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Texans are increasingly concerned about the huge amount of water required for oil and gas extraction, the frequent and damaging wastewater spills and earthquakes linked to disposal, the land on family farms and ranches seized for pipelines, and the air pollution, fires and explosions at petrochemical plants that all add up to significant damage to our air, water and land. And about the growing amount of gas going to produce plastics, much of which winds up clogging our oceans. A recent poll found that a majority of Texans believe the oil and gas industry should pay for the harm they’re causing to the planet.

Texas produces 41% of the nation’s oil and is home to approximately 30% of U.S. refinery capacity and 75% of U.S. petrochemical production. And since the removal of the oil export ban in 2015, Texas oil and gas exports to other countries have surged.

Mexico is Texas’ number one oil export partner. In addition, Mexican oil company Pemex is the 9th biggest corporate carbon polluter in the world.

Environment Texas is proud to join with Green Business Partners and Vitalis to fight fracking to help protect both our countries’ health and environment. Energy companies must fully shoulder the costs their operations impose on society.

Get to know about our campaign alongside with GBP and Vitalis to get involved and make a difference http://vitalis2.live-website.com/pinguino/fracking-vitalis-landing-eng/(abre en una nueva pestaña)

(*) Luke Metzger. As Executive director of Environment Texas, Luke is a leading voice in the state of Texas for clean air, clean water, clean energy and open space. Twitter Linkedin

Esta opinión se fundamenta en los mínimos planteamientos que explican los niveles en los cuales se puede dividir la cadena de suministro en la industria del petróleo. A su vez expone de manera general la importancia de implementar la planeación estratégica, así como el involucramiento de las áreas dentro de las organizaciones para la ejecución de acciones.

Básicamente la industria del petróleo y gas se puede dividir en dos grandes ámbitos:
– Upstream: Comprende la exploración, extracción del petróleo crudo y gas.
– Downstream: Es el ámbito donde estos productos son procesados, obteniendo derivados comerciables hasta sus últimos consumidores.

Sin embargo estos grandes grupos no dejan ver la cadena de suministro que se puede entretejer entre ambas hasta en 16 etapas, por lo cual es conveniente contemplar 3 ámbitos:
– Upstream: Lo que refiere a la exploración, desarrollo y producción de petróleo crudo y gas.
– Downstream oil: Conlleva la producción relacionada al petróleo crudo y sus procesos de transportación, refinación, derivados, almacenaje y venta hasta el consumidor final.
– Downstream gas: Comprende los servicios de marketing en torno al gas, transportación y almacenaje, hasta su consumidor final.

Es importante comenzar con preguntas que inviten a salir de la zona de confort, por ejemplo: ¿Qué se está haciendo? ¿Puede hacerse mejor? ¿Qué se quiere lograr y en qué tiempo? ¿Cómo se quiere ser percibido al interior y exterior de la organización? ¿Qué puedo cambiar y cómo? ¿Cómo y cuándo se evalúan resultados?… Estas cuestiones darán pie al análisis del qué hacer en el entono interno y externo, identificando los cambios deseables mediante priorización de necesidades para luego implementar las acciones; este proceso debe cerrar con una evaluación de logros y aprendizajes que contribuyan al inicio de un nuevo ciclo.

Finalmente, para que esta visión sea aplicable, duradera y viable, no basta con la convicción de la Dirección, es fundamental que las áreas de la organización se sumen desde su ámbito de acción y control, aportando al cumplimiento del Plan de lo contrario no dejan de ser una sucesión de acciones aisladas que tendrán pocos resultados e impacto.

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(*) Profesional con 10 años de experiencia en planeación, ejecución y evaluación de proyectos para el financiamiento de Organizaciones de la Sociedad Civil. Miembro fundador de Ololi para el Desarrollo Integral Sustentable AC. Estudiante de la Maestría en Responsabilidad Social en la Universidad Anáhuac México. LinkedIn Orlando Tapia Alvarez / orlando.tapia.alvarez@gmail.com

La reducción de las reservas de hidrocarburos en yacimientos convencionales y el aumento en la demanda energética a nivel mundial, son considerados factores base para el desarrollo de nuevas técnicas de extracción de combustibles fósiles, entre la que se encuentra la fracturación hidráulica o fracking.

Esta técnica es entendida como el proceso por el que un fluido – el cual se compone de una mezcla de agua, arena y químicos aditivos – es inyectado en pozos bajo alta presión, lo cual genera grietas y fisuras en las formaciones de roca que mejora la producción de los pozos, permitiendo escapar y recuperar el aceite y gas contenido en las rocas de los yacimientos no convencionales.

La fracturación hidráulica ha sido utilizada en diversos países del mundo. Como ejemplo, se tiene a los Estados Unidos de América, el cual la considera como necesaria para alcanzar una seguridad energética, olvidando en todo momento los impactos y riesgos ambientales y sociales que trae aparejada.

En México, si bien esta técnica ha sido implementada por Petróleos Mexicanos, sus resultados en términos económicos hasta la fecha no han sido exitosos. No obstante lo anterior, se han identificado zonas potenciales en yacimientos no convencionales para la extracción de combustibles fósiles -como el gas natural-, las cuales se ubican en las siguientes entidades federativas: Coahuila de Zaragoza, Hidalgo, Querétaro, Veracruz de Ignacio de la Llave, Chiapas, Tamaulipas, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Tabasco. Asimismo, el país ha definido dos cuencas de hidrocarburos denominadas Sabinas-Burgos y Tampico-Misantla, que pueden abarcar una o más de las entidades federativas mencionadas.

Relevante es mencionar que la Cuenca de Burgos, ubicada en el territorio de los estados de Nuevo León y Coahuila, se comparte con los Estados Unidos de América (EUA) en la zona denominada Eagle Ford Shale. Por lo anterior, es importante tener presente que independientemente de la frontera administrativa existente entre EUA y México, ambos comparten una riqueza en hidrocarburos de yacimientos no convencionales, lo que debe ser atendido no sólo desde la perspectiva económica, sino también ambiental. 

Los posibles daños ambientales que se generen en alguno de los Estados, pueden ser transmitidos al otro, debido a que para los recursos naturales no existen fronteras. Por ello, tres instituciones con una visión ambiental como lo son Vitalis ONG, Green Business Partners y Environment Texas, buscan el cambio de una visión extractivista a una basada en el cuidado y protección de los recursos naturales en beneficio no sólo del hombre, sino de todos los seres que habitan en el planeta. 

Desde una perspectiva jurídica, a finales del 2013 en México, se generó una de las reformas constitucionales mas importantes relacionadas con los sectores energéticos y de hidrocarburos, la cual es conocida como “La Reforma Energética”. Como resultado, se publicaron o modificaron diversas leyes y reglamentos, que impactaron tanto al marco normativo del sector hidrocarburos como el del ambiental, dejando al segundo en franca desventaja frente al primero.

Esta modificación a los ordenamientos jurídicos ha sido seguida de una desregulación ambiental. Se afirma lo anterior, ya que la técnica de fracking, actualmente está regulada mediante lineamientos administrativos de baja fuerza normativa que establecen en la mayoría de los casos, sugerencias para los regulados.

Como se mencionó, actualmente existen reservas potenciales de aceite y gas por extraer en México, lo cual es un atractivo para la industria. Aunado a lo anterior, el interés económico se hace presente bajo el arropo de un marco normativo ambiental laxo, cuya aplicación está sujeta a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la cual fue creada para dar impulso al sector hidrocarburos dejando en el olvido la protección ambiental.

Lo anterior puede afirmarse, ya que de atender a las experiencias internacionales en las que diversos estudios han dejado de manifiesto los riesgos ambientales, así como los impactos ambientales en el suelo, agua, atmósfera, biodiversidad, entre otros, ésta no sería permitida. A pesar de que países como EUA cuentan con gran experiencia en la implementación de la técnica, ya que se desarrolló en ese Estado a principios de los años veinte y fue aplicada hasta finales, aún no puede establecer de forma puntual todos y cada uno de los riesgos de esta actividad. 

En el año 2015, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en México, a través de su “Guía de Criterios Ambientales para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos contenidos en Lutitas”, reconoció que esta técnica genera impactos ambientales que deben ser prevenidos. Algunos de los impactos ambientales y sociales más significativos por la utilización del técnica pueden ser: (i) Impactos a la atmósfera por emisiones al aire derivadas principalmente de los sistemas de perforación y emisiones fugitivas de los propios pozos; (ii) impactos al agua principalmente por su uso intensivo así como por el uso de sustancias químicas que son adicionadas al recurso; (iii) impactos al suelo y agua generados por la extracción de compuestos contaminantes contenidos en los yacimientos y por la disposición del agua que se obtiene como resultado del proceso; (iv) impactos por la generación de residuos como resultado de la perforación de pozos, (v) impactos por la fragmentación de los terrenos donde se realiza la actividad; (vi) impactos en la salud humana por el manejo de las sustancias utilizadas durante el proceso; (vii) migración de la población debido a la contaminación de suelos y agua por residuos peligrosos utilizados durante la actividad.

Frente a ello, el principio ambiental “precautorio” ha tomado trascendencia. Éste fue inserto en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, mismo que indica que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Tomando como fundamento dicho principio ambiental internacional, se considera que las autoridades no deben permitir la utilización de la técnica en México. Para que dicho principio se aplique, será necesario la existencia de un riesgo y que exista una incertidumbre científica sobre la causalidad, la magnitud, probabilidad y la naturaleza del daño, elementos que se actualizan de manera clara en el caso de la técnica de fracking. 

Ante la incertidumbre sobre los riesgos asociados al fracking así como de los impactos a futuro que éstos traigan aparejados, países como Francia, Irlanda y Bulgaria, han impuesto moratorias o prohibiciones para el desarrollo de esta actividad, lo que se sugiere ocurra en México. La evidente vinculación entre la degradación ambiental y la violación a los derechos humanos, tales como al medio ambiente sano, al agua potable y saneamiento, a la vida, al desarrollo, a la salud, entre otros, hacen también necesaria la prohibición de esta actividad. 

La violación de estos derechos puede generarse, entre otras cosas por: la contaminación del suelo, aire y el agua, pérdida de la biodiversidad y su vinculación con el desarrollo de las comunidades, la imposibilidad de generar producción en el campo y, el aumento del número de enfermedades causado por el inadecuado uso, manejo y disposición de residuos.

Finalmente, estamos ante un tema ambiental y no económico, en el que la viabilidad técnica de la extracción de los hidrocarburos no está en duda pero si, la protección y cuidado de los recursos naturales así como de los derechos humanos.

Resumen de diversas etapas que involucran la extracción de hidrocarburos mediante la aplicación de la técnica de fracturación:

(*) Especialista en Derecho Ambiental, Maestra en Gestión y Auditoría Ambiental y Doctoranda en Derecho Ambiental. Directora de Derecho Ambiental y Políticas de VITALIS México, mtejado@vitalis.net

De igual forma, VITALIS insta a las autoridades a investigar en forma eficiente y eficaz los hechos ocurridos, a fin de establecer las responsabilidades del caso, así como a tomar todas las medidas necesarias para atender la emergencia y evitar que situaciones como éstas vuelvan a ocurrir.

En espera de los resultados de las primeras evaluaciones, VITALIS hace un llamado a evitar las especulaciones en torno a las implicaciones ambientales de este penoso hecho. Sin embargo, hace un llamado a las autoridades a cumplir a cabalidad lo establecido en los planes de contingencia en la materia, a fin de atender con prontitud esta situación, así como a vigilar con celo el cumplimiento de los planes y programas de Higiene, Seguridad y Ambiente (SHA) dentro de la industria petrolera y petroquímica.

Expertos de VITALIS aseguran que pasará algún tiempo para comprobar los daños ocurridos, y los impactos ambientales negativos dependerán especialmente del tipo de combustibles incinerados y los gases emitidos. Aspectos como la velocidad y dirección del viento y la composición de los contaminantes, serán fundamentales para estimar el efecto de las partículas y gases emitidos dentro del área de influencia, tanto sobre el medio terrestre como el acuático, además de aquellos sobre las poblaciones humanas, que pudieran sufrir afecciones respiratorias, y que pudieran requerir asistencia médica especializada.

En este proceso, una vez cese el incendio, debe realizarse una auditoría ambiental minuciosa, que recomendamos sea desarrollada por expertos independientes, que complemente las investigaciones de la estatal petrolera, para documentar científica y técnicamente todos los daños, y estimar las medidas que deberán implementarse para mitigarlos, así como para revertir los impactos ambientales negativos, a fin de evitar efectos indeseables sobre las comunidades humanas, la flora y la fauna, el medio físico, y los procesos ecológicos esenciales y fenómenos evolutivos asociados.

Tal y como ha sugerido nuestro asesor el Dr. Juan Carlos Sánchez, habrá que tener cuidado en  la deposición de las partículas emitidas, porque aparte de ocasionar problemas respiratorios y cardiopatías en las personas, altera los ciclos químicos y de nutrientes en los suelos y aguas superficiales. Asimismo, hay que estar atentos a la diseminación de los hidrocarburos aromáticos policíclico (PAH), tanto en el suelo como en los cuerpos de agua, debido a que estos pueden ocasionar alteraciones genéticas, bioquímicas o fisiológicas en diversas especies, que pueden poner en riesgo su supervivencia y eficacia biológica en las áreas expuestas.

Desde el punto de vista jurídico y técnico, VITALS señala que se tendrá que evaluar si hubo negligencia, imprudencia o impericia de quienes tienen a su cargo y control a a Refinería de Amuay para determinar que fue lo que allí sucedió, y establecer las medidas ejemplarizantes para que ello nunca más vuelva a ocurrir.

Venezuela es uno de los países latinoamericanos con riqueza petrolera abundante, lo cual ha servido para desarrollar toda nuestra economía y aumentar la calidad de vida de los ciudadanos, no obstante, estas actividades provocan daños ambientales, que en la mayoría de los casos son irreversibles desde la perspectiva ecológica y ambiental.

Sabemos que la naturaleza tiene un proceso de regeneración natural, y que las capas de permeabilización hacen su trabajo de efecto tamponado, la cual se ve saturada cuando se habla de derrames a causa de hidrocarburos, en especial  de crudo pesado, tal como sucedió el día 4 de febrero de 2012, con el rompimiento de una tubería del Complejo Operacional Jusepín, ubicado en el Norte del estado Monagas. En esta instalación se realiza el tratamiento y almacenamiento del petróleo proveniente en su mayor parte del campo El Furrial, ocasionando un derrame petrolero de gran magnitud, que supuestamente abarcó aproximadamente alrededor de 140 kilómetros y desembocó en las aguas del rio Guarapiche, una de las principales fuentes de agua de la ciudad de Maturín.

La empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) parece haber actuado de manera tardía, pues pasadas 21 horas de ocurrido el accidente, empezaron de manera artesanal a promover barreras para contener el derrame, con apoyo de personas sumergidas en el rio carentes de equipos adecuados para protegerse del contacto dérmico del crudo, exponiendo la salud de estos colaboradores, quienes se apoyaban con tobos y objetos domésticos tratando de paliar el vertido, en lugar de activar inmediatamente un plan de contingencia para evitar mayores daños ambientales, tal como establecen los protocolos de seguridad ambiental de las empresas petroleras en estos casos.

Esta falta de acción oportuna, permitió que un gran volumen de petróleo (extraoficialmente se habla de 60 mil barriles) contaminara el río Guarapiche, el cual alimenta a la planta de tratamiento que suministra el agua potable a la población de Maturín, lo que originó el cierre inmediato de la misma, dejando sin agua a aproximadamente el 60 % de los habitantes de la capital del estado Monagas y obligando a las autoridades a tomar acciones por el accidente causado.

Lamentablemente la información oficial ha sido débil, precaria, desordenada y hasta algo contradictoria, al no evidenciarse una implementación clara para corregir la situación.

Preocupa y sorprende la posible falta de responsabilidad estatal por los daños al ambiente y a la población monaguense, entendiendo que suelo, subsuelos y acuíferos, se encuentran en flagrante e incalculables daños de difícil reversión, sumado esto a que el rio Guarapiche exhibe un reservorio de manglares de una rica fuente de biodiversidad, amén de las consecuencias que conllevan la actividad económica que representa para sus pobladores.

Este accidente, se une a los dos (2) ocurridos en lo que va del año en el estado Monagas: el derrame de petróleo en la zona de La Pica y la explosión del taladro CPV 15, sin daños humanos que lamentar, pero con un impacto devastador del ambiente.

VITALIS exhorta a la empresa estatal a iniciar las acciones conducentes para:

• Revisar y actualizar los planes preventivos de inspección en las instalaciones.
• Actualizar y capacitar al personal que labora en la instalación de cómo actuar ante una contingencia de fuga o derrame de crudo.
• Capacitar y actualizar los estudios de riesgo en las instalaciones de conformidad con los protocolos de seguridad petrolera.
• Promover los simulacros de acción en emergencia y contingencia con el personal que labora en las instalaciones
• Manejar la información en forma oportuna y veraz.
• Solicitar al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente un estudio de impacto ambiental que determine el daño ambiental causado a mediano y largo plazo, así como las consecuencias que experimentarán el recurso genético de las especies acuáticas y biodiversidad afectada, los suelos, subsuelos y el recurso acuífero, y cuál su posible mitigación y reversibilidad, a la luz del daño ambiental y ecológico causado.

Esperamos confiados en que este incidente sirva de experiencia para evitar en el futuro daños ambientales de esta magnitud, pues cada derrame deja una huella que afecta el entorno ambiental y ecológico, poniendo en peligro la vida de las especies, de la cual no escapan las generaciones actuales y futuras.

(*) Directora de Derecho Ambiental de VITALIS

Profesora de la USM y la UNIMET

maritzadasilva@gmail.com