Cada 5 de junio, el mundo celebra el Día Mundial del Ambiente, una fecha que nos invita a reflexionar sobre el estado de nuestro planeta y a tomar acciones concretas para su protección. Sin embargo, más allá de la conmemoración, esta efeméride debe ser vista como una oportunidad para fortalecer la participación activa de todos los actores sociales: ciudadanos, empresas y gobiernos. La crisis ambiental que enfrentamos requiere un compromiso colectivo, informado y sostenido, que trascienda las campañas de un día y se traduzca en acciones diarias.

La participación ciudadana es la piedra angular de cualquier proceso de cambio ambiental. En América Latina, la sensibilidad hacia lo ambiental ha ido creciendo en las últimas décadas, impulsada por movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y comunidades locales. Se estima que el 65% de los latinoamericanos considera que la protección del ambiente debe ser una prioridad, pero solo el 40% participa activamente en acciones concretas, como reciclaje, conservación de espacios naturales o campañas de sensibilización. Esto revela una brecha entre la percepción y la acción, que puede cerrarse mediante la educación ambiental, la inclusión en las políticas públicas y el uso de tecnologías digitales que faciliten la participación.

Un ejemplo destacado es el movimiento de jóvenes en Chile, que ha logrado influir en decisiones políticas sobre la protección de glaciares y recursos hídricos. La movilización de la sociedad civil, combinada con plataformas digitales, ha permitido que temas ambientales lleguen a la agenda pública y presionen a los tomadores de decisiones. La participación ciudadana no solo fortalece la democracia ambiental, sino que también genera un sentido de pertenencia y responsabilidad que impulsa cambios en comportamientos cotidianos.

Por otro lado, las empresas tienen un papel fundamental en la transición hacia modelos productivos sostenibles. La economía circular, la innovación en energías renovables y la adopción de prácticas responsables son tendencias que están ganando terreno en América Latina. Según la CEPAL, las empresas que implementan políticas de sostenibilidad ven un aumento en su competitividad y en la fidelidad de sus clientes. Un buen ejemplo es Grupo Argos de Colombia, que ha implementado el uso de combustibles alternativos en sus procesos de producción y la inversión en energías renovables. Además, trabaja en proyectos de conservación y reforestación, promoviendo la responsabilidad social y ambiental en las comunidades donde opera.

El compromiso del sector privado puede potenciarse mediante alianzas con organizaciones sociales y gobiernos, creando sinergias que impulsen proyectos de conservación, educación ambiental y desarrollo sostenible. La innovación tecnológica, como las energías limpias, la agricultura sostenible y las soluciones basadas en la naturaleza, ofrecen oportunidades para transformar los desafíos ambientales en oportunidades económicas y sociales.

Finalmente, los gobiernos tienen la responsabilidad de establecer marcos regulatorios claros, fortalecer las instituciones ambientales y promover políticas públicas que integren la sostenibilidad en todos los niveles. En América Latina, algunos países han avanzado en este sentido. Costa Rica, por ejemplo, ha logrado que el 99% de su electricidad provenga de fuentes renovables, y ha resguardado cerca del 30% de su territorio mediante áreas protegidas y programas de pago por servicios ambientales. Sin embargo, aún enfrentamos desafíos como la deforestación en la Amazonía, que en 2022 alcanzó cifras alarmantes con una pérdida de aproximadamente 11.000 km², según el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) de Brasil.

El Día Mundial del Ambiente debe ser un recordatorio de que la protección del planeta requiere acciones concretas y coordinadas. La participación ciudadana, empresarial y gubernamental no son acciones aisladas, sino componentes de un mismo entramado que puede generar cambios profundos.

En sintonía con este tema, te invitamos a revisar el artículo “Las alianzas: esencia y soporte para alcanzar las metas de la Agenda 2030”

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(*) Ingeniero de los Recursos Naturales Renovables, Magister en Gerencia Ambiental y Especialista en Diseño de Acciones formativas en Línea. Directora de Vitalis Academy. https://bit.ly/CeciliaGómezLinkedin

Los jardines botánicos de Venezuela son ricos en biodiversidad, ya que albergan una amplia variedad de especies vegetales algunas de ellas únicas en el mundo. Sin embargo, a pesar de su invaluable riqueza natural, se encuentran bajo amenaza constante y una vez más, están en la mira.

Los jardines botánicos son espacios diseñados para cumplir la función fundamental de salvaguardar las especies vegetales de una región en forma de colecciones de plantas, lo que se denomina conservación ex situ, esto es fuera de sus ambientes naturales. También pueden preservar internamente espacios inalteradosdonde las plantas continúan con su desarrollo y evolución, contribuyendo así a la conservación in situ, esto es en su lugar de origen.

A la función de conservación deben sumarse las actividades de investigación, educación y recreación que buscan acercar el mundo vegetal a la gente. Estas cuatro funciones deben ejercerse equilibradamente, manteniendo como eje central a las plantas.

Además de preservar el patrimonio natural vegetal, los jardines botánicos son espacios dentro de nuestras ciudades que conectan a los ciudadanos con la naturaleza. Probablemente representan una de las únicas oportunidades para los habitantes urbanos de visitar una zona natural o seminatural situada en su región.

Según el último registro oficial llevado a cabo por la Red Nacional de Jardines Botánicos de Venezuela, constituida en 2005, en el territorio nacional existen 16 jardines botánicos ubicados en diversas regiones del país. Algunas de estas organizaciones están plenamente establecidas y otras están en desarrollo o en proyecto.

Aunque han pasado casi 20 años de ese estudio, distintos especialistas aseguran que, actualmente, la mayoría de los jardines botánicos en Venezuela están luchando por mantener sus colecciones de plantas e infraestructuras de apoyo. El contexto actual que vive el país, que no establece como prioritarias las labores de conservación de la biodiversidad, la falta de presupuesto o la presión para destinar sus espacios a otras actividades más “atractivas”, han hecho difícil que los jardines botánicos venezolanos sigan cumpliendo con sus funciones.

Las colecciones de plantas han sido atacadas por plagas, malezas e incendios, y, en algunos casos reportados recientemente, las áreas naturales internas han sido arrasadas por maquinaria pesada lo que ha causado pérdidas irreparables en el corto plazo. En algunos de ellos la infraestructura de apoyo está desmantelada y solo unos pocos profesionales mantienen la mística de conservar, a duras penas, el patrimonio vegetal que durante años se mantuvo dentro de estos espacios.

En este sentido es importante destacar que la consolidación de las colecciones de plantas, que son el eje primordial de un jardín botánico, puede llevarse más de ocho años; su desaparición por decisiones desacertadas es cuestión de meses.

Los esfuerzos emprendidos por los jardines botánicos hacia la conservación de las especies de plantas implican un compromiso y un trabajo a largo plazo, por lo que la continuidad de su labor debe ser considerada prioritaria. Los aportes a la seguridad alimentaria, a la protección que brindan al acervo natural y al patrimonio vegetal del país son elementos determinantes para considerar a los jardines botánicos como espacios de interés nacional.

Los ciudadanos somos la voz de la conciencia colectiva: debemos conocer, valorar y defender a nuestros jardines botánicos. A su vez, las instituciones públicas deben ser garantes de su integridad por la importante función que cumplen, asegurando su sostenibilidad a largo plazo.

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(*) Ingeniero de los Recursos Naturales Renovables, Magister en Gerencia Ambiental, Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales. Especialista en Jardines Botánicos. Directora de Vitalis Academy

Los árboles son una de las formas más antiguas y fundamentales de vida en nuestro planeta. Han existido por millones de años y han sido una parte importante de los ecosistemas terrestres. Incorporados como parte del paisaje urbano, conforman las denominadas áreas verdes, las cuales son esenciales para la calidad de vida de los ciudadanos.

Existe una amplia gama de beneficios ecológicos, sociales y económicos que brindan los árboles dentro de las ciudades:

• Son esenciales para la salud y el bienestar de las personas, existiendo estudios que han demostrado que los espacios con árboles pueden reducir el estrés, mejorar la salud mental y fomentar la actividad física.
• Pueden aumentar el valor de las propiedades cercanas y atraer a turistas y visitantes.
• Proporcionan hábitat y alimento para muchas otras especies, lo que aumenta la biodiversidad urbana.
• Pueden ayudar a mitigar los efectos del cambio climático al absorber el dióxido de carbono y otros contaminantes del aire.
• Contribuyen a regular la temperatura al proporcionar sombra y aumentar los niveles de humedad del aire.

A pesar de todos estos beneficios, en los últimos años la poda severa y la mutilación de árboles se han convertido en prácticas comunes dentro de nuestras ciudades. Estas acciones pueden dañar seriamente a las especies y también al ecosistema urbano.

La poda incorrecta puede afectar la salud del árbol y su capacidad para crecer y desarrollarse adecuadamente. La mutilación, que implica la eliminación de grandes cantidades de ramas o del tronco del árbol, puede debilitarlo y hacerlo más susceptible a enfermedades y plagas, lo que a la larga acarrearía problemas adicionales pues pueden hacerse más propensos a caerse y causar daños a las propiedades aledañas o provocar lesiones a las personas.

Hacer que la sociedad comprenda la importancia de la conservación de los árboles, y evite su mutilación o poda severa es una tarea fundamental en nuestros días. Para ello la educación, concienciación y sensibilización son la clave.

En este sentido, las comunidades pueden trabajar juntas para identificar los árboles más importantes dentro de sus áreas de influencia y crear un plan de conservación para protegerlos. Los gobiernos pueden establecer regulaciones y políticas que limiten la mutilación de los árboles y promuevan su poda adecuada. Las empresas de mantenimiento del cableado aéreo de electricidad, telefonía y otros servicios, deben entrenar a su personal para que puedan hacer un trabajo que no afecte a los árboles.

De esta manera autoridades, empresas y sociedad en general tomarán parte de las acciones y medidas para proteger el arbolado urbano y promoverán su gestión sostenible. Esto es esencial para garantizar su supervivencia y preservar así su papel fundamental para la biodiversidad urbana, garantizando que puedan seguir siendo una parte importante de las ciudades del futuro y de nuestro patrimonio natural.

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(*) Ingeniero de los Recursos Naturales Renovables, Magister en Gerencia Ambiental y Doctora en Economía y Administración de Empresas. Directora del Campus Virtual de Vitalis. Correo electrónico: cgomez@vitalis.net

En términos muy generales y sencillos, la biodiversidad es la variedad de la vida. Este concepto incluye varios niveles de la organización biológica que van desde la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado, hasta su variabilidad genética, considerando también los ecosistemas de los cuales forman parte y las regiones en donde se ubican los ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan en todos estos niveles de organización dentro de la naturaleza.

En el caso de Suramérica, la biodiversidad es uno de sus principales patrimonios naturales que contiene esta región. De los 17 países megadiversos del Mundo, 5 están en Suramérica: Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Esta región alberga una enorme variedad de especies y ecosistemas únicos en el mundo. Sin embargo, su pérdida es una de las principales preocupaciones de la comunidad científica y de la sociedad en general, ya que sus implicaciones económicas y ecológicas pueden ser muy graves.

Las demandas asociadas a satisfacer necesidades y mejorar calidad de vida de la población son las principales responsables de la pérdida de la biodiversidad en América del Sur. Actividades como la deforestación, la expansión de la agricultura y la ganadería, la minería y la urbanización, afectan directamente a los ecosistemas; a esto se suma la caza furtiva, el comercio de especies y los incendios forestales.

Especial atención hay que prestar a los efectos del cambio climático sobre la diversidad de especies de esta zona. Se estima que entre el 25 y el 50% de ellas son endémicas, esto quiere decir que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, por lo que la posibilidad de adaptarse a modificaciones de su entorno es muy estrecha.

El uso de muchas de las especies presentes en esta región es fuente de ingresos para las poblaciones locales. Sin embargo, la explotación más allá de su capacidad de regeneración, entendida como la posibilidad de que las especies se recuperen naturalmente, provoca su pérdida, pudiendo llevarlas a la extinción. Esta situación, a la larga, se revierte contra la calidad de vida de las personas, ya que puede afectar la satisfacción de sus necesidades actuales y limitar el desarrollo de futuros usos, aún no descubiertos, en campos como la medicina, por ejemplo.

Finalmente, cabe señalar que todas las especies son esenciales para mantener el equilibrio ecológico dentro de los ecosistemas, por lo que la pérdida de cualquiera de ellas, afecta la funcionalidad dentro y entre los ecosistemas. Por ejemplo, el jaguar es uno de los principales depredadores de la cadena alimentaria de esta zona del mundo, por lo que la disminución de sus poblaciones o su desaparición podría afectar a las grupos de otras especies y desequilibrar la armonía natural.

La pérdida de biodiversidad en Suramérica es una de las mayores preocupaciones medioambientales y económicas de esta región. Por ello es necesario tomar medidas urgentes para protegerla en todos sus niveles. Un cambio en el modelo de desarrollo y de consumo de la sociedad, demandaría menos recursos, lo que conjuntamente con la incorporación de prácticas productivas que aseguren la sostenibilidad de los ecosistemas como la conservación de los hábitats naturales, el fomento de prácticas sostenibles en la agricultura y la ganadería, la  lucha contra la caza furtiva y la promoción del turismo sostenible en la región, garantizarían un futuro para la biodiversidad de Suramérica y para las generaciones venideras.

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(*) Bióloga, con más de 30 años de experiencia en el ámbito ambiental nacional e internacional. Actualmente Presidente de GWP Venezuela/AveAgua y Líder Global en Biodiversidad en Vitalis Iberoamérica. E-mail: zrmartinez@vitalis.net

1972 fue un año prometedor frente al compromiso internacional e intergeneracional en pro de la conservación y la gestión racional del ambiente y del patrimonio cultural y natural.

No sólo se aprobó la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano de la Asamblea General de la ONU, reconociendo el derecho humano al ambiente y se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA), entre otros textos pertinentes de interés global, sino que se firmó en París, Francia, el 21 de noviembre de 1972, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la trascendental Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.

Se trata de un tratado internacional que concreta un eficiente sistema de cooperación internacional para la salvaguarda del patrimonio cultural y natural, considerando que el deterioro o la pérdida de un elemento patrimonial constituye un empobrecimiento nefasto del patrimonio de la humanidad.

Este mecanismo está reservado a bienes patrimoniales materiales que a juicio del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO y, a propuesta del Estado en cuyo territorio se sitúen, revistan un valor universal excepcional, en lo cultural y/o en lo natural, siendo inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, pudiendo aspirar a financiamiento del Fondo del Patrimonio Mundial.

Por otra parte, la Convención no reconoce explícitamente el derecho humano al patrimonio de la humanidad, pero los intérpretes han sido contestes acerca de su reconocimiento implícito, al establecer como contrapartida la obligación de los Estados de identificar, proteger, conservar, revalorizar, rehabilitar y asegurar el acceso a las generaciones presentes, y transmitir a las futuras, el patrimonio cultural y natural. Y resulta de suyo importantísimo destacar que se estima que de esta Convención, de la Declaración de Estocolmo y de cuantiosos posteriores desarrollos académicos, normativos y jurisprudenciales, deriva indirecta pero efectivamente el derecho humano al patrimonio cultural y natural, sea éste de carácter nacional, regional o local, e incluso nada excepcional pero significativo desde la perspectiva del derecho a la identidad cultural, y por tanto no inscrito en la Lista, con las mismas obligaciones para los Estados.

El derecho al patrimonio integra el derecho a tomar parte (o a participar) en la vida cultural de la comunidad, previsto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, derecho que se suma a los derechos culturales, junto a los derechos a la educación patrimonial y al acceso a la información patrimonial, también contenidos en la Convención.

Festejamos entonces el 50 aniversario de la Convención de París, que invita al respeto de la diversidad cultural y de la biodiversidad en pro de la paz.

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(*) Colaborador de Vitalis y de la Cátedra UNESCO Fórum Universidad y Patrimonio Cultural. Coordinador del Observatorio Iberoamericano de Derecho Ambiental, Patrimonio Cultural y Paisaje de la Asociación Juristas de Iberoamérica. Consultor de RWYC International. https://www.linkedin.com/in/alberto-blanco-uribe-b004329/

El medio ambiente es uno de los bienes más preciados que los seres humanos disfrutan. Se es extremadamente afortunado de poder gozar de bosques, sabanas, ríos, playas y todo lo que el entorno natural puede ofrecer. Aunque lo antes descrito sean cosas que suelen darse por sentado, hay que luchar por su preservación, pues de lo contrario, todo podría desaparecer, como ha venido ocurriendo paulatinamente, comprometiendo el hogar de las futuras generaciones.

Desde los años ´70, en Europa se han desarrollado una serie de tratados e instrumentos para la protección medio ambiental. Así, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha considerado que preservar el entorno natural es un objetivo de la Comunidad.

La Unión Europea ha apuntado al concepto de sostenibilidad para incluir al medio ambiente en las bases de sus Estados miembros. Estos han buscado distintas maneras para contemplarlo dentro sus instrumentos legales. Sin embargo, si se revisa la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se puede notar que este texto establece al medio ambiente como un principio, no como un derecho, coincidiendo con la forma en que está planteado en la Constitución española.

Al analizar los textos constitucionales de otros Estados Comunitarios se puede apreciar una amplia gama de formas para desarrollar este principio: algunos lo reflejan como mandatos de protección, otros como deberes constitucionales, e incluso puede ser incluido como un derecho social, como el caso de Francia, donde se consagra como el derecho a vivir en un ambiente equilibrado y respetuoso de la salud. Entonces, vemos como en Europa sí se toma al medio ambiente como un principio, y a partir de ello, se ha creado un consenso en que debe ser protegido y regulado.

Por otra parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no se ha hecho ajeno al avance medioambiental. Con esto, se ha dictado mucha jurisprudencia tendiente a la ecologización de verdaderos derechos fundamentales, favoreciendo decisiones en torno a la protección del medio ambiente y estableciendo responsabilidades por los daños causados.

Sin duda, el hecho de la inclusión del principio de protección del entorno natural en tantos aspectos de la legislación europea muestra, de cierta forma, la interdependencia entre el medio ambiente y otros derechos fundamentales, ya que, ¿cómo se puede gozar del derecho a la salud, a una vida digna, a tener una vivienda propicia, sin contar con un medio ambiente adecuado? Si el entorno ambiental donde se habita falla, toda la esfera de derechos que se posee, se va a ver afectada significativamente.

Como sociedad, no queda más que encaminar las próximas decisiones, individuales y colectivas, a dar mayor cuidado y protección al ambiente natural, a atender el espacio en que esta vive, aprovecha y disfruta, y dónde, si se hace bien, las futuras generaciones podrán seguir gozando de él. Quedará trabajar en favor de ello para conservar lo que la naturaleza ha dispuesto.

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(*) Abogada, especializada en Derecho Internacional Humanitario, actualmente culminando el máster de Asesoramiento Jurídico Empresarial enfocado en medioambiental en la Universidade da Coruña. Con un desarrollo académico y profesional enfocado en la protección de derechos humanos y desarrollo de proyectos sociales. Colaboradora de Vitalis en España

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, firmado el 4 de marzo de 2018, en Costa Rica, conocido como el “Acuerdo de Escazú”, es el primer instrumento en contener disposiciones específicas sobre defensores ambientales, protección de los bienes naturales tutelados y la participación ciudadana en asuntos públicos, todos relacionados al ambiente con un enfoque en derechos humanos.

Basado en los principios de igualdad, no discriminación, progresividad, prevención, precaución, equidad intergeneracional, máxima publicidad, soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales, así como en el de in dubio pro persona (que favorezca a los individuos) e in dubio pro natura (que favorezca a la naturaleza), este Acuerdo busca garantizar el derecho a vivir en un ambiente sano como derecho humano fundamental, representando un avance pragmático de derechos de exigibilidad ambiental.

Entre sus objetivos principales destacan el deber del Estado, generalmente con los ciudadanos, de promover los derechos de acceso a la información y divulgación ambiental, a través de la prensa escrita, radio, televisión y redes sociales, así como  el desarrollo formativo en todos los niveles de educación a través de programas que contengan las disposiciones establecidas en los instrumentos, tanto nacionales como internacionales, relacionados con el ambiente.

Igualmente destaca la participación ciudadana, plural y protagónica, en asuntos públicos, como factor inclusivo en el marco de las decisiones y autorizaciones ambientales, cuando las mismas representen un impacto significativo tanto en la naturaleza de los ecosistemas como en la salud de las personas, que puedan ocasionar riesgos a las generaciones actuales o futuras.

Este Acuerdo resalta la necesidad de contar con el acceso a la justicia en asuntos ambientales por parte de los ciudadanos, de manera que el Estado permita y desarrolle, en su entramado jurídico, las debidas garantías constitucionales, para que puedan ejercerse sus derechos e intereses, tanto difusos como colectivos, cuando estos hayan sido vulnerados.  Por otra parte, incorpora estándares para la solución de conflictos socio-ambientales que ocasionen daños irreparables en comunidades locales o entornos naturales, para que se lleven a cabo de manera oportuna, eficaz e inmediata  a fin de evitarlos o remediarlos.

Destaca, de manera imperativa, la protección del defensor ambiental y el deber del Estado de brindar seguridad a quienes ejerzan esta actividad, para  actuar libres de amenazas.  Igualmente recalca la responsabilidad de las autoridades nacionales en la prevención, investigación y sanciones a los ataques en el desarrollo de las funciones propias de estos grupos de personas, resultando altamente innovador en materia de resguardo personal.

Su propósito fundamental es alcanzar el derecho a disfrutar de un ambiente sano en relación directa con los derechos humanos, propiciando espacios donde los bienes naturales así como el desarrollo económico cumplan con estándares de calidad ambiental, sin perjudicar los espacios naturales ni las comunidades locales.

La importancia del Acuerdo de Escazú radica, entonces, en que es un compendio pionero en materia de amparo ambiental de las necesidades y costumbres inveteradas, antiguas, que supone siempre un hábito arraigado de justicia e igualdad, cuando de derechos humanos se trata. Este Acuerdo responde a grandes peticiones y luchas en la defensa de los espacios ambientales y en la protección de la vida misma, que en esencia es un derecho impostergable.

Esperamos confiados que, en un futuro cercano, países como Venezuela, firmen y ratifiquen tan importante instrumento ambiental, y haciendo gala de un buen derecho y de la obligación que tiene como Estado de respetar los derechos humanos, atendiendo en el caso particular, a la protección ambiental.

Lee más sobre este tema en el artículo “¡Buenas noticias! Acuerdo de Escazú entrará pronto en vigor” escrito por el Presidente de Vitalis, Dr. Diego Díaz Martín.

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(*) Abogada especialista en Derecho Ambiental y Derechos Humanos. Colaboradora de Vitalis en temas de Derecho Ambiental @MaritzaDaSilva

La minería ilegal está afectando al Parque Nacional Canaima en Venezuela, la segunda área protegida más grande del país, un área de importancia internacional, declarada por la Unesco como Patrimonio Natural de la Humanidad en 1994.

El pasado mes de octubre, varios periodistas e investigadores venezolanos denunciaron un secreto a voces: En Canaima se estaba realizando minería ilegal. Tal denuncia incluyó al Ministro de Turismo del Gobierno del Presidente Maduro, pero tampoco logró la atención esperada por parte de las autoridades.

La minería comprende la extracción de minerales de la tierra. Muchos de ellos pueden tener gran valor económico, como el oro, cobre, aluminio, y hasta diamantes, topacios y rubíes.

La práctica de la minería en parques nacionales es ilegal en Venezuela, pues las leyes de este país y su constitución bolivariana la prohiben expresamente. La minería no solo destruye los suelos y contamina el agua, sino también amenaza la biodiversidad de esta área protegida de importancia internacional.

Las consecuencias negativas de la minería ilegal para el ambiente son cuantiosas. Entre ellas se encuentra la pérdida de ecosistemas y de hábitats de especies animales y de plantas, así como erosión de los suelos, contaminación de las aguas y deforestación. Asimismo, es importante destacar los efectos que para la salud de las poblaciones indígenas y los mineros ilegales, tiene el entrar en contacto con las sustancias usadas para la extracción de los minerales del suelo.

El Gobierno de Venezuela ha rechazado la práctica de la minería ilegal denominándola “monstruo de mil cabezas”, pero habitantes de la zona señalan que sus acciones para detener la minería son vagas o nulas, y la minería depredarora sigue proliferando según han denunciado diversas organizaciones.

Canaima alberga en su territorio al Salto Ángel, también conocido con el vocablo Pemón Kerepakupai Vená o Shurún Merú. El Salto Angel es la caída de agua más alta del mundo con 979 metros de altura.

Canaima también es tierra sagrada para comunidades indígenas originarias y protege a los tepuyes, monumentos naturales de importancia internacional, formados por las rocas más antiguas del planeta,  con una singular biodiversidad única en el mundo.

Es necesario que la atención internacional se centre en este tema, y presionen al Gobierno Venezolano a tomar medidas certeras para erradicar la minería ilegal de Canaima, que amenaza su supervivencia.

Fotos cortesía de: Valentina Quintero y Ministerio de Turismo de Venezuela

* Un Estudio de Impacto Ambiental y Socio Cultural es requerido previo a desarrollos de este tipo

* Parques Nacionales tienen rango de protección constitucional.

Especial VITALIS, 23/julio/2013. A propósito del anuncio realizado por algunas autoridades gubernamentales sobre la supuesta construcción de un hotel 5 estrellas en la isla Borracha del Parque Nacional Mochima, en pleno Mar Caribe y al noroeste de la ciudad de Puerto La Cruz, la organización no gubernamental venezolana VITALIS aclaró que previo a cualquier construcción de este tipo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 129, exige la elaboración de una Evaluación de Impacto Ambiental y Socio Cultural, además que hay que verificar que disposiciones específicas posee su Plan de Ordenación y Reglamento de Uso, según decreto Presencial No. 1030 de 1990.

Tal afirmación fue realizada por Diego Díaz Martín, Presidente de VITALIS y Jefe de Estudios Ambientales de la Universidad Metropolitana, quien recalcó que todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben estar previamente acompañadas de este estudio, orientado a predecir y evaluar los efectos que el desarrollo y funcionamiento de un proyecto de este tipo pueda tener sobre los componentes del ambiente natural y social.

El Líder de VITALIS y profesor de a UNIMET también aclara que sólo con esa evaluación, eminentemente técnica, “se pueden proponer las correspondientes medidas preventivas, mitigantes y correctivas, a los fines de verificar el cumplimiento de las disposiciones ambientales contenidas en la normativa legal venezolana vigente y determinar los parámetros que conforme a la misma deban establecerse para disminuir los impactos ambientales negativos”. Sin embargo precisó que un Hotel de tales características no tiene cabida en el Parque Nacional, pues el mismo Decreto 276 de 1989 los prohibe.

VITALIS ve con buenos ojos que se desarrolle la infraestructura hotelera y turística del país, 9no en el mundo en mayor diversidad de animales, plantas y ecosistemas. Sin embargo, destaca que existen muchos otros lugares con vocación para albergar este tipo de desarrollos,  en áreas menos sensibles desde el punto de vista ambiental, y fuera de un Régimen Administración Especial dedicadas a la protección absoluta de acuerdo con nuestra Ley y sus reglamentos. El técnico de VITALIS recuerda que los Parques Nacionales son áreas estrictas de protección, al más alto rango constitucional. 

De ser cierta la información que está circulando por internet, el hotel contaría con 150 habitaciones y 300 camas aproximadamente, una piscina para adultos y otra para niños, canchas de tenis, voleibol y baloncesto, áreas verdes, así como un campo de golf profesional y un gimnasio cubierto. Para Díaz Martín, lo importante es esperar por el pronunciamiento del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, pues cuesta creer que un desarrollo con tales características se esté planificando dentro de un Parque Nacional.

Los técnicos de VITALIS también resaltan la necesidad de desarrollar complejos recreativos y turísticos más accesibles a la ciudadanía, de 2 a 4 estrellas, a los fines que estas estructuras sean realmente accesibles al pueblo en el marco de la filosofía del ecosocialismo, y en las áreas con vocación técnica y jurídica para ello. Regiones como los Andes, los Llanos, las montañas costeras y la misma Orinoquia, fuera de las áreas protegidas, pudieran constituir una excelente herramienta para promover la ocupación positiva del tiempo libre y la contemplación de la naturaleza, perfilando el país dentro de las naciones con un potencial ecoturístico extraordinario.

Los Parques Nacionales son Areas Bajo Régimen de Administración Especial, creadas para proteger la biodiversidad, y sus procesos ecológicos esenciales y fenómenos evolutivos asociados.

Ver: Argumentos jurídicos que evidencian por qué no se puede construir el hotel propuesto en Mochima

Las altas temperaturas y los recientes incendios forestales en diversas partes del país, nos alertan a estar pendientes ante lo inminente de una temporada que pudiera ser más difícil, alerta la OGN conservacionista venezolana VITALIS.

De acuerdo con VITALIS, seis son los elementos claves a tomar en cuenta para atender esta problemática: 1) Prevención en las áreas con mayor riesgo, 2) detección y atención oportuna de los mismos, 3) efectiva coordinación entre los organismos encargados y los grupos de voluntarios, 4) apropiado equipamiento para el control, 5) manejo de las áreas a posteriori para promover su recuperación, 6) educación ambiental para disminuir la ocurrencia de estos fenómenos socio-naturales.

La situación se complica ante la acumulación de basura que incrementa los riesgos de incendios, tal y como puede observarse en las imágenes anexas, tomadas por VITALIS esta semana en la Cota Mil de Caracas, justo en la base del Parque Nacional Waraira Repano. De acuerdo con VITALIS, las autoridades nacionales, a través del Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre deben abocarse a esta problemática, con el apoyo de las Alcaldías de Libertador, Chacao y Sucre, y la Alcaldía Metropolitana, en coordinación con INPARQUES.

En opinión del Biólogo Diego Díaz Martín, Presidente de VITALIS y Jefe del Departamento de Estudios Ambientales de la Universidad Metropolitana , “la recuperación de un bosque silvestre puede tardar entre 10 y 70 años, dependiendo de su conformación físico-natural”, pues los incendios forestales arrastran consigo innumerables consecuencias como “la destrucción de la fauna y la flora y su hábitat natural, empobrecimiento y erosión de los suelos, interrupción de los ciclos del agua y del oxígeno, con la correspondiente pérdida de agua para el consumo humano, contaminación atmosférica producto de las fuertes emanaciones, destrucción de la belleza del paisaje y hasta el recalentamiento de la atmósfera por su contribución al efecto invernadero”.

Díaz Martín también alerta sobre las consecuencias económicas y sociales de los incendios forestales, entre las que destacan “la destrucción de cultivos agrícolas, viviendas, maquinarias, materia prima para la producción infraestructura y equipos, incluyendo el riesgo de muerte de seres humanos”.

En cuanto al origen de los incendios, VITALIS señala que es muy difícil, por no decir imposible, que los mismos se puedan producir espontáneamente. Por esta razón alertó a las autoridades a permanecer atentas sobre las causas que determinan su ocurrencia en Venezuela, en particular dentro de los Parques Nacionales, recordando que el marco jurídico vigente establece penas para aquellos que provoquen un incendio en selvas, bosques o cualquier área cubierta de vegetación natural”. Asimismo resaltó que “si a esto le sumamos que tales delitos se cometen dentro de Áreas Protegidas como el Parque Nacional Waraira Repano (El Avila), Henri Pittier o la Sierra de Perijá, la pena será aumentada y de acuerdo a la gravedad del daño, se podrá incrementar la sanción”.

VITALIS también resaltó la efectiva coordinación de los esfuerzos a nivel de la región capital entre las diversas autoridades competentes y los grupos de voluntarios, pese a los limitados recursos. “INPARQUES merece nuestro reconocimiento por todo el trabajo desplegado junto a las brigadas de rescate, bomberos metropolitanos, Guardia Nacional y Protección Civil”. Sin embargo, hacen falta más equipos y ciudadanos vinculados a estos esfuerzos, así como mayor inversión pública y privada en los programas de manejo de estas áreas, recordando el principio de gestión compartida de la defensa, conservación y mejoramiento del ambiente.

Asimismo, VITALIS destaca la importancia de la participación de las universidades y las ONG en la recuperación de las áreas degradadas, pues las casas de estudio pueden aportar el conocimiento y el talento para apoyar las gestiones de manejo, al igual que las organizaciones de la sociedad civil.

Finalmente VITALIS destaca el rol del ciudadano común en la labor conservacionista. Para ello nos recuerda:
1. Reporte un incendio en forma responsable. Antes de llamar a las autoridades, asegúrese de tener a mano la localización exacta, con referencia de poblados cercanos, y un número de teléfono donde las autoridades puedan ubicarle, en caso de necesitar de Ud. más información.
2. Nunca queme basura, en especial dentro de áreas naturales. Es preferible traerla de vuelta al lugar de origen, y por ninguna circunstancia dejarla abandonada.
3. Evite fumar en el interior de una sabana o bosque, y aconséjelo a quienes lo acompañan. Disfrute del aire puro.
4. Nunca lance colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en un área natural, o cuando vaya en su vehículo pasando cerca de una. Sin saberlo, podría estar ocasionando un fuego de grandes magnitudes.
5. No se arriesgue a combatir un incendio si no es especialista. Las autoridades sabes qué hacer y cómo, y cuentan con los mecanismos para activar los planes de contingencia.
6. Comunique a las autoridades los vertederos o puntos de vertidos ilegales de residuos y desechos que encuentre en terrenos forestales o próximos a ellos. Pueden ser una causa habitual de aparición de incendios forestales.
7. Si desea ayudar, no circule por las áreas afectadas o restringidas. Las unidades de combate de incendio deben tener acceso prioritario y fácil a las mismas.
8. Contacte a las autoridades y ofrézcales su apoyo. Es posible que se requiera agua, bebidas o barras energéticas, y hasta leche, entre otros, para combatir las reacciones de los funcionarios y voluntarios al humo de los incendios.
9. En aquellas áreas de acceso permitido, recuerde registrarse en el puesto de guardaparques o guardabosques, quien le orientará sobre las rutas permitidas y las medidas básicas de seguridad.
10. Apoye las labores de recuperación de las áreas degradadas, bien sea participando en las jornadas de reforestación, recolección de semillas o educación ambiental ciudadana.