Las elecciones presidenciales de 2018 representan un momento crucial en materia de sostenibilidad para 13 organizaciones ambientales de Colombia: WWF, The Nature Conservancy, Greenpeace, Dejusticia, OpEPA, Fondo Acción, Transforma, Wildlife Conservation Society, Fundación Natura, Avaaz, Asociación Ambiente y Sociedad, Conservación Internacional Colombia y Fundación Gaia Amazonas. Por ello, se unieron para incidir en redes sociales con la campaña #ColombiaVotaSostenible.

El objetivo es impulsar la agenda ambiental en el futuro gobierno de Colombia. Priorizaron cinco temas que deben estar presentes en el debate electoral: Nuevos modelos de desarrollo, cambio climático, ordenamiento territorial, deforestación y agua. Para cada tema realizaron una infografía con un diagnóstico, unas recomendaciones de política y una hoja de ruta para el periodo presidencial 2018-2022. También analizaron las propuestas de las campañas presidenciales y crearon un semáforo informativo para determinar cómo iba cada una en los temas priorizados.

Dentro del diagnóstico para cambio climático se indica que “los 20 departamentos con mayor riesgo representan el 69% del PIB nacional (2016) y albergan el 57% de la población del país”. Sus recomendaciones de política incluyen: Impulsar la transición hacia energías renovables no convencionales, promover ciudades resilientes y sostenibles, incentivar la educación para el cambio climático y las alianzas con la sociedad civil, hacer un uso adecuado del suelo, y revisar las inversiones financiadas con lo recaudado por el impuesto al carbono.

En cuanto al semáforo del cambio climático, Iván Duque, el candidato que lidera las encuestas para la segunda vuelta que se realizará el próximo 17 de junio, fue el peor evaluado; mientras que Gustavo Petro obtuvo el segundo lugar entre los cinco candidatos que participaron en la primera vuelta. La propuesta de Duque considera incentivar el compromiso ciudadano con el ambiente, renovar la institucionalidad ambiental y promover una mejor gestión de los residuos. Por su parte, la propuesta de Petro incluye la electrificación del transporte público y el uso de energías renovables no convencionales.

Existe una iniciativa similar para las elecciones presidenciales que serán el próximo 1 de julio en México, mostrando la relevancia de las redes sociales en la construcción de opinión pública y el interés de la sociedad civil ambiental de participar en el debate electoral.

(*) Bióloga, Maestra en Gestión Ambiental y Doctora en Zoología. Especialista en ONG y Parques Nacionales. Forma parte del equipo profesional internacional de VITALIS, basada en Barcelona, España. vsalas@vitalis.net

La ONU califica la gobernanza como buena y democrática cuando el Estado fomenta la participación, el pluralismo, la transparencia, la responsabilidad, los derechos humanos y el Estado de Derecho.

Independencia de los poderes públicos como garantía de los derechos humanos. El Estado al servicio de la persona.

La Constitución subordina el poder al derecho, consagra la preeminencia de los derechos humanos, siendo fin del Estado asegurar el desarrollo de la persona. El derecho al ambiente es uno.

La gobernanza ambiental se nutre de derechos como la libertad de pensamiento.

El ministerio ambiental debe respetar los derechos humanos, el pluralismo, la libertad de pensamiento. El derecho al ambiente se concibe con participación de la sociedad, y la ordenación del territorio debe atender las realidades culturales y políticas. Debe ser ideológicamente neutral.

La educación ambiental es parte del derecho a la educación. Comprende todas las corrientes del pensamiento.

En 1977 se creó un ministerio especializado en evaluar actividades con incidencia ambiental, incluso a iniciativa de entes públicos, llamado Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (luego se eliminó Renovables), con prestigio por su calidad técnica y mística de trabajo por 30 años.

Degradado con políticos no comprometidos con lo ambiental (Declaraciones de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible). Eso implicó fuga del funcionariado medio de experticia en gestión ambiental, y la subordinación de lo ambiental a planes inconsultos degradantes, para generar dinero con fines partidistas.

En 2007 el populismo lo llamó Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Sustituido en 2014 por el Ministerio del Poder Popular para Vivienda, Hábitat y el Ecosocialismo, y después en 2015, por el actual Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, para “fortalecer la ecología del socialismo del Siglo XXI”, según “las directrices y políticas de la Revolución Bolivariana”, coordinado por la Vicepresidencia Sectorial de Desarrollo del Socialismo Territorial, siendo su competencia “el ecosocialismo ambiental”, y con los Viceministerios de Gestión Ecosocialista del Ambiernte, Gestión Ecosocialista de Aguas y Manejo Ecosocialista de Desechos y Residuos, con “visión ecosocialista”.

No se definió al ecosocialismo, pero es obviamente una posición ideológica, violando el mandato de libertad de pensamiento.

En Venezuela no existe Estado de Derecho, pues no hay separación de poderes ni respeto de los derechos humanos, por ello tampoco puede haber gobernanza ambiental.

Al no ser independiente el Poder Judicial, el ciudadano carece de su garante de gobernanza.

(*) Abogado, Profesor Universitario. Postgrado Derecho Ambiental, Univ. de Estrasburgo, Francia. Postgrado Derechos Humanos, Univ. de Castilla-La Mancha, España.  albertoblancouribe@gmail.com