Estados Unidos (proposición HR 193 – American Sovereignty Restoration Act). El presupuesto actual de la ONU es de 5.600 millones de dólares, de los que EUA aporta el 22% a cambio de que un  porcentaje equivalente de puestos claves de decisión corresponda a funcionarios seleccionados por el gobierno norteamericano. La segunda contribución mas elevada es la de Japón, equivalente al 9,7% del total, seguido por China con el 8%.

Trump ha igualmente ordenado “fortalecer y ampliar la capacidad militar nuclear de Estados Unidos hasta que el mundo recobre su sentido sobre las armas nucleares” (dic 22 2016).

La “revolución de colores” que parece gestarse en Estados Unidos, en reacción a la llegada al poder de Donald Trump y su equipo de multimillonarios, quizás sirva como detonante para que la ciudadanía de todo el continente americano se subleve contra la evidente incompetencia de políticos y burócratas en quienes que hemos infructuosamente delegado por décadas la solución de emergencias planetarias, como el calentamiento global, la pobreza, la desigualdad o las armas nucleares.

De lo contrario, mas temprano que tarde nos veremos forzados a reconocer que hemos cruzado el punto de no-retorno; que tendremos que conseguir con urgencia algún otro planeta para asegurar la sobre-vivencia de la humanidad, pues habremos provocado una destrucción irreparable de esta pequeña perla azul donde nos hemos desarrollado.

Debido a la amenaza combinada de las armas nucleares y el calentamiento global, el Comité de Científicos Atómicos decidió el 26 de Enero 2017 mover las agujas de su icónico reloj del juicio final (doomsday clock) para marcar, por primera vez en sus 70 años de historia,  2 minutos y medio para la media noche: la hora de la catástrofe planetaria. En su comunicado señalan: “La seguridad mundial se vió severamente afectada durante el 2016 ante la incapacidad de la comunidad internacional para atender las dos principales amenazas a la existencia humana: las armas nucleares y el calentamiento global“. En cuanto al calentamiento global destacan: “El mundo continúa calentándose. Mantener la temperatura por debajo de niveles catastróficos exige reducir las emisiones de gases de efecto invernadero muy por debajo de lo acordado en Paris“.

Las decisiones sobre el movimiento del reloj las toma el Comité de Científicos Atómicos en consulta con 15 premios Nobel.

jc-centeno@outlook.com

Enero 30 2017

Imágenes cortesía de Pixabay.

El Agua es un bien estratégico más valioso que el petróleo, porque sustenta la vida.

No se equivocan quienes aseguran que la tercera guerra mundial será por el agua, ya que es un derecho universal. Sin embargo, su disponibilidad está sesgada por factores como la contaminación, la manipulación económica y las políticas públicas. Con el crecimiento de las poblaciones, su uso aumenta, convirtiéndola en un bien estratégico para las naciones.

La creciente demanda de agua para la agricultura, la industria y el consumo doméstico acota el crecimiento económico a las zonas con abundancia. Para el caso de México, cada administración gubernamental establece en el Plan Nacional de Desarrollo, la Gestión Integral de los Recursos Hídricos en sus diferentes niveles, pero son planes a corto plazo.

La precaria planificación y sobre todo la carencia de educación ambiental, dentro de las políticas públicas, limita el tratamiento de aguas residuales y consecuentemente su reutilización. Esta falta de conciencia colectiva para el manejo y uso adecuado del agua dulce, genera desperdicios, daños a la salud y al medio ambiente, que al final inciden en gastos para mitigar las consecuencias.

En la Constitución Política de México está claramente definido el marco legal en materia de Aguas (Art. 27) y las Leyes que de ella emanan, su reglamento para la explotación, uso y aprovechamiento, así como su distribución y control. Sin embargo, el tema de la privatización que busca modificar la Ley de Aguas Nacionales y la Ley Federal de Derechos para que privados controlen y cobren por la prestación del servicio, es un tema que nos atañe a todos como ciudadanos y que no podemos dejar pasar por alto. Ni siquiera hemos sido capaces de administrar adecuadamente tan valioso recurso, pero ya lo pretenden privatizar.

Estamos obligados a participar en la búsqueda de soluciones y alternativas de crecimiento y desarrollo sustentable, orientadas a la preservación del medio ambiente de forma integral, que además consideren mitigar y reducir el impacto de nuestras actividades sobre los recursos hídricos.

Sus propuestas y comentarios son bien recibidos, porque estoy convencido que trabajando juntos podemos, alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.

El agua es un bien estratégico más valioso que el petróleo, porque sustenta la vida. En la especie humana radica la posibilidad de disfrutarla a perpetuidad.

(*) lctorruco@gmail.com.

Fuente de la imagen del agua: Aizpun

El Fondo Verde para el Clima es un mecanismo multilateral de financiamiento, cuya idea nace en el año 2009 durante la cumbre de Copenhague.

Posteriormente para el año 2011, este proyecto es adoptado por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) y protagonizando un importantísimo rol pues este Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés), además de ser una herramienta fundamental en la transformación hacia economías bajas en carbono, vendría a operar como un mecanismo de distribución de recursos desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo, con la finalidad de contribuir con estos últimos en el financiamiento de proyectos que les conlleven a la mitigación y adaptación al cambio climático, considerando que su responsabilidad en el origen de estos cambios climáticos ciertamente es mucho menor.
Originalmente, el Fondo Verde para el Clima, abierto a contribuciones monetarias, partió con el propósito de involucrar únicamente a las potencias industrializadas, mayormente responsables de la emisión de gases de carbono, con la tendencia de que a largo plazo los países en desarrollo también fueran incorporándose a esta iniciativa, claro está, con una participación monetaria inferior. Su lanzamiento finalmente ocurre al cierre del año 2013 con un compromiso inicial de 40 millones de dólares y la expectativa presente de sus integrantes es que para el año 2020 se eleve a los 100 millones de dólares anuales.

Bajo este contexto, el Fondo pasaría a distinguirse en los próximos años como el Centro de las Finanzas Climáticas Internacionales. Ahora bien, en la actualidad, el Fondo Verde para el Clima está conformado para recibir aportes tanto de países industrializados como de países en desarrollo, y a la fecha ha recibido compromisos de unos 22 países, entre ellos Canadá, Japón, Suiza, Suecia, Alemania, entre otros. Se espera se sume Corea del Sur y por Latinoamérica México, Perú, Panamá y Colombia. Recientemente, coincidiendo con el arranque de la Cumbre de Cambio Climático de Naciones Unidas (COP20) iniciada en Lima (Perú) el pasado Lunes 1° de diciembre, nuevas contribuciones fueron ya anunciadas, como es el caso de España con un compromiso ejemplar al Fondo por 120 millones de Euros. Por su parte, Estados Unidos, siendo uno de los mayores contaminantes del planeta, anunció una
contribución de 3.000 millones de dólares, seguido por China con 1.500 millones y Gran Bretaña con 1.100 millones. Así, el Fondo tiene ya compromisos anunciados por 9.700 millones de dólares.

En cuanto al Consejo que actualmente dirige este Fondo Verde para el Clima, éste se encuentra integrado en partes iguales entre naciones ricas y pobres, y aunque el Fondo cuenta ya con procedimientos básicos de funcionamiento, las reglas para la asignación de los recursos ha resultado una tarea histórica, pues sus integrantes llevan el reto de diseñar, en términos de equidad, un esquema con rendición de cuentas que permita de manera eficaz y eficiente hacer frente a los desafíos del cambio climático, al tiempo de garantizar soluciones a las necesidades de los países en desarrollo.

Hasta ahora, se ha avanzado en una etapa inicial de reglamentación, sin embargo aún restan muchos temas por definir en materia de control, de conceptualización de los aportes respecto a si serán tomados como donaciones o como préstamos, del tiempo para la utilización de estos recursos, e incluso de la aceptación o no de condiciones para estos aportes.

Los acuerdos que se logren alcanzar en Lima durante esta Cumbre de Cambio Climático de Naciones Unidas (COP20) con relación a estos temas, así como el compromiso que se anunciará en cifras de naciones en desarrollo para incorporar nuevos aportes al Fondo, serán factores determinantes para el éxito de la capitalización de esta iniciativa, que sin duda generará nuevos incentivos para el aumento de las contribuciones, y lo más importante, permitirá financiar inversiones para infraestructuras bajas en carbono.
(*) Ingeniera Civil, mrslcastaneda@gmail.com

@mcastan80239629

La tendencia universal en materia ambiental está dirigida a la tutela constitucional de los derechos humanos vinculados a la protección del ambiente. Los daños ambientales, así como la degradación y/o modificación de los ecosistemas, han vuelto la mirada del derecho para su protección, dando origen al nacimiento de la relación entre derechos humanos y ambiente, vínculo cuya temática ha alcanzado a todas las regiones del mundo, planteando retos fundamentales que los Estados deben afrontar de manera sostenible en los próximos años.

En Venezuela, el derecho al ambiente sano es un derecho humano fundamental, que cuenta con una cláusula ambiental basada en un Estado democrático, social de derecho y de justicia, exaltando desde el preámbulo constitucional el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad, configurado así por mandato del constituyente como derecho-deber, que tiene un valor transversal para todas las políticas públicas, y sólo necesita de exigibilidad y justiciabilidad, para cumplir con el principio de progresividad de los derechos humanos, cuya garantía está consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1999, como un derecho humano fundamental claro e inequívoco.

La tutela judicial se encuentra reconocida en el artículo 26 constitucional, como derecho de acceso a la justicia, entendido como derecho de protección, para todos los ciudadanos, priorizando el derecho a la defensa para responder a la necesidad conservacionista del ambiente en razón de su principio de equidad generacional, consagrado en el artículo 127 constitucional.

No obstante, la fusión del Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Vivienda y Hábitat, no debe abandonar los postulados consagrados en nuestro marco constitucional, más aun, debe imperar el compromiso por llevar adelante los principios de la Declaración de Estocolmo (1972), que promovió en Venezuela la creación del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, pionero en América Latina, para atender políticas públicas ambientales de avanzada desde hace más de cuarenta años.

Ello conlleva a exhortar desde nuestra tribuna, a las autoridades del fusionado ministerio a seguir trabajando incansablemente y de manera articulada con los sectores involucrados con otros ministerios, entre ellos, salud, alimentación, agricultura y tierras, organizaciones no gubernamentales, universidades, asociaciones civiles, consejos comunales, contralores sociales, en fin, todos los actores que hacemos vida social, porque la lucha por la dignificación de los derechos siempre será hasta alcanzar la justicia ambiental, tantas veces vilipendiada por intereses ajenos a la calidad de vida que nos merecemos como ciudadanos.

Los derechos y deberes son de todos los ciudadanos, pero el derecho humano al ambiente sano es una garantía constitucional, que con ministerio o sin ministerio nunca dejará de ser un derecho humano fundamental constitucional.

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* Abogada. Directora de Derecho Ambiental y Políticas VITALIS. Profesora de Derecho Ecológico en la Universidad Santa María y de Derecho Ambiental de la Universidad Metropolitana. Es Secretaria Ejecutiva de la Sociedad Venezolana de Derecho Ambiental.

Sin dudas desde hace cuatro décadas el asunto ambiental ha formado parte de la agenda política nacional, con sus propios procesos epistémicos evolutivos que ha asumido históricamente esta temática. Lamentablemente hoy sin sustentaciones teóricas claras sobre educación ambiental, concepciones ambientales reduccionistas y erradas; se tomas decisiones políticas que se visualizan como acciones en contra de la lucha ambiental venezolana, refiriendo esto por la actual decisión de fusión ministerial Ambiente con Vivienda y Hábitat, agregando un llamado ¿ecosocialismo?.

Desde la formación de una Constituyente Ambiental que pretende crear agendas decisorias con las mismas debilidades antes mencionadas, se podía presuponer que lo que venía no era lo mejor para el ambiente venezolano, entendido este como sistema con relación interdependiente entre los elementos naturales y sociales en la construcción de sociedades con calidad de vida transgeneracional.

Se puede entender esta circunstancia desde el reduccionismo conceptual de ambiente, que se evidencia en diferentes espacios sociales, y lamentablemente aun en el sector educativo. El propio marco legal ambiental venezolano muestra la despreocupación en mostrar el ambiente desde la complejidad que representa, fraccionando y atomizando el contenido ambiental perdiendo la esencia en la aplicabilidad de la ley; como ejemplo: Una Ley de Diversidad Biológica (2008) y una Ley de Bosques (2013), una con fuerte visión biocéntrica y otra mercantilista respectivamente; igualmente se evidencia el uso de la palabra ambiente en el ámbito laboral, como espacio de ocupación en actividades de trabajo; en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2009), se entiende desde una visión naturalista, marginada únicamente a los grupos indígenas; en otras leyes es presentado en su mínima o nula expresión.

El mismo Plan de la Nación (2013-2017) muestra un reduccionismo de la dimensión ambiental, diciendo “Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana” se evidencia una concepción biocéntrica, nunca ecocéntrica como está planteado en el discurso ambiental mundial, sumado a una evidencia antropocéntrica que contrarresta el primer enunciado. Termina concretando 7 políticas, de las cuales 3 se centran el recurso agua, 2 en sensibilidad ambiental (educación), una en asuntos económicos (con ambigüedad discursiva en el desarrollo esperado: sostenible, sustentable o “ecosocialismo”); y por último una referida a los “desechos sólidos”, que según los conceptos bien usados debía incluir residuos. Pare de contar la cantidad de incongruencias en una Nación sin ética ambiental por una dependencia petrolera que aporta al deterior ambiental mundial, haciéndonos dependientes económicos de un recurso natural nada sostenible para el planeta.

Por otra parte se evidencia la desvalorización del conocimiento ambiental y gerencial; hemos visto estos últimos años ocupando cargos ambientales en diferentes organismos gubernamentales a personas sin las competencias adecuadas para asegurar una gestión ambiental eficiente. Tenemos fortalezas como país, por contar con educación profesional en ambiente; egresan profesionales en diferentes niveles académicos con competencias ambientales que podrían ocupar los cargos.

Los que trabajamos en los asuntos ambientales, desde hace años hemos visto el deterioro del Ministerio del Ambiente, por la falta de concreción en las funciones que le compete, el desmantelamiento de sus fuentes de información e inutilidad de sus laboratorios. Lamentablemente se han limitado a cumplir órdenes de popularización desde acciones aisladas con poca efectividad; y no en accionar la trascendencia que se espera de ellos, participando en la toma de decisiones para incorporar la dimensión ambiental en los planes de desarrollo del país.

Recordemos que el Ministerio del Ambiente venezolano representó un referente histórico para América Latina (1976), por su creación y solides conceptual inicial. Mientras muchos otros países latinoamericanos por años trataron al ambiente marginalmente, en fusión con otros estamentos decisorios, luego llegaron a darle el valor debido. Hoy nosotros retrocedemos.

Da vergüenza que hoy atropellen al ambiente desde una concepción política ideológica que también tiene antecedentes nefastos en el deterioro ambiental, como señala Gorbachov en su famoso libro la Perestroika, la destrucción de la ex unión soviética en nombre del comunismo. Nos insultan desde la diversidad cultural que incluye las diferencias ideológicas, realmente creen ¿qué el ambiente tiene una única posición en este sentido?. El planeta es un sistema complejo con toda la diversidad incluyente y complementaria, como dice Morín: dialógico donde se debaten las contradicciones; recursivo porque todo lo que se hace terminará teniendo consecuencias en diversos sentidos; y hologramático porque aun cuando quieran ver el ambiente como una parte de la realidad nacional, estará siempre en todo y en todos.

Qué podemos esperar de un cambio ministerial más, sino gasto de los recursos del Estado y más retraso en el cumplimiento de las funciones que ameritan atención urgente ¿Asegurar jardines bonitos y potes de basura en las viviendas? Imagino el sufrimiento, de tantos profesionales del Ministerio del Ambiente de alta formación, por estas inapropiadas decisiones políticas.

(*) Docente Universitaria_UCLA – Comisión de Ambiente. Miembro del Comité Coordinador de la Red de Universidades por el Ambiente