En Venezuela existe un marco legal ambiental pionero en el continente con instituciones que sirvieron de referencia a muchos países para el establecimiento de su orden ambiental. Contamos con un soporte legal ambiental desde la Constitución Nacional hasta numerosas leyes y decretos que han servido en su momento para establecer los marcos técnicos y las mejores prácticas en muchos proyectos.

Lo anterior contrasta con lo que el ciudadano común puede ver en su día a día a lo largo del territorio nacional; sobreexplotación de recursos, mala calidad de vida por deficiencia de servicios, afectaciones diversas al ambiente que van en incremento, impunidad ante el daño ambiental, ausencia de políticas efectivas, uso de propaganda ambiental sin ningún tipo de resultados, falta de compromisos en el logro de metas ambientales y abundancia de proyectos realizados de manera expedita con la finalidad de satisfacer una necesidad a corto plazo o un compromiso político.

La cacería de proyectos de alto impacto económico de los últimos años en Venezuela por parte de empresas internacionales, gobiernos y políticos, desató la ejecución de obras colosales de muy alto costo monetario y ambiental para el país, sin que las mismas hayan llegado a su conclusión.

Se ha caído en un letal letargo que se ha acentuado por la sobreexplotación de recursos, la impunidad, el desconocimiento, el descontrol, la falta de respeto a las autoridades, la vergonzosa politización de los efectos ejercidos sobre el medio y su adjudicación a modelos económicos, así como el aumento exponencial de actividades responsables de incrementar diversos tipo de riesgos ambientales y sanitarios. Todo ello maquillado dentro de una política antrópica y errática que reproduce algo que llaman logros y metas en el más reciente documento consignado ante la Cumbre del Cambio Climático de París COP21. Mediante el uso de lineamientos ambiguos tras fachadas de una inverosímil fantasía de tintas iridiscentes, vacías y penosas, se evidencia la inexistencia en Venezuela de la más mínima lógica estadística en materia ambiental.

Para lograr todo lo anterior se deberá hacer una reconstitución de la institucionalidad a nivel ambiental, comenzando por el trabajo moral y el reanimo a los funcionarios de carrera a nivel nacional que los haga asumir el compromiso que conllevan con sus cargos, apoyar el resurgimiento de las instancias ambientales, la capacitación continua y la dotación.

(*)  Ing. Geólogo (UCV), Ing. Geotécnico (USB), MSc. Análisis Ambiental (Royal Holloway Reino Unido), se desempeña desde 2005 como director de Agencia Ambiental, es asesor del sector minero en Sur América.

Email: agenciaambiental@gmail.com

La ONU califica la gobernanza como buena y democrática cuando el Estado fomenta la participación, el pluralismo, la transparencia, la responsabilidad, los derechos humanos y el Estado de Derecho.

Independencia de los poderes públicos como garantía de los derechos humanos. El Estado al servicio de la persona.

La Constitución subordina el poder al derecho, consagra la preeminencia de los derechos humanos, siendo fin del Estado asegurar el desarrollo de la persona. El derecho al ambiente es uno.

La gobernanza ambiental se nutre de derechos como la libertad de pensamiento.

El ministerio ambiental debe respetar los derechos humanos, el pluralismo, la libertad de pensamiento. El derecho al ambiente se concibe con participación de la sociedad, y la ordenación del territorio debe atender las realidades culturales y políticas. Debe ser ideológicamente neutral.

La educación ambiental es parte del derecho a la educación. Comprende todas las corrientes del pensamiento.

En 1977 se creó un ministerio especializado en evaluar actividades con incidencia ambiental, incluso a iniciativa de entes públicos, llamado Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (luego se eliminó Renovables), con prestigio por su calidad técnica y mística de trabajo por 30 años.

Degradado con políticos no comprometidos con lo ambiental (Declaraciones de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible). Eso implicó fuga del funcionariado medio de experticia en gestión ambiental, y la subordinación de lo ambiental a planes inconsultos degradantes, para generar dinero con fines partidistas.

En 2007 el populismo lo llamó Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Sustituido en 2014 por el Ministerio del Poder Popular para Vivienda, Hábitat y el Ecosocialismo, y después en 2015, por el actual Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, para “fortalecer la ecología del socialismo del Siglo XXI”, según “las directrices y políticas de la Revolución Bolivariana”, coordinado por la Vicepresidencia Sectorial de Desarrollo del Socialismo Territorial, siendo su competencia “el ecosocialismo ambiental”, y con los Viceministerios de Gestión Ecosocialista del Ambiernte, Gestión Ecosocialista de Aguas y Manejo Ecosocialista de Desechos y Residuos, con “visión ecosocialista”.

No se definió al ecosocialismo, pero es obviamente una posición ideológica, violando el mandato de libertad de pensamiento.

En Venezuela no existe Estado de Derecho, pues no hay separación de poderes ni respeto de los derechos humanos, por ello tampoco puede haber gobernanza ambiental.

Al no ser independiente el Poder Judicial, el ciudadano carece de su garante de gobernanza.

(*) Abogado, Profesor Universitario. Postgrado Derecho Ambiental, Univ. de Estrasburgo, Francia. Postgrado Derechos Humanos, Univ. de Castilla-La Mancha, España.  albertoblancouribe@gmail.com