El tema (y hasta el temor) del cambio climático y sus efectos perjudiciales directos, no solo sobre la “lejana” naturaleza y el “apartado” patrimonio cultural, sino en nuestra calidad de vida, ha sido objeto de acuerdos internacionales y normas jurídicas locales destinados a prevenir sus consecuencias, reducir su impacto, implementar medidas de adaptación, así como sancionar sus violaciones. También ha propiciado una serie permanentemente en aumento, de diversas directrices tendentes a adaptar el comportamiento de las sociedades, de las personas, de los productores y de los consumidores, a pautas ambientalmente amigables e incluso solidarias.

La incidencia del cambio climático sobre el goce efectivo de los derechos humanos evidencia su agresión contra el concepto mismo de dignidad humana.  Su carácter destructivo como resultado de la actividad económica efectuada sin responsabilidad social y ambiental de la empresa, solo con el norte de maximizar el lucro, sin fraternidad, pone en tela de juicio la idea misma de humanidad y del menesteroso diálogo intercultural e intergeneracional.

Así, vemos florecer estudios, recomendaciones y toda suerte de cursos de formación y denuncias, aunque sin que a ciencia cierta logremos visualizar que los seres humanos avancen más allá de los discursos, las buenas intenciones y las alarmas.

Afortunadamente, la actuación en justicia desde la sociedad civil, tanto por personas en acciones individuales, como por ONGs en acciones colectivas, impulsando y motivando al juez a convertirse en factor clave de lucha contra el cambio climático, no desde el activismo judicial, sino desde la conciencia ciudadana, ha generado recientes e importantes sentencias que hacen ver a los Estados que sus palabras son hermosas, pero incompatibles o insuficientes con sus haceres, generando su responsabilidad patrimonial frente a los perjuicios causados al ambiente derivados del cambio climático.

Tanto así que, ya dentro del cada vez más amplio “contencioso climático” en el mundo, un juicio en particular conocido como el “caso del siglo”, iniciado por cuatro ONGs y con la firma de 2,3 millones de personas, actúa con un cambio radical de estrategia judicial, en la que en lugar de contentarse con pedir la nulidad de decisiones administrativas aisladas o puntuales, se busca cuestionar toda la política pública en la materia. De este modo, en vista de la insuficiencia de la acción estatal, el juez obliga a la autoridad a tomar medidas útiles para reducir la emisión de gases de invernadero a un nivel compatible con el mantenimiento del recalentamiento planetario por debajo de 1,5°C, y condena al Estado a la reparación de los daños y perjuicios ambientales proporcionalmente causados por su negligencia.

Se trata de la sentencia del Tribunal Administrativo de París, del 3 de febrero de 2021, en donde el juzgado reconoció la responsabilidad del Estado Francés respecto de la crisis climática por su incumplimiento frente a los compromisos de reducción de emisiones.

La ciudadanía asume su responsabilidad y el juez obliga al Estado a honrar sus compromisos.

El Acuerdo de Escazú tiene estrecha relación con este tema, por lo que te invitamos a leer más en el artículo sobre su entrada en vigor escrito por el Dr. Diego Díaz Martín, Director General de Vitalis para Iberoamérica, Estados Unidos y Canadá que encuentras en este enlace

(*) Abogado. Colaborador consultor internacional de Vitalis. Consultor en derecho ambiental, derechos humanos, patrimonio cultural y paisaje. Profesor, escritor y conferencista. https://www.linkedin.com/in/alberto-blanco-uribe-b004329/

Lic Jose Antonio Pérez Abuin (*) 

La educación ambiental tiene como objetivo formar conciencia entre la población en general, sobre la importancia del medio ambiente global y su problemática. Asimismo este tipo de educación pretende que las personas adquieran los conocimientos, actitudes, motivaciones y competencias necesarias para contribuir de forma individual y colectiva a la resolución de los problemas actuales y a la prevención de otros que pudieran surgir.

La educación ambiental en México, es promovida por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y sus fundamentos aparecen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Por esta razón, sólo se ha incluido en los libros de texto de ciencias naturales y de geografía; es decir, se trata de una equivalencia entre ambiente y naturaleza que no contribuye lo suficiente a ver la dimensión de los problemas ambientales y obstruye la comprensión colectiva de la problemática. Sin embargo, tanto en nivel tecnológico como superior; y más recientemente, en los proyectos de educación para la vida y el trabajo, es posible identificar nuevas oportunidades de concientización.

La educación ambiental es muy pobre y muy costosa en todos los niveles de la educación formal, en todos los grados educativos no está incluida de manera formal en la currícula, con excepción de algunos diplomados y posgrados de carreras recientes tales como Ingeniería Ambiental, Psicología Ambiental, Arquitectura Ambiental, etc.

Por esta razón, se propone crear centros de educación ambiental (CEA)  ubicados en regiones con más de un millón de habitantes,  en zonas o ciudades de fácil  acceso, para que las escuelas de cualquier nivel, asociaciones y clubes puedan enviar grupos de personas a estos CEA para su capacitación y también se deberá desarrollar una  plataforma de realidad virtual para los que no puedan visitar físicamente.

Estos CED deben estar enfocados a poner en práctica los siguientes aspectos ambientales:

• Concientizar y sensibilizar a los participantes el interés por el medio ambiente
• Desarrollar capacidades y actividades en favor del medio ambiente
• Ampliar conocimiento del medio ambiente y su funcionamiento

Ejemplos de programas a realizar en los centros ambientales:

1. Programa manejo de recursos naturales y medio ambiente.
2. Programa de recolección y separación de basura.
3. Programa de reforestación municipal
4. Programas de concientización ambiental

Estos centros de educación que proponemos podrían ser una alternativa en la Educación Ambiental en Mexico a un menor costo, ya que podían impactar a más del 80%  de la población en tan solo 2 años, fortalecidos con un  diseño de plataformas de realidad virtual para las comunidades más marginadala al  incluirlas en Tele-Secundaria.  Nuestro programa al ser practico, divertido  y basado en el ejemplo; estamos convencidos de que tendría un gran impacto educativo,  ya que sería el alumno de estos CED la semilla para educar a su propia  familia

Es una idea  innovadora para que en México podamos lograr una mejor cultura sobre el manejo del medio ambiente, los recursos naturales y la sustentabilidad ya que nos permitirá llegar a muchos hogares con los  programas de educación interactiva, basándonos en el ejemplo para lograr una verdadera conciencia Ciudadana del cuidado del medio ambiente que nos urge para supervivencia de nuestro Planeta.

(*) jperezabuin@absa.com.mx