Mariana Tejado, leader of Environmental Law and Public Policies in USA Vitalis, has warned that Mexico could breach the Paris Agreement as well as national legislation and stop the progress that has been made in reducing greenhouse gas emissions.

(Vitalis Comunication)

Ivonne M. Rincón Moreno

Environmental organizations are on alert regarding the proposed reform of articles 25, 27, and 28 of Mexico’s Constitution that seeks to nationalize the electricity industry. Mariana Tejado, leader of Environmental Law and Public Policies in USA Vitalis, warns that in this matter the main concern is the environmental and social impact since it has been shown that the Mexican government does not have the necessary capacity to boost on its own the use of renewable energies.  

“There is great concern because if this reform takes place, the Paris Agreement could be breached, on the one hand, while it would also imply a setback in environmental protection since many of the Federal Electricity Commission’s facilities are old and polluting. Even if they were able to produce electricity they would be a problem,” highlighted the environmental leader.

The Paris Agreement was signed on December 12, 2015, at the COP21 in Paris, and in it the parties reached a historical agreement to combat global warming and to boost the necessary actions to reduce greenhouse gas emissions. Therefore, violating this agreement would produce a negative impact on global environmental policies.

Tejado further warns that this constitutional reform puts in jeopardy the achievement of the reduction of greenhouse gas emission goals and the development of clean energy. Added to this is the violation of Mexicans’ human rights since the right to a healthy environment is universal. “This proposed reform would violate other Mexican laws like the General Law of Climate Change and the Energy Transition Law,” she says.

The Vitalis USA leader  emphasized that this problem concerns not only Mexico but also other nations —including the United States — which will be affected by this decision.  “We all are in the same boat with the climate issue and we must work globally because the pandemic has confirmed to us that the butterfly effect is real,” Tejado said. “We are all interconnected, and for that  reason we in the United States view this policy with concern that it will imply a setback for the use of renewable and clean energy.”

Tejado went on to say, “By increasing greenhouse gas emissions that are produced by the use of fossil fuel, there is a greater emission of pollutants. The point is that it goes from being a local problem to a global one.  Mexico must make a consensual analysis on the constitutional reform that not only addresses energy sovereignty but also evaluates the damages and threats that it would represent. It is important that the countries looking for an energy transition, including the United States, are aware of the development of this proposal because this is an issue of energy transition and global damage. 

She added, “Technically what the reform says is that the Federal Electricity Commission will maintain control of the operation and generation of 56% of the energy while the rest could be in the hands of private companies, but this will be decided by the authority. As a result, the monopoly of the commission will return, and the commission itself will decide what percentage will be open to private capital. Furthermore, it will make that decision when it wants to and how it wants to.”

The Mexican lawyer and member of  USA Vitalis explains that in 2013 Mexico opened the door to private capital and thanks to that decision, investment in green technologies and renewable energy projects increased, thus avoiding the emission of pollutants, and giving hope that the established goals of emission reduction could possibly be fulfilled in time. But if this reform passes, there is no way to reach the 2030 and 2050 goals, and the health problems will increase.

“We are not minimizing the issue of sovereignty or energy security; those can be adequately protected and regulated without sacrificing the progress in clean energy that Mexico needs. I believe that the United States needs to turn to Mexico because it is its neighbor and commercial partner and both nations need to look to the future under an environmental protection scheme.”

Tejado concluded, “All the climate reports agree that if the countries continue without committing themselves, the change in the temperature will be much greater and more accelerated.”

Así lo dio a conocer Diego Díaz Martín, Director General para la Américas de VITALIS, quien afirma que el cambio climático y la intensificación de los fenómenos atmosféricos, el creciente deterioro del agua, los suelos y el aire, la pérdida de biodiversidad y el consumo insostenible, podrían ser grandes dolores de cabeza para el magnate norteamericano, por las implicaciones económicas que conllevan.

Para comenzar, la potencia estadounidense acumula 40% de la deuda climática mundial por los daños causados en el ambiente, según un estudio difundido por la revista “Nature Climate Change”. Recordemos que Estados Unidos es el segundo productor más importante de gases de efecto invernadero del planeta y basa 86% de su producción energética de fuentes fósiles.

De acuerdo con Díaz Martín, las consecuencias del cambio climático en Estados Unidos son y serán cada vez más evidentes, no solo por la intensificación de las sequías, sino por la variabilidad climática que traerá calores y fríos extremos al gigante del norte, con incendios forestales más intensos y extensos, además de inundaciones que incrementarían las grandes pérdidas económicas, hoy en día estimadas en más de $8 mil millones de dólares al año.

Pese a la incredulidad de Trump frente al cambio climático, los fenómenos atmosféricos no se quedarán atrás, pues en la medida en que el clima cambia, los tornados y huracanes también se incrementarán, como se ha venido observando desde la década de 1980 en el Atlántico Norte.

En materia forestal, el líder de VITALIS señala que Estados Unidos ha perdido alrededor de 20% de sus bosques, quedando menos de 4% de sus ecosistemas nativos. Hoy en día la extensión de la cobertura forestal oscila en 30%, cifra que se ha mantenido estable durante las dos últimas décadas, y que deben ser reforzadas para evitar su retroceso.

En cuanto al agua, datos de la Asociación Estadounidense de Ingenieros Civiles refieren que este país cuenta con cerca de 170,000 sistemas públicos de agua potable que sirven a más de 264 millones de personas. Sin embargo, la eficiencia del sistema por la existencia de más de 240.000 roturas de tuberías de agua por año, ha llevado a la Agencia de Protección Ambiental (EPA)  a estimar que el costo total de la renovación de las tuberías de agua y plantas de tratamiento costará alrededor de 384,000 millones de dólares, sin incluir el costo de mantenimiento de los sistemas actuales y las necesidades de una población creciente, lo cual podrá requerir cerca de un billón de dólares en los próximos 25 años.

Díaz Martín también refiere cifras del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos que reflejan la existencia de al menos 1604 especies amenazadas, de las cuales 903 son plantas y 701 son animales. Entre las plantas más amenazadas se encuentran 866 especies de plantas con flores. En tanto que los animales que más amenaza enfrentan son los peces (164), las aves (100) y los mamíferos (96).

Adicional a lo anterior, el Programa de Conservación y Monitoreo de las Naciones Unidas (UNEP-WCMC) indica que el país ha perdido 15% de su biodiversidad, pese a que cuenta con 34,064 áreas protegidas que representa 13% del territorio.

En materia de contaminación, Trump,  también enfrentará grandes retos, no sólo por la creciente degradación del aire, el agua y los suelos, en especial de las áreas urbanas, debido entre otras razones, a los patrones de consumo insostenible de la población estadounidense.

Por ejemplo, en residuos y desechos, de acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, este país ocupa el primer lugar en mayor producción per cápita de basura en el mundo, cercano a 2 kilogramos por persona al día, aunque otras fuentes del sector académico indican que este número podría ascender hasta un poco más de 3 kg por habitante.

En basura electrónica, es conocido que la nación norteamericana produce más de 3 millones de toneladas que terminan en rellenos sanitarios sin ningún tipo de tratamiento, con las subsecuentes consecuencias de su mala disposición.

Lo mismo ocurre con toneladas de compuestos químicos utilizados en el sector agrícola, como los pesticidas y fertilizantes, cuyas consecuencias se perciben no solo en los suelos, sino también en el agua.

Díaz Martín recuerda que Donald Trump nunca se ha identificado como ambientalista, y la verdad cree que jamás lo hará. Sin embargo, como máxima autoridad ejecutiva del país, el empresario estadounidense también será el máximo responsable del comportamiento ambiental del gobierno federal, razón por la cual tendrá que revisar esta materia con mayor seriedad y velar así por los intereses de todos los norteamericanos.