Comprometidos con la defensa y conservación de nuestras áreas protegidas y la promoción del desarrollo sustentable, desde Vitalis Venezuela expresamos nuestra preocupación por la ejecución de actividades prohibidas dentro del Parque Nacional Waraira Repano, conocido históricamente como El Ávila.
Esta área natural protegida, decretada Parque Nacional en 1958, cuenta actualmente con una superficie de 81.900 ha, y está conformada por diversos ecosistemas representativos del tramo central de la Cordillera de la Costa, con características físico naturales únicas.
Por sus extraordinarios atributos ambientales, el Parque Nacional Waraira Repano se encuentra bajo un sistema de protección integral, tal y como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 127, que reconoce el Derecho a un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. Dada su importancia, su rango de protección trasciende las fronteras, según lo establecido en la Convención de Washington, ratificada por Venezuela para proteger la flora, la fauna y las bellezas escénicas naturales de los países de América.
De acuerdo con investigaciones realizadas por Vitalis, a través del Semáforo de Parques Nacionales, el Parque Nacional Waraira Repano comprende laderas y pendientes muy frágiles, es hábitat de más de 1.800 especies vegetales de diversos grupos taxonómicos, algunas de ellas endémicas, así como al menos de 500 especies de aves, 120 de mamíferos, 30 de reptiles, 20 de anfibios y miles de insectos, incluyendo al menos 100 especies de mariposas.
La protección de El Ávila también contribuye a preservar las áreas verdes adyacentes a la Zona Metropolitana de Caracas, actuando como agente moderador de la contaminación ambiental, protegiendo las fuentes de agua que en él se encuentran y contribuyendo a la regulación climática, entre otros importantes servicios y externalidades ambientales.
Dada su fragilidad natural y ecosistémica, y tal y como lo establece el Plan de Ordenamiento y Reglamento de uso del área protegida, entre otras actividades, se prohíbe expresamente la circulación de bicicletas.
Permitir el desarrollo de actividades invasivas y prohibidas en el Parque Nacional como el ciclismo, no solo sentaría un lamentable precedente que contradice la normatividad ambiental vigente, sino que aceleraría los procesos erosivos que han venido ocurriendo dentro del área protegida.
VITALIS insta a las autoridades del Instituto Nacional de Parques para que haga cumplir el Plan de Ordenamiento y Reglamento vigentes, incluyendo la expresa prohibición de la circulación de bicicletas, además extracción de material arqueológico y paleontológico, la exploración y exploración de minerales, la introducción de especies exóticas, la extracción de flora, salvo la excepción prevista en el numeral 9.1.9 del artículo 27 (que se refiere a las flores y otros productos de cultivo), la caza y la pesca, la introducción de animales domésticos, la extensión de la frontera agrícola, la realización de actividades capaces de contaminar los ecosistemas naturales, la introducción de armas, materiales y explosivos, la utilización de substancias tóxicas o peligrosas tales como pólvora, amoníaco (cuerno de ciervo), detonantes, sustancias colorantes y otros, y el sacrificio de animales, entre otras.
La protección y defensa de los parques nacionales es una obligación constitucional que debe ser respetada. En manos de nosotros los ciudadanos y las autoridades, está hacerla cumplir.
(*) Biol. Zoila Martínez, Líder Global de Biodiversidad y Áreas Protegidas. (**) Dr. Diego Díaz Martín, Director General de Vitalis para Iberoamérica, Estados Unidos y Canadá.
]]>Seguidamente publicados textualmente el referido comunicado.
“A propósito de la celebración del VI Congreso Mundial de Parques a realizarse en Sidney (Australia) es pertinente hacer una evaluación de la situación de Venezuela, quien fuera sede y anfitrión del IV Congreso Mundial de Parques (Caracas, 1992). Todos los países del mundo tienden a hacer una evaluación de su estado en las vísperas de cada congreso mundial. La mayoría de los países podrán decir que han avanzado o retrocedido en tal o cual aspecto, en tal o cual magnitud, pero sin duda, la mayoría de las naciones del mundo podrán decir que han avanzado en materia de Áreas Protegidas (AP). Sin embargo nosotros los venezolanos al intentarlo encontramos un resultado muy negativo, por lo que se hace necesario hacer una profunda reflexión del porqué.
¿ Qué tiene de especial Venezuela para que lo que le pase en materia de AP sea de interés para el mundo? Venezuela, siendo un país del “mundo en desarrollo” avanzó grandemente en las políticas de conservación de su patrimonio natural cuando el resto del mundo no había comenzado o estaba en retroceso en esta materia. Fundó su primer parque nacional en 1937 y su primera AP en 1927. Ciertamente no fue el único, muchos países de América lo hicieron en esa época o incluso antes. La diferencia es que Venezuela lo asumió como política y no como retórica: incrementó grandemente su cobertura de AP a lo largo de las décadas siguientes hasta abarcar un 16, 45% de su territorio; empleó criterios modernos y actuales para designarlas y para manejarlas; acometió exitosamente la restauración ecológica de ecosistemas terrestres y marinos (dentro de AP) en tiempos en que no se hablaba de ello; creó uno de las primeras AP marinas del mundo (Archipiélago Los Roques, 1972) cuando muy pocos países en el mundo lo habían hecho; interconectaba AP cuando se pensaba que eso era utópico.
Para fines de los años 80 Venezuela tenía una reputación positiva que bien le valió la nominación y aceptación como sede del IV Congreso Mundial de Parques. Venezolanos como Gerardo Budowski, Henri Pittier, Julian Steyermark, José Rafael García, habían dejado una huella positiva en la visión y gestión de las AP del mundo. Eso sin olvidar que es uno de los doce países megadiversos del mundo, y que resguarda, casi en exclusividad, las mayores maravillas de esa biorregión única en el mundo: el Escudo Guayanés. Dentro de ella merece destacarse el caso del Parque Nacional Canaima, único Sitio de Patrimonio Natural Mundial propuesto por Venezuela y reconocido por UNESCO, donde ahora prolifera ilegalmente la minería de oro sin que las autoridades competentes hayan podido detenerla.
Se trata de un gobierno que utilizando una retórica humanista y ecologista, favorece que se hagan toda clase de actividades y usos prohibidos dentro de las AP
¿Por qué reflexionar sobre Venezuela?. Porque lo que acontece en Venezuela puede pasar en cualquier país del mundo, y en especial en la región sudamericana. En nuestro país se ha entronizado una visión política del mundo y de la vida que desdeña y no comprende la importancia de las AP, que las considera una política contraria al interés humano. Ciertamente muchos gobiernos en el mundo así lo piensan. ¿Cuál es la novedad con eso?. Pues la novedad está en que pocos países lo llevan a la práctica desmontando toda la institucionalidad de las AP. No se trata de un gobierno que asigna pocos recursos, o que cierra temporalmente parques, o que insiste en pasar oleoductos por AP. Se trata de un gobierno que utilizando una retórica humanista y ecologista, favorece que se hagan toda clase de actividades y usos prohibidos dentro de las AP, mientras paralelamente sustituye sus recursos humanos técnicos por comisarios políticos. Un gobierno que elimina el Ministerio del Ambiente para distribuir sus competencias ambientales, a las que constitucionalmente está obligado, en dependencias de menor jerarquía dentro de un ministerio de vivienda que construye y pretender construir obras de alto impacto ambiental dentro de AP.
El caso venezolano es digno de estudio, y he allí nuestro llamado a todos los colegas de la CMAP. No vean lo que ocurre en Venezuela como una curiosidad sociopolítica. No lo vean con desdén, con la vaga convicción de que algún día pasará. Véanla como una corriente de acción política que muchos de nuestros colegas habían dado por extinta, pero que en realidad se encuentra vigente, en pleno vigor, y con todo el potencial para expandirse por toda la región sudamericana, y de allí al mundo en desarrollo.
La UICN hace un excelente papel al diseñar políticas novedosas que permitan institucionalizar y evolucionar la gestión de las áreas protegidas. Entendemos también que, como institución que en cierta forma es análoga a la ONU, se maneje bajo principios de no crítica a los asuntos “internos” de los países. Sin embargo, aún en el seno de la ONU, cuando un país se sale de todos los estándares de convivencia y racionalidad, debe ser contactado por los medios diplomáticos y persuadido de que no prosiga en su cometido, para evitar así que se propague su insensatez al resto del mundo.
El caso de Venezuela merece una detallada y decidida atención de la UICN. Algunos datos ilustrativos se presentan seguidamente:
1. La inversión en conservación de Venezuela, promedio en los últimos 10 años ha sido de 3,66 US$/Km2, cuando en los países en vías de desarrollo la inversión promedio es de 161 US$/Km2. Esto no es congruente con el hecho de que el Estado Venezolano ha manejado en los últimos 14 años ingresos aproximados de 660 millardos de US$.
2. Los pocos recursos asignados a Areas Protegidas han conllevado al abandono y deterioro de los puestos de vigilancia y control, con equipamiento dañado y de muchos años de uso. Actualmente solo se cuentan con 350 Guardaparques para custodiar más de 15 millones de hectáreas de Parques Nacionales y Monumentos Naturales.
3. Los sueldos del personal son extremadamente bajos y su nivel de capacitación es muy bajo, presentándose con frecuencia casos de corrupción.
4. Existe una patente ausencia de custodia de las fuerzas policiales en la AP, lo que ha hecho más peligrosa la actividad de vigilancia y control de los Guardaparques quienes no tienen entrenamiento ni funciones policiales. Entre el 2001 y 2014 han asesinado con impunidad a 4 funcionarios de AP, en el ejercicio de sus deberes.
5. Se ha incrementado hasta niveles record las deforestaciones, incendios forestales, cacería y pesca ilegal. Es frecuente la utilización de AP para actividades de narcotráfico, delincuencia común, secuestros y otros delitos.
6. Las obras de “interés público” (tendidos eléctrico, carreteras, corredores de servicio, fibra óptica, gasoductos, antenas de telecomunicaciones) proliferan dentro de las AP y se ejecutan con mínimo apego a las medidas de mitigación y restauración que prescriben los Estudios de Impacto Ambiental”.
Interesados pueden contactar al Presidente de la Comisión Venezolana aquí.
]]>Isla de Jeju, República de Corea, 7/septiembre/2012 (UICN / VITALIS).
El Informe Planeta Protegido 2012 (Protected Planet Report 2012 en Inglés) muestra que las zonas protegidas crecieron en el período 1990-2010, aumentando de 8,8% a 12,7% en áreas terrestres (incluidas las aguas continentales) y de 0,9% a 4% en áreas marinas bajo jurisdicción nacional.
En opinión de Julia Marton-Lefèvre, Directora General de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) “Las áreas protegidas han contribuido significativamente a la conservación de la biodiversidad del mundo. Un aumento de la superficie que abarcan y una mayor efectividad, resultan fundamentales para que el planeta prospere y garantizar el futuro de las próximas generaciones”.
Este nuevo informe de la UICN cuantifica cierto progreso en el marco de las Metas de Aichi, una serie de objetivos presentados hace dos años por el Convenio sobre la Diversidad Biológica que incluían el propósito de gestionar y conservar efectiva y equitativamente al menos el 17% de las áreas terrestres del mundo y el 10% de las áreas marinas del mundo de aquí al año 2020. El documento, presentado en la Isla de Jeju en Corea del Sur, fue elaborado gracias al esfuerzo conjunto de la UICN y el Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación del PNUMA, entre otros socios.
Para Diego Díaz Martín, Presidente de VITALIS y Jefe de Estudios Ambientales de la UNIMET, el crecimiento de la cobertura protegida, aunque estimulante, dista mucho de las Metas de Aichi, pues en la actualidad menos de 13% de las áreas terrestres y 1,6% de las oceánicas del mundo están protegidas”. Díaz-Martín, quien también es miembro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN, aclara que el incremento de superficie no es per se sinónimo de protección, pues usualmente la declaratoria no se acompaña de las inversiones y los planes de manejo requeridos, vitales para asegurar su integridad y supervivencia”.
Para cumplir las Metas de Aichi, debería reconocerse como protegidas áreas superiores a dos veces la extensión de Argentina, que incluyese más de 6 millones de kilómetros cuadrados de tierra y aguas continentales. En relación con los océanos, debería reconocerse un área superior a la extensión de Australia, que incluyese 8 millones de kilómetros cuadrados.
No obstante, las áreas protegidas se están diversificando rápidamente en ámbitos críticos para su éxito, como la aplicación de soluciones administrativas y de gobernanza. Por otra parte, el informe plasma que casi la mitad de las áreas protegidas del mundo se encuentran dentro de zonas de uso sostenible y en paisajes marinos y terrestres protegidos, y que casi una cuarta parte está gestionada por actores no gubernamentales o mediante soluciones de gestión conjunta, a menudo implicando a los pueblos indígenas o a las comunidades locales.
Esta es la primera edición del informe Protected Planet Report y se prevee su publicación cada dos años.
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