La seguridad se encuentra incluida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, bajo la denominación Paz, Justicia e Instituciones Fuertes , un tema de especial relevancia para México en el marco de la sustentabilidad.

En los últimos años, los niveles de inseguridad y violencia armada, han tenido un aumento considerable, con lamentables consecuencias para el desarrollo del país, ya que afectan su crecimiento económico y redundan en otro tipo de delitos.

La seguridad es un marco normativo dinámico y práctico, que permite hacer frente a las amenazas con que se enfrentan personas y gobiernos.

Dentro del orden global, México está entre los primeros 60 países catalogados como pacíficos. Sin embargo, con respecto a los índices de seguridad, el país se ubica en los últimos sitios. Esto a su vez, es consecuencia del incremento en la tasa de delitos como el homicidio, el robo con violencia y el aumento de los crímenes realizados por la delincuencia organizada.

Otro factor importante para destacar es la corrupción que permea entre las autoridades de la seguridad pública, ya que según estudios realizados, se tiene un porcentaje alto de ciudadanos que perciben que las autoridades son corruptas. Entre los factores analizados, se tienen dos causas principales: los niveles salariales que no corresponden en absoluto a los altos riesgos que afronta su profesión y a la capacidad económica de las organizaciones criminales, que les permite corromper a los policías.

En promedio,  en México 91% de los delitos cometidos no se castigan, por lo que el país ocupa el penúltimo lugar entre los países con mayor impunidad. Esta situación se agrava con el índice de magistrados y jueces por habitante, que tiene una tasa de 3.5 por cada 100,000 habitantes, siendo la media global de 16.

Los delitos cometidos tienen un alto impacto para la economía nacional; al alcanzar en el año 2016 un costo de 3.07 billones de pesos, lo cual es equivalente al 18% del PIB.

De tal manera, es necesario que se enfoquen esfuerzos para conducir al país hacia la sustentabilidad desde el ámbito de la seguridad. En primer lugar, para proteger la vida de la población, así como salvaguardar su integridad y patrimonio, creando condiciones de vida que eviten de forma preventiva el surgimiento de actos criminales y violentos. En segundo lugar, fortaleciendo las instituciones y el estado de derecho, atendiendo los grupos vulnerables, y promoviendo una cultura de paz. Este último puede favorecerse, mejorando y acondicionando los espacios públicos con la debida seguridad, lo cual a su vez repercutirá en un desarrollo sostenible nacional.

*Ing. Químico Petrolero, erodrisant@gmail.com

La seguridad social es un derecho humano, en el cual el Estado tiene que realizar las acciones pertinentes para proporcionar a su población servicios médicos, protección económica por enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo, desempleo, invalidez o vejez.

En este ensayo abordare el tema de la seguridad social en el caso de los adultos mayores ya que el aumento en la esperanza de vida de los seres humanos, ha generado una alerta en los gobiernos, actualmente hay 10.8 millones de pensiones cuyo pago demanda el 15.5 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación y el 3.7 por ciento del PIB nacional. Para 2020, calcula la Secretaría de Hacienda, será de 4.4 por ciento del PIB.

Además muchos de ellos necesitarán de alguna forma de asistencia a largo plazo, como cuidados domiciliarios o comunitarios, ayuda para la vida cotidiana, reclusión en asilos y estadías prolongadas en hospitales.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, entre 2000 y 2050, la proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando de 11% a 22%. Asimismo, en los países en desarrollo, la cantidad de ancianos que no podrán valerse por sí mismos se multiplicará por cuatro.

El centro de estudios de finanzas públicas en el 2010, 2 de cada 10 adultos mayores tuvieron acceso a una pensión. Esto nos da una idea, del problema que se está presentando actualmente, ya que de 80% de personas de edad avanzada no cuentan con los recursos económicos necesarios para vivir, por lo que nos lleva a concluir que dependen económicamente de algún familiar, en el mejor de los casos.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el principal problema para tener acceso a la seguridad social es que el financiamiento depende de las contribuciones obrero-patronales, lo que deja fuera a los trabajadores de menores ingresos y más vulnerables y las empresas no cuentan con iniciativas fiscales que conlleven a un incremento a los sistemas de pensiones.

Del total de las pensiones, el 5% lo aportan las empresas, el 1.125% los trabajadores de su salario y el 0.25% lo aporta el Estado. El porcentaje que aporta el trabajador no le será suficiente para vivir con dignidad una vez pensionado, pero así como no existen incentivos para que la empresa aporte, tampoco existe para los trabajadores, además si le agregamos otras variables como la desconfianza y el bajo rendimiento por parte de las afores.

Según la Organización Internacional del Trabajo, la responsabilidad social también se encuentra en los actos solidarios e inclusivos de las personas hacia los demás, pues esos actos llevan en sí mismos la búsqueda del bienestar social.

Y aunque se trata de un ahorro individual se deben implementar políticas públicas que lo fomenten. Asimismo, debemos crear conciencia y buscar soluciones en las actividades empresariales, a través del diálogo social.

La seguridad social es un elemento que nos da una visión de una sociedad sustentable, en el que los trabajadores ahorren lo suficiente cuando son económicamente activos, la responsabilidad de las empresas se fomente con incentivos fiscales y el estado generé las políticas públicas para fomentar el ahorro de los trabajadores y establezca reglas claras en el manejo de las afores.

(*) Mercadóloga, @AnaBeatrizCS

Los índices de desarrollo humano (IDH) y de Calidad de Vida (ICV) son fundamentales para el desarrollo sustentable, pues se estrechan los aspectos ambientales con los sociales.

El IDH toma en cuenta el desarrollo de un país en razón de sus habitantes y sus capacidades, en tanto que el ICV evalúa la satisfacción de vida de los mismos.

El IDH es la media geométrica de los índices normalizados de cada una de las tres dimensiones del desarrollo humano, que son, tener una vida larga y saludable, acceder al conocimiento y disfrutar de un nivel de vida digno. Y se expresa como un valor entre 0 y 1.

El ICV utiliza para su medición encuestas de satisfacción de vida en los países, en función de la manera en que el individuo percibe el lugar que ocupa en el entorno cultural y en el sistema de valores en que vive, así como en relación con sus objetivos, expectativas, criterios y preocupaciones.

Entre ambos índices se establece un círculo virtual positivo. Por un lado, un IDH alto, con una amplia base de educación, busca alcanzar logros de sustentabilidad ambiental necesarios para lograr un ICV alto. Por el otro, un ICV alto, contribuye a elevar el IDH.

El propósito de estos índices es promover, como mínimo, una esperanza de vida al nacer larga y sana para sus ciudadanos, un nivel de vida digno y una educación garantizada bajo un entorno de justicia y armonía social y política. Asimismo, buscan generar una sociedad más sensible a desarrollarse bajo principios de cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales, de los cuales depende en su calidad de vida.

Sin embargo, como sociedad, tenemos muchos retos que superar, tales como la desigualdad en sus diferentes caras, la pobreza y el desarrollo de género, entre otros.  Estos índices nos alertan sobre los temas que debemos atender, y de allí que sean útiles para motivar a los países a mejorar su desempeño.

Entre los desafíos pendientes para actuar con mayor efectividad en materia ambiental, figuran temas como el consumo de energía renovable, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y en general el uso eficiente de los recursos naturales.

Asimismo, es vital poner especial atención a la evolución de las superficies forestales, el uso y tratamiento del agua, el manejo de los residuos, y la conservación de la biodiversidad.

El desarrollo humano y la calidad de vida implican mayor bienestar para todos, incluyendo el resto de los seres vivos. Para ello es imprescindible que los modelos de desarrollo contemplen los principios de la sustentabilidad, como son  interdependencia, interconexión, capacidad de carga, equilibrio dinámico y eficiencia con máximo rendimiento, entre otros.

En nosotros está reconocer que nuestra calidad de vida depende de nosotros mismos, al cuidar y mantener en equilibrio los recursos naturales de los cuales vivimos y que nos permiten alcanzar un desarrollo humano alto o muy alto.

Para ello, no solo es necesaria la activa participación de la ciudadanía y de las empresas, sino también el desarrollo de políticas públicas, económicas y fiscales que respalden dichas acciones.

(*) Maestra en Ingeniería Ambiental, gcapri72@me.com